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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mantiene una política de ajuste contra los comedores populares, a la que se le agregó represión a la protesta esta semana. Pero también parece tener una política de ajuste para la ruralidad, donde familias campesinas, organizaciones sociales y escuelas desarrollan huertas comunitarias y granjas a través del programa ProHuerta. El programa, que se desarrolla desde hace 34 años, con la entrega de semillas, aves de corral, financiamiento para el acceso al agua y asistencia técnica del INTA se encuentra paralizado.
"Estamos en estado de alerta ante la falta de voluntad de diálogo por parte del Ministerio de Capital Humano para dar continuidad al programa", denunció en un comunicado la Coordinación Nacional de ATE-INTA. En marzo, incluso antes de la ola de despidos de inicios de abril, se cortaron los contratos de 43 técnicos que desarrollaban el programa en todo el país. Los despedidos trabajaban dentro del INTA, que aporta otros cientos de técnicos para el programa, pero contratados de forma irregular, facturándole a la Fundación ArgenInta.
El programa fue creado durante el gobierno de Carlos Menem, al que el presidente Javier Milei considera "el mejor de la historia", con el objetivo básico de dar acceso al alimento, a través de la autoproducción agroecológica de verduras, frutas y animales de granja a familias y organizaciones en situación de vulnerabilidad. Desde entonces, la propuesta se extendió por todo el país, fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El modelo fue exportado a Haití, para combatir el hambre; país que nunca se recuperó de la pérdida de soberanía alimentaria por la apertura de importaciones --la reciente solución de Milei para el precio de los alimentos-- de arroz desde Estados Unidos, que arrasó con sus productores y el alimento base del país.
El ProHuerta, desde la década del noventa, se mantuvo financiado por el extinto Ministerio de Desarrollo Social y desde que Pettovello tomó las riendas del Ministerio de Capital Humano no asignó a ningún funcionario para sostener el convenio establecido entre su cartera y el INTA para continuar su desarrollo. "Estuvieron todo marzo sin dar respuesta, ya estamos en abril. El INTA hizo la gestión, pero no hay un interlocutor del otro lado", denuncia la delegada e integrante de la coordinación nacional de ATE-INTA, Julieta Boedo.
En el nuevo organigrama de Capital Humano, el ProHuerta está asignado a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), pero desde ese organismo tampoco ofrecen respuestas sobre el futuro de programa. Ante las consultas de este diario, desde Capital Humano tampoco hubo respuestas sobre las denuncias planteadas por los trabajadores. La resolución para levantar el convenio está firmada por el presidente del INTA, Juan Cruz Molina Hafford, pero no hay nadie asignado para firmar en el edificio ubicado sobre 9 de Julio.
"Ya estamos en abril y no aparecen las respuesta, parece una estrategia planificada en el Estado", señala Boedo sobre una práctica recurrente del gobierno liberal libertario. El esañamiento con el sector de la agricultura familia se demostró también que el anuncio de cierre y despido de 900 trabajados del Instituto Nacional de la Agricultura Famliar, Campesina e Indígena, sin mediar diálogo previo. Esos despidos, que dependen del Ministerio de Economía, aún no se efectivizaron, pero el personal sigue sin cobrar sus sueldos y recién la semana pasada se designó como interventora a la negacionista militante del PRO Inés Liendo.
"No vamos a dejar partir al ProHuerta porque es dejar de morir a las familias que dependen del programa para producir sus alimentos, alimentos sanos, agroecológicos. Las consecuencias de esta decisión del gobierno son peligrosas para la comunidad y para los trabajadores. Es una política de hambre planificada", denuncia la delegada de ATE-INTA.
El kit de semillas para la producción en las huertas en las temporadas de otoño-invierno y primavera-verano es uno de los símbolos del ProHuerta. Este año el lanzamiento de la campaña se vio demorado por la inacción de Pettovello, pero los técnicos comenzaron a repartirlas en territorio, ya que estaban compradas desde la gestión anterior. La incógnita es si habrá semillas para la próxima temporada. "Ante la brutal caída del ingreso o la falta de él, ProHuerta es indispensable en la lucha contra el hambre y la malnutrición", resaltaron de la coordinación nacional de ATE-INTA y pusieron en cifras los alcances del programa:
- Más de 600 mil huertas familiares y escolares
- Más de 1 millón de kits de semillas entregadas
- 15 mil granjas agroecológicas
- Más de 200 mil aves entregadas
- 170 mil personas capacitadas
ProHuerta, un programa con territorio
A un mes del despido de los 43 técnicos dependientes del Ministerio de Capital Humano, los rumores sobre el cierre comenzaron a crecer entre los trabajadores del INTA, las familias, escuelas y organizaciones sociales que son parte de la red del ProHuerta, como así también los 9000 promotores formados a lo largo de las décadas.
El ingeniero forestal e investigador del INTA Sebastián Bonnin difundió a través de sus redes el mensaje que habín recibido algunos técnicos: "El logo del PROHUERTA no se continuará usando ya que no existe el programa, desde abril se discontinúa el uso". Con ese mensaje como disparador, el investigador describió algunas de las últimas acciones que el programa llevó a cada rincón del país desde la instalación de 7 plantas potabilizadoras de uso comunitario para familias isleñas en Campana, Buenos Aires; al respaldo de otros productores para el acceso a mercados agroecológicos de comercialización directa.
También sumó ejemplos desarrollados durante la gestión de Mauricio Macri, que tampoco se había animado a cerrar el programa e incluso incremento su presupuesto. También la producción de alimentos no tradicionales como hongos o huertas urbanas o instalaciones con energía renovable. "No estamos discutiendo cómo se hace esto o cómo se lleva adelante lo otro, estamos ante el desgüace del Estado en sus mejores versiones", sostuvo Bonnin.
Sebastián Fajardo es técnico y delegado de ATE-INTA, trabaja en el programa ProHuerta desde hace 18 años en el cordón hortícola de La Plata, el más grande, desde donde se abastece de hortalizas y frutas las mesas de la zona más poblada del país. Señala que ante la desidia el Ministerio de Capital Humano se están viendo de forma "espontánea" y "solidaria" las redes construidas con las organizaciones y familias de cada territorio para "defender la política pública".
"Desfinanciar las políticas vinculadas a los sectores populares y, por otro, lado darle facilidades al modeo del agronegocio y de productos de síntesis químicas, que benefician al campo más concentrado y a las empresas de agroquímicos, define la mirada del gobierno", indica Fajardo poniendo de relieve la denuncia de los trabajadores del ProHuerta y los anuncios hechos esta semana por el ministro Caputo de quita de aranceles para la importación de glifosato y fertilizantes químicos.
