Las Organizaciones Laicistas Argentinas (OLA) y la RED de Abuso Eclesiásticos promueven un proyecto de ley para terminar con seis decretos leyes de la dictadura que obligan al Estado a pagarles sueldos y jubilaciones a los sacerdotes de la Iglesia Católica. Para esto mantienen reuniones con diferentes autoridades y legisladores de las diferentes provincias del país con el objetivo de generar adhesiones. El lunes lo hicieron con Catamarca.

Durante el encuentro, que se concretó a través de una plataforma virtual, autoridades de las diferentes Organizaciones, representantes de la Red de Abusos Eclesiásticos de Catamarca y la diputada catamarqueña, Adriana Díaz, se expusieron los objetivos de proyecto de Ley que pretenden ingresar este año al Congreso de la Nación. Las iniciativas que se pretenden derogar son: la Ley 21.950 que establece que obispos y arzobispos reciban por mes el 80% del sueldo de un juez nacional de primera instancia.

La segunda iniciativa que se pretende voltear, es la ley 22.162 que les da a curas de parroquias de frontera o “zona desfavorable” un sueldo “equivalente al de la categoría 16 de la administración pública nacional” y la cuarta, la 22.430, que les otorga una jubilación mínima a curas mayores de 65 años que hayan ejercido al menos cinco años en el país.

Según el decreto-ley 22.552, también firmado durante la dictadura, “los vicarios capitulares o administradores apostólicos que cubren vacantes en arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías y exarcados” cobran también como los obispos. Mientras que a través del decreto-ley 22.950, se le otorgó un salario a cada seminarista católico “equivalente al sueldo de la categoría 10 de la administración pública nacional”.

Durante la reunión, los presentes, mencionaron que cada uno de estos beneficios dados, fueron adquiridos por la Iglesia Católica “cada vez que los Estados dictatoriales necesitaban algún aval. Así como ahora avalan los abusos sexuales, antes encubrían las torturas”, dijeron.

“No hay manera de que seamos libres si no somos una sociedad laica. Acá no hay rechazo a las personas creyentes, nosotros pedimos la igualdad del artículo 16 de la Constitución”, explicaron.

Actualmente se estima que reciben el beneficio económico por parte del Estado Argentino 153 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1.100 seminaristas, por un total de 202.072.246 pesos estipulados en el Presupuesto 2023.

“Sabemos que ese no es el gran financiamiento de la Iglesia, sino los impuestos que no se le cobran, los terrenos que se le ceden y los subsidios a colegios religiosos”.

Catamarca

Según establecieron, en Catamarca, la provincia con más casos de sacerdotes denunciados por abusos sexuales a las infancias y que ahora suma a dos catequistas, se pudo hacer un importante trabajo territorial.

“Notamos que hay cierto resquebrajamiento de la feligresía que tiene temor y se comunica con la Red. Luego de los juicios a curas que se realizaron las personas empiezan a darnos información de otros que no fueron denunciados aún. Las personas se comunican de manera anónima y tienen miedo de compartir, pero nos advierten que debemos incorporar a más en la lista”, dijeron.

Al respecto la diputada Díaz, conocida por su posición a favor de los principios del laicismo y de los derechos humanos en general, contó cómo fue atacada desde el sector católico, incluso desde los púlpitos de las Iglesias en las misas, por presentar proyectos a favor de la educación laica o defender la Educación Sexual Integral. También por evaluar el proyecto de ley de educación privada en donde entran los colegios confesionales, que en la provincia son subsidiados en un 100 por ciento.

Vicepresidenta

Atentos a que el sábado, la vicepresidenta de la nación Victoria Villarruel visitó Catamarca para la solemne bajada de la Virgen del Valle, acto que se realizó a sólo dos días de que el sacerdote Renato Rasgido fuera condenado por la justicia catamarqueña a 15 años de prisión por varios hechos abusos sexual contra un adolescente, desde las organizaciones repudiaron esta visita.

“Es una afrenta para las víctimas que la vicepresidenta, tras la condena se haya respaldado políticamente al poder eclesiástico. La visita fue más que inoportuna. Es una afrenta que haya estado con quien encubre a todos los sacerdotes denunciados y ejerce el disciplinamiento para el miedo, como lo es el obispo Luis Urbanc. Ellos son los que persuaden a las víctimas a que guarden silencio”, explicaron

“Les hace mal a los sobrevivientes ver una procesión en donde altos mandatarios políticos se mezclan con el religioso. No es saludable para la vida democrática”, concluyeron.