El miedo a las consecuencias perversas del tardocapitalismo, la incertidumbre instalada en el corazón de cada uno de nosotros, tiene una cara visible: el inmigrante, aquél que perdió la batalla en su lugar de origen y debe buscarse la vida en otras comunidades políticas que necesariamente lo incluirán por su exclusión (extranjero, extra, extraño).Zygmunt Bauman dice en su libro Vidas desperdiciadas que “para quienes les odian y detractan, los inmigrantes encarnan –de manera visible, tangible, corporal– el inarticulado, aunque hiriente y doloroso presentimiento de su propia desechabilidad”y agrega, en tono provocativo, que “si no hubiera inmigrantes llamando a nuestras puertas, habría que inventarlos”.
Argentina no está al margen de la gran ola xenófoba que se expande y cobra fuerza a nivel mundial. Las declaraciones de Pichetto y sus ecos posteriores confirman la regla básica del tardocapitalismo en períodos de crisis: como no hay respuesta a los grandes males que nos aquejan y porque estamos muy lejos de poder siquiera imaginar modelos alternativos, las migraciones sirven para diferir los grandes debates y repartir culpas. Ahora bien, lo que posibilita esta operatoria sacrificial sobre los migrantes es la existencia de dos grandes umbrales de extranjería con los que cuentan los Estados para generar lógicas de extrañamiento en nuestro fragmentado sistema-mundo político. El primer umbral de extranjería se vincula con el carácter “expulsable” del migrante. La gran diferencia entre un nacional y un migrante es que el primero no puede ser expulsado y extrañado por su propio Estado (hasta los criminales son reclamados por sus Estados de origen), mientras que el segundo puede ser deportado y expulsado incluso (la mayoría de las veces) por razones de índole puramente administrativa. El segundo umbral de extranjería se basa en la no pertenencia a la comunidad política: los migrantes no tienen voz ni voto (ni hablar de derecho a ejercer cargos públicos) en la comunidad de acogida; son una importante minoría sistemáticamente silenciada para la cual no aplican las garantías del sistema democrático representativo (el voto como premio y castigo que necesariamente orienta las “estrategias políticas” de candidatos y funcionarios). Estos dos umbrales explican la instalación de la xenofobia en las democracias y deben pensarse de forma dinámica: en la medida en que los migrantes no tienen voz ni voto, los representantes y funcionarios no son regularmente responsables frente a ellos y esto favorece lógicas de extrañamiento basadas en la criminalización y la estigmatización.
Veamos cómo vienen funcionando en Argentina estos dos umbrales: el goteo xenófobo en los medios de comunicación viene preparando el terreno para el cambio de paradigma en la gestión pública de las migraciones. Detrás de Pichetto y sus acólitos hay decisiones políticas concretas que afectan la vida de casi 2 millones de ciudadanos extranjeros en nuestro país. Por nombrar sólo algunas de las más preocupantes:1) el cierre del programa de abordaje territorial, fundamental para la regularización de los migrantes; 2) la creación de un centro de detención para migrantes (por infracciones administrativas a la Ley de Migraciones); 3) la reorganización de la Dirección Nacional de Migraciones en base a las ideas de control y seguridad (donde la palabra “derechos” brilla por su ausencia), según trascendiera en el Boletín Oficial el pasado 3 de noviembre; 4) el proyecto de modificar el decreto reglamentario de la Ley 25.871 (cuando no la propia ley) para “facilitar” las expulsiones, etc. Todas estas medidas sólo pueden comprenderse en un contexto en el que los migrantes son definidos en el horizonte de la criminalidad. La decisión de crear un Centro de detención para migrantes en Argentina es, en este sentido, un buen ejemplo. La Dirección Nacional de Migraciones,en una zaga frenética de comunicados emparchados y modificados, expresó en su página web que el centro tiene como fin “combatir la irregularidad migratoria” y retener a los migrantes con pedido firme de expulsión por infracciones a la ley de migraciones. Muchos conciudadanos aplaudieron la medida: “por fin se castigará a esos extranjeros que abusan de nuestra hospitalidad y vienen a delinquir a nuestro país”.
