Milagro Sala finalmente fue trasladada de la cárcel del Alto Comedero a la Clínica Los Lapachos para ser sometida distintos chequeos. Sala había pedido el traslado a mediados de octubre en medio de una grave crisis de angustia cuando aún permanecía en prisión domiciliaria en la casa del Dique La Ciénaga. Hasta ahora nadie sabe cuánto tiempo estará en el lugar, pero todo parece que será muy breve. Pese al pedido de defensores y declaraciones hasta de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el juez Pablo Pullen Llermanos dijo que volverá al Alto Comedero. En tanto, el gobierno de Gerardo Morales se prepara para desarmar el dispositivo de seguridad que montaron en la casa de La Ciénaga. Su ministro de Seguridad, Ekel Meyer, anunció que retirarán “los elementos” porque “ahora nos informaron que no va a volver allá”. Pullen Llermanos, en tanto, sancionó a dos abogados del equipo de defensa por hacer su trabajo y recusarlo. En sus palabras se trata de una medida “ejemplificadora” por “injuriar a la altísima magistratura”.

“Por ahora le dieron la internación”, explica a este diario Paula Álvarez Carreras, del equipo de defensa. “A nosotros no nos llegó ninguna notificación sobre el traslado pero nos enteramos por su esposo. Pareciera que ordenaron la internación solo por el día, a esta hora ya empezó a hacerse los estudios, y ahora estamos esperando saber si se queda en el lugar. Milagro tiene que hacerse un chequeo general y otros estudios específicos por su problema de colón, porque estaba mal antes del traslado. Ella lo había solicitado. El diagnóstico sobre su crisis fue confirmado por médicos del Poder Judicial que la vieron luego de su reingreso a la cárcel, y hay un informe que nosotros presentamos ante el juez para sostener el pedido, pero que recién ahora parece haber escuchado”. 

Sala pidió la internación mientras estaba en La Ciénaga, y sus abogados volvieron a pedirla en el habeas corpus que presentaron cuando ella volvió al penal. El pedido fue acompañado por un informe médico realizado por dos profesionales del Poder Judicial de la provincia que la revisaron en el penal del Alto Comedero, luego del traslado. En el informe dejaron muy claro que ella atraviesa una crisis muy grave de angustia, un diagnóstico que antecedió al último episodio de autoagresión y que también se presentó ante los integrantes de la CIDH que están exigiendo al gobierno argentino que la saque de la cárcel para preservar su vida en cumplimiento con la medida cautelar dictada por ese organismo. 

Aún así nada parece importar en Jujuy. El ministro de Seguridad dijo que Sala no va a volver a la casa de La Ciénaga. Y en sus códigos, no habló de riesgo de vida, sino de un problema de costos e inversión: “Ahora nos informaron que no va a volver allá –dijo a Radio 2–, así que vamos a disponer el retiro de los elementos y reubicarlos para que no se pierda la inversión que se hizo”.

Uno de los integrantes del Ministerio Público de la Acusación dijo a este diario que por “elementos” hay que entender luces y cámaras de seguridad, que la Gendarmería se habría retirado del perímetro y que todo eso se dispondría para evitar robos porque la zona es descampada y no porque se trate de una decisión definitiva. Para la defensa, las declaraciones de Meyer vuelven a hablar de la injerencia del Ejecutivo en la órbita del Poder Judicial.

“Para nosotros esas declaraciones son una muestra más del manejo político de la justicia”, dice Álvarez Carreras a PáginaI12. “Los defensores hicimos presentaciones recursivas para apelar el regreso a la prisión, por eso me parece que las declaraciones muestran que Ekel Meyer conoce de antemano cuál será la decisión judicial. ¿Si nosotros todavía no tenemos respuestas, quién lo notificó a él? Esa decisión aún está pendiente”. La defensa apeló la decisión de Pullen Llermanos y un fallo previo de la Cámara de Apelaciones de Jujuy que revocó el beneficio de la domiciliaria de Sala haciendo lugar al fallo Fontevecchia de la Corte Suprema de Justicia de Nación, que niega el carácter mandante de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Consideramos que la Cámara hizo una mala interpretación de la cautelar y que la resolución desvirtúa el contenido dado que la CIDH no emitió opinión sobre cuestiones de fondo o del proceso, sino que habló de riesgos de vida. Nosotros creemos que invocaron al fallo Fontevecchia para no cumplir la cautelar que ordena reparar la situación. Los jueces lo desconocieron. Pero así como apelamos el fallo, también recurrimos la decisión de Pullen Llermanos que volvió a trasladarla al penal: en ese caso pedimos que quede sin efecto y que ella vuelva a El Carmen. Para eso presentamos un habeas corpus como acción rápida y urgente, que fue rechazado y apelado, y también hicimos una nueva presentación ante la Corte Suprema donde están pendientes dos recursos extraordinarios”. 

