El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cancelará la deuda estudiantil de unas 277.000 personas, que suma casi 7.400 millones de dólares, según anunció este viernes el secretario de Educación, Miguel Cardona.

"Mientras que ya gente con una abrumadora carga de deuda por el préstamo estudiantil que compita con las necesidades básicas, como la comida y el cuidado de la salud, seguiremos buscando, incansablemente, un alivio para millones de personas", afirmó Cardona en un comunicado.

El presidente de Estaods Unidos, Joe Biden, celebró la decisión de su gobierno. “Desde el primer día de mi gobierno, prometí luchar para garantizar que la educación superior sea un boleto hacia la clase media, no una barrera a las oportunidades", afirmó en un comunicado. “Nunca dejaré de trabajar para cancelar la deuda estudiantil, no importa cuantas veces funcionarios electos republicanos traten de frenarnos”.

Cuando faltan 207 días para la elección presidencial en la que Biden busca un segundo mandato, la Casa Blanca inició hoy el envío de correos electrónicos informando a los prestatarios que sus deudas han sido condonadas.

Freno en la Justicia


En junio de 2023, en una decisión apoyada por los seis magistrados conservadores, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el gobierno de Biden había excedido sus atribuciones con un plan para la cancelación de unos 400.000 millones de dólares en deuda estudiantil.

Ese plan hubiese beneficiado a más de 43 millones de personas, según los cálculos del gobierno. Desde entonces Biden ha aprobado medidas que han ido cancelando o reduciendo las deudas de diferentes segmentos de la población endeudada.

Desde entonces y mediante ajustes en los programas de alivio de deuda el Departamento de Educación ha eliminado las deudas por un total de 153.000 millones de dólares incurridas en la educación universitaria de 4,3 millones de personas.

En la ronda de cancelaciones anunciada este viernes más de 206.800 prestatarios tendrán su deuda cancelada por un monto de 3.600 millones de dólares bajo una norma que permite esa cancelación después de períodos más breves que otros planes vinculados al ingreso.

Beneficios

Más de 65.700 prestatarios se beneficiarán con la cancelación de la deuda como resultado de otros ajustes hechos en los planes de pago vinculados al ingreso, lo cual representa 3.500 millones de dólares en deuda cancelada.

El Departamento de Educación explicó que otros 4.600 prestatarios recibirán un alivio colectivo de 300 millones de dólares debido a las mejoras que el gobierno ha hecho en su programa de cancelación de deudas para empleados públicos.

El Plan SAVE es una versión actualizada del plan federal de amortización disponible desde hace décadas, pero con condiciones más generosas.

En la década de 1990, el Congreso creó el primer plan de reembolso en función de los ingresos para quienes tenían dificultades para cumplir con los pagos de los planes convencionales. Limitaba las aportaciones mensuales a un porcentaje de los ingresos y cancelaba cualquier deuda impagada después de 25 años. Más tarde se añadieron planes similares, que ofrecían la cancelación tras 20 años.

Sin embargo, dos nuevas demandas que cuestionan la legalidad del plan empañan las cancelaciones. Dos grupos de estados controlados por el Partido Republicano, encabezados por Kansas y Missouri, presentaron recientemente demandas federales alegando que el gobierno se extralimitó en su autoridad al crear la opción de reembolso.

Por otra parte el Gobierno de Biden anunció este viernes fondos por un total de 640 millones de dólares en programas para organizaciones comunitarias que proveen alojamiento y otros servicios a los migrantes recién llegados en todo el país.

Una primera partida de 275 millones de dólares para el programa de Alojamiento y Servicios por Asignaciones (SSP-A, en inglés) se distribuirá de inmediato, según detalló un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Otros 25 millones de dólares se asignarán antes del término del período fiscal 2024 el 30 de septiembre y estarán destinados a acomodar los requisitos de operaciones a medida que evolucionan, señaló el comunicado.

Esta financiación inicial estará disponible para 55 organizaciones y destinadas al alojamiento temporal y otros costos relacionados con los solicitantes de asilo recién llegados mientras estos esperan el resultado de sus trámites ante las autoridades de inmigración.

Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional entregará otros 340,9 millones de dólares para el Programa Competitivo de Alojamiento y Servicios (SSP-C, en inglés), que se asignarán antes de que termine el período fiscal el 30 de septiembre.

Según el DHS, en el período fiscal 2023 se donaron más de 780 millones de dólares a organizaciones y ciudades en todo el país para mejorar el acceso de los extranjeros a permisos de trabajo y la ayuda temporal mientras gestionan su situación migratoria.

Las asignaciones de fondos, autorizadas por el Congreso, se canalizarán por medio de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés), y la Administración de Gestión de Emergencias (FEMA, en inglés), que dependen del DHS.

El comunicado añadió que entre el 12 de mayo de 2023 y el 3 de abril de 2024, el DHS había deportado o devuelto a sus países a más de 660.000 personas que, en su mayoría, habían cruzado la frontera suroeste de Estados Unidos.