“Todo lo que implique hermandad, el Gobierno nacional lo quiere destruir.” Con esta definición, Gildo Onorato cuestiona a la administración de Javier Milei y legitima la decisión de Axel Kicillof de crear el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo. En diálogo con Buenos Aires/12, el presidente del organismo explica que los objetivos apuntarán a la capacitación de cooperativistas, alivianar la burocracia para tener sus papeles al día y fortalecer la fiscalización sobre el funcionamiento de este tipo de asociaciones.

Según los registros del Instituto, en la provincia de Buenos Aires hay más de 5 mil cooperativas que aglutinan más de 200 mil trabajadores. A nivel nacional, este segmento de la economía, asegura Onorato, produce entre el 12 y el 15 por ciento del Producto Bruto Interno del país. De ese total, alrededor del 50 por ciento se asienta en la provincia, que define como dueña de un “alto perfil productivo”.

Esta característica hizo que la decisión del gobernador sea constituir un organismo autárquico pero dentro de la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación que comanda Augusto Costa. Con un fuerte perfil agropecuario y de prestación de servicios en el interior, pero con más presencia de la línea manufacturera en el conurbano, Onorato afirma que la distribución de las cooperativas está equilibrada en ambas realidades geográficas de la provincia.

Ante la reciente decisión del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) de dar de baja a miles de cooperativas creadas entre 2020 y 2022 y revisar aquellas que fueron constituidas en 2023, Onorato le baja el tono al anuncio y subraya que “es una decisión que forma parte de las resoluciones administrativas que le compete al directorio del INAES y que siempre sucede”.

—¿Entonces cómo tomó el anuncio de Sandra Pettovello?

—Es una decisión administrativa que siempre se hace, no es extraordinario. Lo que pasa es que hay una espectacularización para poner en el rincón de los acusados a cientos de miles de experiencias que funcionan. Estamos recién en abril y es lógico que haya demoras en algunas presentaciones porque hay que interactuar con contadores y lleva tiempo. De ahí a ir con una acción penal me parece que no corresponde porque es una forma ilegal de proceder.

—¿Por qué no es una decisión extraordinaria?

—Porque el INAES funciona con un directorio donde hay representantes del movimiento de cooperativas, de mutuales y también del Estado. No se tomó una decisión discrecional. Nosotros respetamos las resoluciones del INAES, son lógicas y permiten mejorar las experiencias. Pero repito, actuar con el Código Penal no corresponde. Pasa que es el modelo del Gobierno nacional y nosotros creemos en otra cosa.

—¿En qué?

—Creemos en acompañar a las cooperativas y que así puedan poner sus papeles al día. En ese sentido, estamos hablando con todas las cooperativas de la provincia de Buenos Aires para adecuarse al INAES.

—¿Esa será una de los principales objetivos del Instituto?

—Nuestro objetivo es potenciar el tejido productivo de la provincia y, en ese camino, fomentar que las cooperativas se inserten en el rubro PyME evitando todo tipo de fraude laboral. Vamos a trabajar en capacitaciones, desarrollar circuitos de comercialización, que las cooperativas tengan acceso a los servicios para producir y acompañarlas en mejorar la administración institucional. Más que un control de policía, buscaremos acercar herramientas para su funcionamiento. No se trata de perseguir y estigmatiza, si no de facilitar procesos institucionales para que haya un funcionamiento pleno de las capacidades productivas de las cooperativas.

—¿Qué acciones se planean al corto plazo?

—Hay mucho, teniendo en cuenta que, a su vez, el Instituto es una creación reciente y hay que ir poniéndolo en marcha. Pero en estamos trabajando en que se vote una prórroga de la emergencia para las empresas recuperar no sean desalojadas. En la provincia hay 182 y varias son perseguidas por sus antiguos dueños. También estamos llevando adelante un proceso para facilitar los trámites a partir de la modernización digital para la normalización administrativa de las cooperativas. Y algo que es muy importante para nosotros es fomentar circuitos de comercialización, por eso buscaremos que se repliquen experiencias como las de la Municipalidad de Azul que se declaró municipio cooperativo.

—¿Qué significa ser un municipio cooperativo?

