Cuatro fugas en dos semanas. Protestas por las condiciones de hacinamiento. Dos mil presos en lugares con capacidad para menos de mil y donde los reclusos no deberían pasar más que un período transitorio. Una ciudad sin servicio penitenciario propio. La situación de las comisarías y alcaidías porteñas se sigue caldeando y este fin de semana no fue la excepción: dos nuevos presos se fugaron de una comisaría de Villa Urquiza, mientras que en Lugano tuvieron que contener una protesta de reclusos que terminó con cinco personas heridas. Un escenario que, según advierten especialistas a este diario, "va a agravarse" si continúan las políticas de endurecimiento de penas con el sistema actual "saturado". 

Los efectivos de la Comisaría Vecinal 12C de Juramento al 4367, barrio de Villa Urquiza, se encontraron este lunes por la mañana con dos presos menos. Al realizar el conteo matutino, informaron a Página 12 fuentes policiales, vieron que faltaban dos reclusos y que los barrotes de una celda habían sido limados. Aseguran que terminaron de escaparse por una ventana. Los prófugos fueron identificados como Héctor Montoro, de 37 años y detenido por robo, y Javier García, de 35 años y recluido por portación de arma de fuego. Hasta el momento la Policía porteña no logró dar con ninguno de los dos. 

El hecho se suma a las otras tres fugas que se produjeron en la ciudad en los últimos quince días: una en el barrio de San Telmo, otra en Balvanera y la siguiente en Caballito. Entre ellas lograron escaparse quince presos, a los que ahora se suman los nuevos dos prófugos, de los que la policía logró encontrar a seis. A eso hay que sumarle lo ocurrido este sábado en la Comisaría Vecinal 8A de Leguizamón al 4300, barrio de Villa Lugano. Allí se organizó una protesta por las condiciones del lugar, que incluyó un principio de incendio en uno de los calabozos. El fuego fue contenido y no hubo prófugos, pero cinco personas resultaron heridas: tres presos con lesiones en las piernas y dos policías que inhalaron humo y sufrieron quemaduras leves.

Los hechos configuran una situación preocupante dentro de las comisarías y alcaidías, lugares inicialmente preparados sólo como recintos transitorios para presos sin resolución de su situación procesal. Para la exministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, hay dos ejes sustanciales y conexos detrás de este escenario: la falta de personal especializado para realizar labores penitenciarias y la insuficiencia de los lugares que operan como centros de detención. 

"El problema no resuelto de la Ciudad es que no tiene su propio servicio penitenciario ni personal específico para esa tarea", advierte la exministra en este sentido, y agrega que, por ese motivo, "la Policía porteña está afectando un numero significativo de su personal para el cuidado de detenidos y detenidas". "Ese personal no sólo no está capacitado porque su entrenamiento es para tareas policiales, investigativas o preventivas, no penitenciarias, sino que sus condiciones de trabajo son bastante precarias y sin rotación", agrega. 

A este combo se le suma el crecimiento exponencial del número de presos en la ciudad. Según el último informe del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos del Poder Judicial porteño, al primero de abril de este año había 1980 detenido en comisarías y alcaidías, casi el doble que un año atrás y también el doble de las plazas "ideales" de esos lugares. El informe indica que el 95,2 por ciento de esos presos corresponden a procesos llevados adelante por los fueros federales y nacionales. El dato le sirve a la administración porteña para seguir sosteniendo su pedido a Nación para que se lleve a los detenidos al Servicio Penitenciario Federal (SPF), reclamo que incluso suscitó cruces públicos entre el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y la ministra nacional, Patricia Bullrich.

"El SPF se llenó, está a tope, por eso Nación argumenta que no tiene más lugar. Sin embargo, cada vez tenemos más presos", sostiene en diálogo con Página 12 Macarena Fernandez Hofmann, coordinadora del equipo de política criminal y violencia en el encierro del CELS. "El porcentaje de crecimiento en los últimos tres meses, desde el 15 de enero de este año, es del 58 por ciento", apunta y agrega que "en los últimos diez años se ve un crecimiento de toda la población carcelaria, pero sobre todo en el AMBA, porque la Ciudad cada vez genera más privados de la libertad de la Justicia nacional que van al SPF. Sin cupos ahí, los detenidos van a las comisarías que están llenas de gente". 

Esa "saturación", asegura Fernandez Hofmann, no es azarosa sino que responde al proceso de modificación y endurecimiento de leyes y penas que aumentaron de un modo u otro la población carcelaria. La especialista menciona, por ejemplo, la modificación de la ley de flagrancia, mientras que Frederic subraya en el mismo sentido la desfederalización de la ley de drogas, concretada en 2019. "Eso incrementó muchísimo la tasa de población carcelaria y no estamos hablando de un delito federal sino ordinario, por lo que en ese caso no habría por qué pedir plazas a Nación", subraya la exministra, presidenta del Instituto En Foco de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias.

La ecuación parece simple. Si las comisarias están saturadas, la Ciudad no tiene un servicio penitenciario propio y la población carcelaria sigue creciendo, las situaciones vividas estas semanas van a seguir ocurriendo. Las dos especialistas utilizan la misma expresión sobre lo que puede pasar de acá en más: "Va a agravarse", sostienen. Se apoyan sobre todo en el incremento de los discursos y la actuación punitiva que el Gobierno porteño viene mostrando en los últimos meses. "Veo un recrudecimiento del instrumento policíaco punitivo ante la falta de políticas sociales", apunta Frederic en este sentido. 

El propio Wolff se jactó en declaraciones públicas, luego de la primera fuga, de tener un "14 por ciento más de detenidos en los tres meses que llevamos de gestión", mientras que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, ya envió a la Legislatura su proyecto de "ley de reiterancia". El proyecto prevé que si una persona es detenida teniendo ya una causa judicial abierta, esperará presa el proceso. Mientras tanto, ante las sucesivas fugas, el Ministerio anunció este fin de semana que ocho comisarios, 37 subcomisarios y cinco inspectores fueron reasignados a distintas alcaidías para intentar contener la situación. 

También en la Legislatura, desde la oposición ya presentaron diversos proyectos sobre la situación en comisarías y alcaidías. El diputado de Unión por la Patria (UxP) Matías Barroetaveña ingresó un pedido de informes para, entre otros puntos, conocer "si existe algún tipo de control interno y externo acerca de las condiciones de alojamiento", cuál es el presupuesto destinado a la creación de comisarías y alcaidías, y la cantidad de personal policial afectado a la custodia de esos lugares. Por su parte, la diputada Claudia Neira, también de UxP, pidió a Wolff y Diego Kravetz, jefe de la Policía porteña, que convoquen al Consejo de Seguridad y Prevención del Delito de la Ciudad "para discutir el tema institucionalmente y trabajar en soluciones".