La semana pasada, el juez Pullen Llermanos sancionó con una multa de 20 mil pesos a dos defensores del equipo de Milagro por la presentación de una recusación en su contra. La sanción alcanzó a Álvarez Carreras y también a Luis Paz. Ellos presentaron una denuncia en el Colegio de Abogados de Jujuy del que esperan una respuesta por una situación que temen se profundice.

“Nosotros lo recusamos cuando supimos que Fabián (El Chato) Avila, imputado en otra causa, declaró que lo había amenazado para que testimonie contra Milagro. Es una causa en la que está acusado (Alberto) Beto Cardozo y ella. Y en la que Pullen sobreseyó a Jorge Páes, otro coimputado que declaró contra Milagro. En este caso, Avila denunció la situación de intimidación ante el juez de la Cámara de Apelaciones, Luis Ernesto Kamada. Cuando lo supimos, presentamos el escrito en el que cuestionamos la imparcialidad de Pullen Llermanos y lo recusamos. Pullen Llermanos rechazó la presentación, por supuesto, y dice que nuestro planteo es temerario y abusivo del derecho a defensa, que insistimos en querer apartarlo de la causa cuando es el juez natural y nos sanciona porque dice que es un hecho ‘injuriante’ para ‘la altísima magistratura’ que invoquemos dichos de un imputado de dudosa credibilidad que estuvo prófugo durante seis años. Pero el juez en realidad se olvida de que ese imputado goza del principio de inocencia porque fue procesado, pero aún no tuvo un juicio oral que determine su responsabilidad. El pone esta sanción porque la considera ejemplificadora, explica que los abogados no pueden actuar así, sino de buena fe. En definitiva cuestiona el derecho de Milagro de poder contar con un juez imparcial. Pullen viene mostrando este criterio desde el comienzo de su intervención, a través de declaraciones públicas en las que muestra animosidad, motivo por el cual también lo recusamos, un trámite que aún está en el Superior Tribunal. En este caso, hicimos la presentación porque corresponde nada más y nada menos que al derecho a defensa. Ahora vamos a apelar su decisión. Recurrimos al Colegio de Abogados para pedirle que intervenga en defensa de los letrados porque esto es una muestra del entorpecimiento en el ejercicio de nuestra profesión”.

–¿Les causa temor situaciones como estas?

–En realidad tememos que se obstruya nuestro trabajo como defensores. Que esto no termine sólo en nosotros, sino que repercuta en el sector. Por eso hicimos la presentación en el Colegio de Abogados porque no podemos ejercer nuestra profesión y lo que hacemos, lo hacemos bajo amenaza de sanción y de ser investigados porque en el marco del Estado de derecho usamos los recursos disponibles para una defensa. Esto es lo que no puede ser.

–En el encuentro con la CIDH, el organismo se mostró muy preocupado porque situaciones como estas se repiten en toda la región. Usted participó del encuentro. 

–En realidad, vemos que esto se puede profundizar porque la región vive persecuciones de diferentes tipos. Los y las defensores de derechos humanos sufren aprietes, amenazas y uno de los últimos hechos conocidos es el Berta Cáceres, una activista ecológica de Honduras con una medida cautelar de protección de la CIDH que fue asesinada. A partir de eso, y de la persecución a periodistas en México, por ejemplo, la organización está creando un nuevo mecanismo de protección con el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Eso deja en evidencia la preocupación que existe por la situación de riesgo de vida de cada una de estas personas. Por eso alertamos al Colegio y a los colegas, porque estamos ante amenazas de sanciones que vienen del Poder Judicial, un poder que debería garantizarnos nuestro trabajo, pero nos amenaza como si estuviéramos al margen de la ley.