El tercer tramo del juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio Puente 12 se convirtió en histórico: por primera vez en el proceso de juzgamiento a genocidas, un abogado hijo de represores participó de los alegatos querellantes en un debate oral y público por crímenes de lesa humanidad. Pablo Verna, hijo de un excapitán del Ejército encargado de anestesiar a las víctimas de los vuelos de la muerte que desaparecieron gente desde Campo de Mayo durante la última dictadura, expuso parte de la conclusión a la que, tras un año de cansino debate, llegó la querella encabezada por Pablo Llonto y el Centro de Estudios Legales y Sociales, en representación de la Comisión Vesubio y Puente 12, familiares de detenides desaparecidos, H.I.J.O.S. Jujuy y la Facultad de Filosofía y Letras.

Verna está trabajando en el equipo de Llonto desde mediados del año pasado. El tercer tramo de Puente 12, que lleva el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires, es el primer juicio de lesa humanidad en el que participa y la del viernes pasado fue su primera intervención. “Soy abogado y soy hijo de un genocida” que “ha podido aproximarse a tomar conciencia del horror del exterminio llevado a cabo por estos criminales de lesa humanidad”, se presentó.

Luego, apuntó que su colaboración en la querella que representa a la Comisión Vesubio y Puente 12 es “para que las verdades que surgen evidentes de las pruebas producidas en este juicio sean aún más evidentes”.

El abogado se sumó al colectivo Historias Desobedientes en 2017, meses después de que ese grupo de hijes de represores que repudian el accionar de sus padres durante la última dictadura diera su primer paso en público. Hoy integra uno de los colectivos en los que se bifurcó esa militancia. Sobre eso también versó su breve introducción en el marco del alegato querellante, el primero del juicio que le siguió al de la Fiscalía: “Hoy, que se pretende negar y a la vez justificar e incluso reivindicar el genocidio desde el Poder Ejecutivo, tenemos que insistir en explicar que ni desde el Estado ni desde ningún ámbito se puede avalar, ni siquiera con el silencio, un exterminio”, postuló.

En diálogo con este diario, Verna dijo que la jornada le resultó “impactante y emocionante” y que consideró el alegato como un “homenaje a la Comisión Vesubio y Puente 12, a su trabajo, su trayectoria y su trascendencia, un grupo que comenzó a trabajar durante la dictadura” para recoger pruebas y testimonios que permitieran reconstruir los crímenes en el centro clandestino que el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército administró entre 1974 y 1977 en el predio donde funcionaron la División Cuatrerismo y la Brigada Güemes de la Policía bonaerense, en La Matanza.

Reconocimiento

Sobre la base del reconocimiento a sobrevivientes y familiares de víctimas que fundaron la Comisión Vesubio y Puente 12, inauguró el alegato querellante el abogado Pablo LLonto. “No queremos que se pase por alto el enorme trabajo de quienes han sido durante décadas las cuatro mujeres fundamentales en el aporte de testimonios que han logrado buscando testigos y documentos, aportando sus propios testimonios”, remarcó el abogado en relación a la sobreviviente Cristina Comandé, a Syra Villalain de Franconetti, mamá de víctimas de la última dictadura, y a Alicia Le Fur y Diana Cruces, hermanas de detenidos desaparecidos que pasaron por Puente 12 y que fallecieron antes o durante el debate.

Llonto también destacó el trabajo de Alejandra Cravello, en la búsqueda y el aporte de prueba documental “que permitió acreditar los crímenes que sucedieron en el campo de concentración durante 1975 y la infiltración del Batallón 601 del Ejército en el PRT”. Ricardo Cravello, el papá de Alejandra, es una de las víctimas del lugar antes del golpe. “Este juicio vino a alumbrar mucho más de lo que ya sabíamos sobre Puente 12, un lugar que evidencia una matriz de criminalidad que comenzó en 1974 y duró hasta 1983”, indicó el abogado. El lugar, al que también se conoció como “Cuatrerismo”, “Brigada Güemes” y “Omega”, fue “el primer centro clandestino de la historia reciente”, aseguró Llonto.

Pedidos de condenas

El alegato continuará dentro de dos semanas, aunque la querella adelantó que solicitará condena para los cinco acusados, los militares retirados del Batallón de Inteligencia 601 Enrique Del Pino y Walter Minod; los policías bonaerenses retirados Carlos Tarantino, Ángel Salerno y Néstor Ciaramella, por considerarlos autores de más de 180 casos de secuestros y tormentos, homicidios y delitos sexuales. El oficial principal Enrique Gauna falleció durante el juicio, aunque el abogado adelantó que se sumará al pedido de la Fiscalía sobre el derecho a la verdad de las víctimas. En la voz de Esteban Bendersky, la Fiscalía solicitó penas de prisión perpetua para los tres policías, en tanto que para los militares Del Pino y Minod solicitó penas de 25 y 15 años de cárcel para cada uno.