Luego de desregular y quitar todo tipo de control habilitando a que las empresas de medicina prepaga pongan sus servicios al precio que les plazca --entre diciembre y abril, aumentaron cerca de 200 por ciento--, el Gobierno dice haberse dado cuenta de que se trata de un sector "cartelizado" y adelanta que en las próximas horas denunciará a las empresas del sector ante Defensa de la Competencia por los aumentos excesivos. Aún así hasta ahora no hizo nada concreto para resolver la situación. Por su parte, las empresas expresan que "todavía no hay ninguna comunicación oficial" y que están esperando porque el Gobierno asegura que hará la presentación en las próximas horas. Además de la denuncia ante Defensa de la Competencia, el Ejecutivo también podría avanzar en la presentación de una medida cautelar ante la Justicia para que se retrotraigan los aumentos de febrero y marzo. 

Los aumentos en realidad no llegaron solos. En diciembre el Gobierno publicó el Decreto 70/2023 --aún vigente-- a través del cual permitió el aumento desmedido y sin control de las cuotas de las prepagas y en enero publicó una resolución --la 51/2024--, por la cual la Secretaría de Comercio derogó otra resolución --54/2000--, que exigía un informe periódico a las empresas de medicina privada sobre el valor de las cuotas. En ese momento, dijeron que lo hacían porque resultaba necesaria "la profundización de la libertad de mercados, impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda como modo de ordenamiento y reactivación de la economía".

Luego de hacer todo eso, y cuando el aumento de las cuotas destroza el poder adquisitivo de familias en todo el país, la semana pasada el Gobierno instruyó a la Superintendencia de Seguros de Salud para que intime a las empresas del sector a que presenten los planes de cobertura ofrecidos a sus beneficiarios y los valores de las cuotas actualizados. Las empresas enviaron los informes entre jueves y viernes, pero el Gobierno no puede hacer nada con la información porque perdió todo tipo de capacidad para autorizar o no autorizar los aumentos.

"Vamos a hacer una denuncia en Defensa de la Competencia. Nosotros presentaremos las pruebas y la Justicia tendrá que definir", expresan en Balcarce 50 sobre el tema, sin especificar cuándo harán la presentación judicial. 

La semana pasada desde el oficialismo aseguraban que, después de los excesivos aumentos de las últimas semanas --y tras el Tweet del ministro de Economía Luis "Toto" Caputo en el que se quejó por los precios elevados--, durante los próximos dos meses no iba a haber aumentos en las cuotas de las prepagas. 

Este lunes, sin embargo, esa versión cambió. El vocero presidencial Manuel Adorni dijo en conferencia de prensa que "no hubo pedido de congelar tarifas o las cuotas por dos meses", y, en cuanto la judicialización del tema, explicó: "Ante episodios de cartelización es una posibilidad y probablemente en estos días tengan novedades de las medias que se terminen tomando. Es un tema con muchas aristas y complejo y, sobre todo, muy difícil para la gente".

En Balcarce 50 aseguran que el ministro de Economía no se reunió ni se va a reunir con los empresarios dueños de las prepagas y que la discusión seguirá en el Poder Judicial. "El precio lo ponen ellos porque así lo permite el DNU, pero el tema es que no haya cartelización o monopolio", dicen. Se quejan además porque los aumentos en las cuotas de los usuarios no significaron, sin embargo, un aumento en los sueldos de los médicos ni tampoco mejoras en las prestaciones. 

Si bien el diálogo está cortado, los empresarios de esa área le habrían dicho al Gobierno que, en caso de congelar los precios, eso recién podría ocurrir "en junio o julio". Las facturas de mayo seguirán con aumentos. Lo que, tarde, analizan en el Gobierno es que con los aumentos desmedidos las prepagas intentaron dejar de prestar servicio a los mayores de 60 años, que son clientes cautivos del sector porque no tienen la posibilidad de cambiarse fácilmente a otra empresa, y apuntar a quedarse con los usuarios menores de 45 años que es más rentable porque, en general, tienen menos problemas de salud. 

Además, observaron que los aumentos de las prepagas vienen siendo "casi idénticos" en todas las regiones del país. Y que eso, dicen "es muy raro porque no ocurre en ningún otro rubro". "La paridad que hay en el apartado prepago podría ser un indicio de cartelización. Vienen aumentando casi por igual y es claro que el nivel de prestaciones de la medicina prepaga no tiene el mismo peso en el interior vs CABA o GBA", subrayan.

Más allá de lo que haga el Gobierno, ya hay una denuncia en el Poder Judicial que realizaron los diputados de la Coalición Cívica, Hernán Reyes y Juan Manuel López contra las empresas del sector que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), a cargo de Claudio Belocopitt, por una supuesta "cartelización para fijar los aumentos de precios de manera coordinada". 

El diputado Reyes publicó en sus redes: "Desde CC-ARI denunciamos en enero a las prepagas por constituir un cartel y abusar de esa posición. Tarde, el Gobierno está tomando nota de lo que le pasa a la sociedad. Las prepagas se aprovecharon y aumentaron coordinadamente sus precios muy por encima de la inflación". En esa línea, agregó "tenemos la oportunidad histórica de redimir a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y dar un mensaje claro a todo el corporativismo argentino: no hay lugar para los abusos y los carteles".

Belocopitt es uno de los empresarios también señalados por la Casa Rosada como "responsable" de los aumentos desmedidos, que ellos mismos permitieron. Cerca del Presidente subrayan que por más que los dueños de las prepagas pidan reuniones "no los va a recibir nadie porque tienen que hacer su parte". Creen que, con Belocopitt a la cabeza, las prepagas se habrían puesto de acuerdo para subir de manera coordinada las cuotas y que los usuarios no tengan opción de cambio. "Tal vez confiamos mucho en la buena fe", dicen y explican que, para ellos las empresas "ya recuperaron lo que habían perdido".