Es preciso explicar aquí por qué la medida es discriminatoria y excesiva. En primer lugar,ningún migrante elige la irregularidad migratoria (imaginen por un momento conseguir un trabajo formal, firmar un contrato de alquiler o comprarse un celularsin un DNI). Es deber del Estado argentino habilitar canales simples y razonables para alcanzar la regularización documentaria y comprometerse en una política receptiva responsable. La irregularidad migratoria es una falta administrativa producto de una ineficaz política migratoria a la hora de otorgar un estatus jurídico a los extranjeros que ingresan al territorio (pero este gobierno cerró el Programa de abordaje territorial y suspendió los visados humanitarios).
El Estado produce la irregularidad y la sanciona, en primer lugar, con el peor de los castigos que existen en nuestro país (la privación de la libertad) y, en segundo lugar, con la expulsión. Para el sentido común que confunde migración y criminalidad (sentido común retrógrada, promovido y alimentado por los medios de comunicación y algunos funcionarios públicos) ¿qué mejor que poder disponer de un medio eficaz para detener y expulsar delincuentes?: el gran problema es que se confunde así al migrante en situación migratoria irregular, que en todo caso ha cometido una falta administrativa (equivalente a una multa por mal estacionamiento), con el delincuente que, ya sea nacional o extranjero, entra por la vía del derecho penal y le cabe la prisión (y, además, si es migrante, la expulsión, luego de haber cumplido su condena).
Más allá de las réplicas de los propios migrantes y de las organizaciones de la sociedad civil, cuando no de los consulados de algunos países vecinos, la realidad es que no tenemos canales políticos institucionalizados para enfrentar la xenofobia en Argentina: la exclusión sistemática de la comunidad política es funcional al ejercicio expulsivo y excepcional del Estado sobre los migrantes. Un umbral refuerza el otro.
Cuando vemos avanzar discursos y prácticas que señalan a una minoría (aproximadamente 1 de cada 20 habitantes de la Argentina es migrante) como la culpable de todos los problemas que nos preocupan y atañen, el único argumento democrático válido para zanjar la discusión es que, en nuestro país, las personas tienen derecho simplemente por ser personas. Quien discrimina y excluye arruina el principio básico de toda democracia: la igualdad (al menos formal) de todos y cualquiera.
Con motivo de los festejos por el Día del Migrante, el 4 de septiembre del corriente año, Marta Guerreño López, líder paraguaya cordobesa, pronunció estas palabras:
“Siempre me pregunto ¿por qué todos los derechos dependen del hecho de haber nacido en un lugar? ¡Si uno no decide donde nacer! Sí podemos decidir donde trabajar, donde aportar, donde ser parte. ¿Por qué nos ‘cobran’ algo que no depende de nuestra voluntad y elección? El lugar de nacimiento es el primer misterio del ser humano. No elegimos donde nacemos, entonces ¿por qué ser tan simplistas y señalar el suelo y la sangre como dadores de todos los derechos?
”Hoy, como Marta, quiero decir que no sé todas las respuestas a los problemas, pero sí sé que el hecho de haber nacido en otro lugar no debería quitar derechos propios del que habita y vive en un determinado lugar del mundo, sea el que fuera. Que los adoptados también somos parte del país y que no tenemos por qué cargar con todos los fantasmas y los miedos de los anfitriones. Ser inmigrante implica sólo haber nacido en otro espacio geográfico, esto no nos convierte en delincuentes, tratantes, narcotraficantes o terroristas. Hoy, como una ciudadana que nació lejos, pido a todos diálogo, respeto, concertación y más diálogo.”
* Investigadora del CONICET y del Instituto de Investigaciones Gino Germani