—Es una medida que permite darle prioridad de compra a las cooperativas por parte del Estado. Esto es muy importante en los pueblos rurales porque todas están viviendo una situación muy crítica a raíz del modelo económico de Javier Milei. Ahí hay que, a su vez, fortalecer la mirada federal porque en el plano agropecuario estamos hermanados con Córdoba, La Pampa y Santa Fe, por lo que hay que potenciar esos tejidos productivos. Hay que entender que, por ejemplo, en 2022, en su asamblea general, la Organización Internacional del Trabajo propone el cooperativismo como salida laboral a la pandemia y que hoy se lo niega.

—¿Existen lo que el Gobierno nacional llama "cooperativas truchas"?

—Lo que hay son sectores del empresariado que cometen fraudes laborales, donde una cooperativa de repente tiene un patrón. Nosotros estaremos fiscalizando para que esto no sucede. Para eso vamos a estar elaborando un código de transparencia de cooperativas para que ninguno se haga el vivo en estos aspectos. Y así ir detectando irregularidades, como las hay en todos lados. Pero vuelvo a lo mismo, no cómo policía. Nuestra prioridad es, por ejemplo, generarles a las cooperativas los vínculos con organismo como ARBA para que tengan las exenciones correspondientes y así capitalizarse y volver a invertir en la producción. Es rol productivo es el que nos encomendaron Kicillof y Costa.

—¿Por qué crees que desde la Nación insisten con la intención de instalar que las cooperativas son para “hacer caja”?

—Porque es un gobierno que todo lo que implique solidaridad, todo lo que implique hermandad, lo intenta destruir haciendo eje en un individualismo ultramontano para romper los tejidos de nuestra historia. Quieren romper nuestra identidad. Una cooperativa es la asociación de personas que se unen voluntariamente. Puede haber errores, pero todos tienen en claro que es una empresa con enorme grado democrático donde sus propias partes la fiscalizan y todos los miembros distribuyen las ganancias entre sí.

—Otra de las cosas que se suelen intalar es la existencia de una especie de rivalidad con el empleo sindicalizado. ¿Existe tal cosa?

—No. Pero porque el asociativismo es una manera de organizar el trabajo de forma solidaria que convive con otros modelos de organización en la sociedad como las PyMEs o las empresas. Hay segmentos que no son alcanzados por otras experiencias de organización del trabajo que no sea el cooperativismo. Hablamos de una organización entre pares valiéndonos de la idea de que el mercado no resuelve todo. El cooperativismo existe antes, durante y después de que el Estado lo asuma como parte de su entramado productivo. Es un modelo alternativo al capitalismo libertario que deja un tendal de heridos en el circuito productivo.

—¿Cómo fueron los últimos contactos con las cooperativas de la provincia?

—Estamos recogiendo de los sectores mucha preocupación por la continuidad productiva de las provincias. Por el aumento en los costos de los insumos y del acceso a los servicios, se incrementa la necesidad de que el Estado este acompañando. Hoy se sienten acompañados para resolver sus problemas, dando continuidad a muchos programas de la provincia que funcionan, como Cooperativas en Marcha. Queremos que el movimiento de cooperativas este en el centro de las decisiones de nuestro instituto. Queremos que comercialicen y que también exporten, porque tenemos sólo una docena que exportan.

—¿Tiene un trabajo mancomunado con el Ministerio de Desarrollo Agrario por el cooperativismo agropecuario?

—Por supuesto. Estamos construyendo una agenda con ellos y queremos sumarnos a su trabajo que lo han hecho muy bien. En mayo estaremos convocando al concejo asesor del instituto con distintas federaciones que componen el cooperativismo provincial y así desarrollar una agenda común. No nos creemos dueños de la verdad, sino que hay que continuar con lo que se hace desde siempre y ponernos a disposición.

—¿Hubo contactos con las cooperativas eléctricas del interior de la provincia?

—Sí. Es una etapa que hay que tener mucha presencia para sostener el carácter productivo de la provincia. Más allá de que las cooperativas eléctricas tienen una vida por fuera del instituto, en esta etapa están siendo intimadas por CAMMESA por deudas, entonces nos acercamos para acompañarlas en este momento junto al área de energía porque es un servicio fundamental.