En la etapa final del juicio oral y público que en el Tribunal Oral y Criminal Federal de N° 2 de Salta se lleva a cabo contra jefes de la Gendarmería Nacional acusados por "estrago culposo con resultado de muerte" por el siniestro vial del 14 de diciembre de 2015 en el que perdieron la vida 43 gendarmes, las defensas pidieron la absolución de los comandantes Juan Carlos Bordón, que era jefe de Personal del Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero; Elio Rafael Méndez, jefe de Destacamento, y Ramón Antonio Maidana, segundo en el mando.

Los abogados Hugo Zapana y Federico Tilli alegaron en primer lugar en representación del comandante principal Bordón y pidieron su absolución y, de forma subsidiaria, en caso de que se lo condene, solicitaron que la determinación de pena se haga teniendo en cuenta el artículo 41 del Código Penal y no sea la misma que para los "otros responsables".

"(Bordón) fue testigo de lo que sucedió pero no fue responsable de las tareas de los demás", dijo Zapana. Consideró que los 5 años que requirió el fiscal para su defendido es un "exceso de punición". El abogado destacó "la escasa participación que se le atribuye a Bordón" en los hechos y que la acusación fiscal casi ni lo menciona. "No debía cumplir con la tarea del mecánico, ni con las tareas del conductor, ni con las del encargado de motorizada, ni con las del área de logística ni con las tareas del segundo jefe de la unidad ni con las del jefe de la unidad, ni con las tareas del jefe de la agrupación que en el manual de automotores se consagra la responsabilidad de este sujeto", sostuvo. "Tampoco debe responder por las violaciones al deber de cuidado de sus superiores encargados de velar por el mantenimiento de los móviles de seguridad", manifestó.

Los defensores aseguraron que Bordón no tenía conocimiento del mal estado del neumático delantero derecho del colectivo que reventó y provocó el siniestro vial. Negaron que el oficial estuviera a cargo del operativo aquel día y recalcaron que el jefe del Destacamento Móvil 5 era Elio Rafael Méndez, quien "no había delegado el mando en Bordón". Zapana dijjo que su defendido "bien podría haber sido uno de los 43 fallecidos".

"Bordón recibió un llamado de Méndez para que alistara a 150 gendarmes un día domingo del mes de diciembre a las 18, por lo cual inició el plan de llamada", sostuvo Zapana respecto lo ocurrido el 13 de diciembre de 2015.  Planteó que Bordón desconocía que hubo un chofer que se negó a conducir el colectivo siniestrado. Asimismo, "desconocía que por consejo del fabricante Pirelli, los neumáticos debían cambiarse a los cuatro años de uso" aseguró antes de recordar que el neumático que reventó hacía 8 años que estaba colocado.

"La burocracia mata" 

Por otro lado, Zapana adhirió al pedido del fiscal Carlos Amad para que el director de la Gendarmería, Gerardo Otero, sea investigado por su responsabilidad en el siniestro. El defensor también señaló la responsabilidad de "toda la cúpula que tenía el control de los fondos y la logística" del Destacamento Móvil 5.

También coincidió con el fiscal en que "la burocracia mata" y recalcó que Méndez ordenó aquel día contratar un colectivo a una empresa civil, "ante la necesidad de urgencia", mientras qie se impuso "un procedimiento burocrático" para comprar la cubierta que requería el bus que se siniestró. "Coincidimos con el fiscal, Gendarmería Nacional tenía un procedimiento atroz para cambiar las cubiertas", sostuvo Zapana.

A su turno, Tilli afirmó que Bordón estaba imposibilitado de prever el resultado, que le habían asignado un rol "excepcional y extraordinario", dadi que era jefe de Personal, e insistió con que "carecía de conocimientos especiales de logística" y del parque motorizado. "Ha sido asignado a realizar una tarea impropia de sus conocimientos horas antes", sostuvo.

Tilli también apuntó a otros posibles responsables del siniestro vial. Dijo que existió una "improbable" "supuesta cadena de puesta en conocimiento" sobre el estado del neumático derecho del colectivo. El defensor apuntoó a los principales testigos del juicio, los choferes "Cenic, De Oliveira, Vera y Ruiz". Señaló los tres dijeron haber puesto en conocimiento al suboficial Ricardo Villasanti (fallecido) del mal estado del ómnibus, rememoró que en este debate dijeron que estas novedades podían ser dadas de forma verbal o escrita y en este caso no habían asentado los pedidos de cambio de cubierta por escrito. "Esta novedad jamás ha llegado a conocimiento del señor Bordón (...) No surge de ningún testimonio que alguien le haya avisado al señor Bordón", aseguró Tilli.

En ese sentido, el abogado reprochó que se hiciera "extensiva la responsabilidad penal por sólo estar en el momento del hecho". Consideró que Bordón no podía evitar lo sucedido y recordó que "el propio Villasanti ha permitido que su hijo viajara y que ha sido uno de los fallecidos", por lo que consideró que no había previsibilidad "del resultado".

El defensor también mencionó que se responsabiliza a su defendido de no haber realizado controles previos de aceite, neumáticos y luces. "La cubierta ya venía con una cantidad de kilómetros excesiva, fabricación de hace muchos años (...) el resultado iba a suceder igual", argumentó. Sobre el control debe ser realizado por "los choferes", que tienen el conocimiento técnico.

"No existe nexo causal"

También los abogados Rodolfo Prémoli y Chuma, defensores del comandante mayor Méndez y del comandante principal Ramón Maidana, pidieron la absolución lisa y llana. "En virtud de no existir un nexo causal, del real, verdadero funcionamiento del Estado, de las reales circunstancias en que ocurrieron los hechos", dijo Prémoli.

Además, Prémoli solicitó que se tenga por indemnizadas a las familias de las víctimas por los montos que se les ha pagado "a través de la ART y de la compañía de seguros contratada por Gendarmería Nacional".

Chuma, que alegó en la defensa civil, sostuvo que en el siniestro confluyeron una serie de causas: "falta de anoticiamiento, mal estado de la ruta, escaso contralor por parte del personal idóneo para realizar esa tarea, responsabilidad por parte de vialidad nacional (por la falta de continuidad del guardarrail de la ruta 34 que hubiera podido contener al vehículo y devolverlo a la calzada), la velocidad con la que circulaba el vehículo, son circunstancias que deben ser valoradas y consideradas por este tribunal".

Esta defensa también coincidió en responsabilizar a los choferes Cenic y De Oliveira, porque tenían conocimiento del mal estado del neumático. 

Asimismo, al igual que los otros defensores y también el fiscal Amad, Prémoli mencionó la discontinuidad del guardarrail de la ruta 34, que de haber estado bien hecho podría haber evitado que el colectivo volcara y cayera al lecho seco del arroyo Balboa. En este sentido, todos consideraron que debería investigarse la responsabilidad de Vialidad Nacional, también lo pidió el fiscal cuando alegó.

"El lugar es el peor de todo el recorrido de la ruta 34. Si el mismo accidente hubiera ocurrido en cualquier otra recta, otro lugar, tengo la certeza de que el resultado no iba a ser de características catastróficas", sostuvo Prémoli.

"No hubo una investigación en cuanto a la responsabilidad política", añadió Prémoli y apuntó contra los 12 años de gobierno kirchnerista, disculpando a la gestión macrista que recién había asumido y que ordenó la movilización urgente de los gendarmes. 

Argumentó que hay una "naturalización" en el Estado para "hacer mal las cosas", y en base a esas malas prácticas planteó que la sentencia "tiene que estar ligada a la realidad de lo que se vive en este país y lo que se vivió en ese momento".