Mientras crecen los índices de pobreza, indigencia e inflación de los alimentos, el sector cooperativista, de pequeños y medianos productores, organizaciones campesinas e indígenas ven como las pocas herramientas de apoyo del Estado son destruidas.
“Existe un enorme estado de preocupación sobre las medidas que está tomando el gobierno, las cuales confluyen hacia un enorme proceso de concentración económica y de pérdida de derechos. Estamos viendo un desguace muy grave del Estado”, denuncia Ricardo García de la Federación Cooperativas Federadas (FECOFE).
Golpe a golpe
El decreto de necesidad y urgencia 70, que aún espera ser revisado en la Cámara de Diputados, derogó leyes fundamentales para los productores de alimentos, como la de Tierras Rurales, Manejo del Fuego, Alquileres, Abastecimiento, Góndolas o el Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Luego de una agónica deriva, el gobierno también pretende liquidar el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), además de la dirección de Mercados de Cercanía y otras áreas claves para su desarrollo.
La última noticia fue el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni acerca del cierre de cooperativas creadas a partir del 2019. Esta medida impacta sobre 4.355 unidades productivas y empresas autogestionadas y retira la autorización a 11.853 empresas cooperativas. El cooperativismo es un sector fundamental en nuestro país: aporta el 15 por ciento del PBI y genera 400 mil puestos laborales.
Algo similar sucede con el cierre del Inafci. “Además de dejar miles de familias en la calle, hay cientos de miles de familias que habitan ese campo profundo, que son productores campesinos, en un modelo de diversidad, agroecología y soberanía alimentaria, dentro de un horizonte de humanidad”, explica Pablo Toranzo, referente del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) y funcionario del Inafci.
“Desde diciembre los precios de los insumos se han disparado, por la devaluación y la especulación de las tres o cuatros empresas que manejan estos precios. Las familias no pueden comprar semillas ni un rollo de nylon para los invernaderos. Hay problemas climáticos y no hay posibilidad de reinvertir. Muchas familias se tienen que retirar del campo o quedan endeudadas. Eso se nota en la disparada de los precios en las verdulerías e impacta en toda la sociedad”, cuenta Josefina Galán de la Unión de Trabajadoras de la Tierra (UTT).
Mal para muchos
Los pequeños y medianos productores son los responsables de entre el 60 y el 80 por ciento de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos. Diferentes índices muestran que las estrategias de comercialización de la Mesa Agroalimentaria Argentina(MAA), el gremio del “campo que alimenta”, algo así como el lado B de la Mesa de Enlace, exhiben mucho menor inflación que los supermercados.
Sin embargo la tarea es titánica frente a un mercado concentrado y desigual y sin apoyo del Estado. Un Estado que sigue subsidiando a las grandes empresas y haciendo la vista gorda frente a muchas irregularidades, que van desde la evasión fiscal o la fuga de capitales a la apropiación ilegal de tierras, quemas provocadas o contratación de ejércitos paramilitares para desalojos.
“Hay una falta de lectura de la dirigencia política acerca de la necesidad de un modelo agrario distinto, de que el campo no es uno solo y no es solamente la función de la producción agraria la exportación y el ingreso de divisas. Hay una función primaria que es la producción de alimentos para su posible acceso”, explica Nahuel Levaggi de la UTT. “Es un sector que por sus características no va a ser nunca agroexportador, pero es el que va generar comida, territorialidad, arraigo y calidad de vida. Ahora están dando de baja cooperativas. Es coherente con una estrategia de eliminar la autonomía de estos sectores”, denuncia Toranzo.
* Licenciado en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y master en Periodismo de la Universidad del País Vasco.
