La Cámara de Casación confirmó las penas para los principales investigadores del atentado contra la AMIA -el juez y los fiscales- ratificando que la pesquisa argentina del ataque fue bochornosa, llena de trampas y pistas falsas. En el corazón de lo sucedido estuvo el pago ilegal de 400 mil dólares al por entonces principal acusado, Carlos Telleldín, con dinero de la SIDE y con la supervisión de las autoridades judiciales. El juez Juan José Galeano fue condenado a cuatro años de prisión, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia a dos años en suspenso, el extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy a cuatro años y medio; el ex número 2 de inteligencia Juan Carlos Anchezar a tres años de prisión; así como tres años y medio a Telleldín y dos años a su esposa. Todos los funcionarios fueron la primera línea de la investigación del atentado y fueron denunciados por la organización de familiares y amigos de las víctimas, Memoria Activa-Apemia-18-J, por haber sembrado la causa de pistas falsas y detenciones extorsivas. 

Sin embargo, en otro fallo, dos de los tres magistrados de Casación volvieron a decir -esencialmente en base a informes de inteligencia- que Irán ordenó los ataques a la AMIA y a la Embajada de Israel (ver aparte). Los jueces de la mayoría pasaron por encima de la absoluta falta de evidencias, incluyendo que nunca se averiguó de dónde salieron los explosivos, quién compró las camionetas usadas como coches-bomba; quiénes fueron los cómplices, cómo entraron a la Argentina y cómo se fueron tras los ataques. En sintonía con el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel, redactaron un fallo que, indefectiblemente, será aprovechado para la ofensiva norteamericana e israelí contra (el retrógrado) régimen de Teherán. Diferenciándose totalmente de sus colegas, la jueza Angela Ledesma rechazó efectuar ninguna consideración sobre la responsabilidad de Hezbollah o Irán, “teniendo en cuenta que ese tópico no constituye parte del objeto de los recursos presentados”. Ledesma, además, fue la única que condenó al juez, los fiscales y demás funcionarios por encubrir la llamada "pista siria" del atentado.

El escándalo de la causa

Las maniobras relacionadas con la causa AMIA continuaron este jueves, hasta en el fallo mismo emitido por Casación. Los jueces Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña emitieron un comunicado anteponiendo la condena a Irán. La magistrada Ledesma tuvo que difundir un comunicado desmintiendo que ella hubiera firmado esa parte del fallo.

Es que Casación debía expedirse en dos causas judiciales:

* La denuncia de los familiares, Memoria Activa, representada internacionalmente por el CELS y en la causa argentina por Rodrigo Borda, Apemia, por Laura Alche y 18-J por Sergio Burstein, sobre el encubrimiento, las pistas falsas y los 400 mil dólares que se le pagaron a Telleldín. En el encubrimiento también la negativa a investigar la pista siria, no sólo la iraní.

* La absolución de Telleldín, que fue el último tenedor de la camioneta Trafic que estalló en la AMIA. El Tribunal Oral lo liberó de culpa y cargo considerando que no había ninguna prueba de vinculación con los terroristas. Casación debía confirmar o revocar ese fallo.

Como se ve, en ninguno de esos expedientes se planteaba el interrogante sobre la autoría de Irán, de Siria o de alguna organización terrorista en el atentado. La maniobra consistió en sacar de la galera la cuestión de Irán y la culpabilidad basada en informes de inteligencia, no en pruebas judiciales. Lo mismo que hizo Galeano en 1994, pero 30 años después. Lo que parece claro es que los atentados fueron obra de algún grupo terrorista de fundamentalistas islámicos, pero como no se sabe nada ni de los explosivos ni de los que actuaron en el ataque, resulta difícil atribuir responsabilidades.

Las pistas falsas

La causa "Encubrimiento" -ese es el nombre- siempre tuvo como centro las pistas falsas que se sembraron en la investigación. El nudo principal fue el pago de 400 mil dólares al último tenedor de la camioneta que siete días después estalló en la AMIA. El objetivo fue involucrar a un grupo de policías bonaerenses, vinculados a distintos delitos, pero no al terrorismo. En la causa "Encubrimiento" se incluyeron videos de una negociación de Galeano con Telleldín por dinero y mostrándole a quién debía marcar en una serie de fotos de policías bonaerenses, endilgándoles haberse llevado la Trafic. La movida no se hizo como parte de una recompensa, sino de forma clandestina. El escenario era la guerra abierta entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde, donde el primero quería derivar parte de la responsabilidad a los policías del bonaerense. De otro lado, siempre se sospechó que el atentado estaba relacionado con las promesas que Menem hizo a mandatarios del mundo islámico en materia de asistencia nuclear y tecnología del misil Cóndor.

Los jueces de Casación cambiaron la calificación. Consideraron que no cabían las condenas por encubrir, sino por graves irregularidades. El comunicado dice, literalmente, que se sustrajeron fondos reservados de la SIDE y se le entregaron a Telleldín “para que prestara una nueva declaración de los hechos, previamente consensuada con el entonces juez de la causa (Galeano)”.

Respecto del magistrado, el fallo señala que “se le dictó condena a cuatro años de prisión por el dictado de resoluciones que contenían hechos y pruebas falsas y que conllevaron a la detención ilegítima" de los ex policías. “A los fiscales Mullen y Barbaccia se los condenó a dos años de prisión en suspenso como partícipes secundarios de las privaciones ilegítimas de la libertad de aquellos policías”.

La pista siria

En la causa "Encubrimiento" hubo una segunda vertiente, denunciada en su momento por el fiscal Alberto Nisman. En el expediente AMIA aparecieron serias sospechas sobre un ciudadano de origen sirio-libanés, Alberto Kanoore Edul, que registraba una llamada con Telleldín una semana antes del atentado. Kanoore nunca pudo explicar bien aquella comunicación. Y al mismo tiempo ocurrió que un contenedor, que fue puesto frente a la AMIA minutos antes de la explosión, fue llevado allí por un camión que pasó antes por un predio propiedad de Kanoore.

El juez Galeano ordenó el allanamiento de Kanoore, pero el procedimiento –llevado adelante por el fallecido comisario Jorge Palacios- se demoró 8 horas y, supuestamente, se frenó por una gestión del padre de Kanoore, amigo de los Menem. Alberto padre estuvo en la Casa Rosada y el allanamiento se terminó haciendo de manera light, cuando ya todos sabían que se iba a hacer. La pista fue abandonada. La base era que Menem le había prometido la tecnología del misil Cóndor al presidente de Siria e incumplió esa promesa. Los jueces absolvieron a Galeano, los fiscales y demás funcionarios porque sostuvieron que no podían saber de la relación Menem-Kanoore, el trasfondo de que se frustrara el allanamiento.

Tal vez lo más curioso de la resolución de Casación es el título que le pusieron al comunicado anunciando el fallo: “Justicia y Verdad para el caso AMIA”. El fallo reconoce todo lo contrario: que hubo manipulación, maniobras, nada relacionado con justicia. Por supuesto que la primera responsabilidad era del gobierno de Menem, las fuerzas de seguridad e inteligencia. Pero las condenas certifican que el juez, los fiscales y el aparato judicial, siempre respaldados por los dirigentes de la comunidad judía del momento, tuvieron un papel escandaloso. Los familiares de las víctimas, todas las organizaciones, sin apoyo alguno, contra viento y marea, fueron los que dieron la batalla contra la telaraña que se tejió.