F. es una joven madre de 26 años de edad, está detenida desde el 24 de marzo acusada por el homicidio de su pareja, un hombre de 29 años. La mujer aseguró que le asestó una puñalada cuando él la estaba ahorcando. La defensa esgrimió legítima defensa en contexto de violencia de género y pidió que la liberen.
La abogada Sandra Bonari, exjueza de la Corte de Justicia de Salta, entonces también responsable de la Oficina de la Mujer y supervisora de las OVFG, ahora preside la fundación Cielos Libres, y ejerce la defensa de F. junto al abogado Esteban Nieva Haro.
F. es oriunda de Urundel, localidad del departamento Orán, en el norte de la provincia de Salta, mientras que su pareja, Álvaro Cáceres, era de El Talar, del departamento Santa Bárbara, en Jujuy. La pareja convivió un tiempo en el pueblo jujeño. Se conocieron hace alrededor de un año. En el último mes estaban residiendo en un inquilinato de Finca Verbena, en la zona oeste de la ciudad de Salta, a donde él se mudó en búsqueda de oportunidades de trabajo.
En la madrugada del 24 de marzo último, Cáceres regresó al lugar de residencia "después de haber estado tomando todo el día, le pide (a F.) que le sirva la comida. Estaban en la mesa sentados. Él le hace una escena de celos, empieza a agredirla, le pega una trompada en la cabeza y la comienza a ahorcar. Ella agarra el cuchillo, estaban comiendo, y sin mirar porque le estaba faltando la respiración, es zurda, hace un movimiento con tan mala o buena suerte que justo le da en el corazón y él se muere de una sola puñalada", detalló Bonari en diálogo con Salta/12.
La joven está detenida desde aquella fecha en la Alcaidía de Mujeres. El fiscal Gabriel González le imputó el delito de homicidio agravado por el vínculo de pareja.
Bonari resaltó que a F. la revisó un médico esa misma noche. "Además de tener todas las marcas en el cuello del ahorcamiento, recientes, tiene cerca de 15 lesiones en los brazos, piernas, torso, espalda, moretones, que cuando ella declara da cuenta de que son modiscones que él le daba y relata otras situaciones de violencia".
F. venía siendo violentada por su pareja pero nunca lo había denunciado. Basándose en el relato de la joven, Bonari dijo que F. estaba inmersa en el círculo de la violencia de género y bajo un extremo control de su pareja. "Ella perdió un embarazo producto de las violencias que sufría. Hay constancias en el Hospital de El Talar", sostuvo la abogada.
Niña madre
En la historia biográfica de F., Bonari también advirtió otras violencias. Fue una niña madre que dio a luz a su primera hija cuando apenas tenía 14 años de edad, situación por la que dejó la escuela. Después tuvo a su segundo hijo. La nena y el nene son producto de un vínculo con otro hombre que hoy reside en otra provincia y ahora están bajo cuidado de la abuela paterna. El tercer hijo de F. es un niño de 5 años de edad, fruto de otra relación de pareja, y ante la detención de su mamá está bajo resguardo de una tía materna.
Mientras F. convivió con Cáceres en El Talar, éste también habría violentado a la hija de ella de 9 años de edad. "Ella contó que la nena sufrió violencias de parte de él (Cáceres), que la golpeaba, llegó con moretones a la escuela. A ella la llamó la maestra y él no la dejaba salir", dijo Bonari. En esa ocasión la niña le habría manifestado a una docente que el padrastro la golpeaba y también a una asistente social del hospital local. Bonari mencionó que este hombre no le permitió a F. poder contar lo que había pasado a las maestras, ya que permaneció todo el tiempo al lado de ella y la obligó a decir que la nena se había caído.
Bonari dijo que luego de escuchar el relato de F. el fiscal González decidió enviar una comisión de investigadores a El Talar "para corroborar el contexto de violencia que ella vivía". El miércoles está prevista otra audiencia, la fiscalía pidió la prisión preventiva mientras que la defensa solicitó la libertad o el arresto domiciliario. La jueza de Garantías que deberá decidir sobre la situación de la mujer es Claudia Puertas.
"Queremos que recupere su libertad ahora. No que esté esperando. También por la situación económica. No tiene con qué mantener a los chicos", dijo Bonari. Consideró que en este contexto un arresto domiciliario que le impida a F. salir a trabajar sería perjudicial y aún más que continúe en la Alcaidía.
"Estamos citando acá la recomendación N°1 de MESECVI, del Comité de Expertas del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém Do Pará, que habla precisamente de la legítima defensa de las supuestas victimarias que en realidad son víctimas de violencia y la necesidad de la perspectiva de género", explicó Bonari.
La exjueza de la Corte dijo que exigirá el cumplimiento de la perspectiva de género en este caso y advirtió los retrocesos que ya se están viendo en el contexto político actual del país. "Hoy tienen que cumplir con las leyes y Argentina tiene el deber de diligencia reforzada establecido, habiendo suscripto al convenio Belém Do Pará, así que van a tener que cumplir", sostuvo.
"No podemos incurrir en violencias institucionales contra una persona que, está probado por las testimoniales que ya se tomaron, por la evidencia física de su propia persona, el certificado médico da cuenta de todo esto, actuó en legítima defensa. Cuando una persona víctima de violencia actúa en ese sentido lo que está haciendo es restablecer el orden jurídico porque el victimario es el otro", afirmó Bonari.
