La jubilación mínima a fines del año que viene se ubicaría en 8100 pesos si se actualiza por inflación, 700 pesos por debajo del haber que resultaría de la fórmula de movilidad que rige desde 2009, según calculó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en un informe al que accedió este diario. Las erogaciones del Estado nacional en concepto de jubilaciones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares para 2018 alcanzarían el billón 520 mil millones de pesos bajo el actual esquema de movilidad en función del avance de la recaudación y la evolución de los salarios. Si se aplican los cambios que quiere el Gobierno y esas partidas se actualizan por inflación, la erogación sería de un billón 408 mil millones de pesos. Es decir que el ajuste total sería de 112 mil millones de pesos que dejarían de percibir jubilados y titulares de las asignaciones, evaluó el CEPA. Junto a la reducción de subsidios desde comienzo del año pasado, es el centro de la estrategia de ajuste fiscal.
El CEPA analizó la evolución de los recursos tributarios, de salarios según la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) e Indec y mantuvo estable la cantidad de beneficiarios del SIPA y concluyó que el índice de movilidad estaría en el 13,5 por ciento en marzo de 2018 según la fórmula vigente. Además, proyectó para septiembre del año que viene un avance del 8 por ciento. “En el caso de la jubilación mínima, la misma sería de aproximadamente 8884 pesos considerando la movilidad jubilatoria y de 8100 pesos con IPC, lo que implica una reducción de casi 900 pesos. La jubilación promedio con uno y otro mecanismo de cálculo alcanzaría los 1481 pesos, casi un 9 por ciento”, indica el informe.
El índice de movilidad también rige la evolución de la AUH, por lo cual un cambio a favor de la indexación por inflación también tendría efectos en los titulares de ese derecho. “La reforma ajusta la AUH en algo más de 5,5 mil millones de pesos, ya que hacia fines de 2018 la diferencia de la AUH con uno y otro mecanismo de cálculo alcanzaría los 153 pesos, un 9 por ciento menos”, resalta el CEPA. Estimó en 3,5 mil millones de pesos el “ahorro fiscal” por el cambio de fórmula para las Asignaciones Familiares.
El Gobierno apunta a la Seguridad Social en su carrera por reducir el déficit fiscal porque representa la mitad del Presupuesto 2018. “El gasto proyectado a 2018 asciende a 2783 billones de pesos, siendo 1433 billones correspondientes a la Seguridad Social”, indica el CEPA. “Allí están las razones más claras de la modificación de la Ley de Movilidad: sin tocar la recaudación, no hay forma de reducir el déficit (significativamente) si no es a través de la reducción del gasto en Seguridad Social”, concluye el trabajo, en relación al programa del Gobierno de baja de impuestos y obsesión por la eliminación del déficit fiscal en un contexto de mínimo crecimiento económico.