Los plazos fijos comenzarán a pagar impuesto a la renta financiera a partir de inmovilizaciones de más de 251.000 pesos, si prospera el proyecto de reforma fiscal que impulsa el gobierno de Cambiemos. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó ayer los principales lineamientos del proyecto que se elevará en dos semanas al Congreso, el cual contempla gravar la renta financiera como mascarón de proa de una iniciativa que tiene poco de progresiva, con casi nulas ventajas para las personas de ingresos medios y bajos e importantes alivios en la carga para sectores medio altos y empresarios. A las empresas se les reducirán diez puntos del 35 por ciento de alícuota de Ganancias que pagan actualmente en caso de que reinviertan utilidades, se les aplica un nuevo mecanismo para recuperar el crédito fiscal de IVA con plazo máximo de seis meses y se establece un salario bruto mínimo no imponible de 12.000 pesos para las contribuciones patronales. En contraposición, aumentan los impuestos internos en gaseosas azucaradas, cerveza, vinos, espumantes y cigarrillos, además de los servicios digitales como Netflix y Spotify, sobre los que el usuario deberá pagar el 21 por ciento de IVA. Se eliminan impuestos para compra de celulares, artículos de computación y electrónica y autos y motos de gama media-alta. 

El ministro, secundado por el secretario de Política Económica, Sebastián Galiano, y el subsecretario de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein, se tomó unos segundos para posar de pie antes las cámaras para luego iniciar la presentación del proyecto de reforma tributaria. Tras la reunión, Dujovne se reunió con referentes del Congreso de la oposición y de partidos aliados para analizar la reforma. Durante la presentación del proyecto no faltaron las referencias a la pesada herencia recibida del anterior Gobierno y al exacerbado peso de la presión tributaria y la necesidad de reducir el déficit fiscal primario. “Hubo medidas que se tomaron y generaron un costo para la población, pero ahora la economía se está extendiendo”, aseguró Dujovne. De esta manera, justificó que el proyecto tenga escaso impacto en la reducción de la presión tributaria, que a cinco años será de 1,5 puntos. “Estamos entre dos objetivos: menos impuestos y menor déficit”. 

La presentación hizo hincapié en el impuesto sobre la renta financiera, el que consideraron “el tributo más justo y equitativo que proponemos”. La propuesta establece sumar como gravamen a actividades financieras que actualmente se encontraban exentas. Se gravará con una tasa del 15 por ciento a la renta obtenida por colocaciones en moneda extranjera, o en activos actualizables por UVA o CER, y de 5 por ciento para las colocaciones en pesos, con un mínimo no imponible “para preservar a los pequeños ahorristas”. La diferencia entre la alícuota en pesos de la que se cobre en moneda extranjera es para evitar el impacto de la inflación en instrumentos de renta fija. Según señalaron, de lograr controlar la inflación, ambas tasas deberían converger en el 15. El mínimo no imponible establecido surge de la actual Ley de Ganancias y asciende a 52.000 pesos anuales de renta. Por encima de ese monto de Ganancias se pagará el 15 por ciento. Si se toma un depósito a plazo fijo que pague una tasa nominal del 20 por ciento, implica que pagarán colocaciones iniciales (a valor actual) superiores a 251.000 pesos, según confirmó Edelstein a este diario. El subsecretario agregó además que el impacto recaudatorio de éste será de 0,2 por ciento del PIB.

Otra de las propuestas es la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) e introducción de un impuesto a la Ganancia de Capital realizada por la diferencia entre la compra y la venta de un inmueble no destinados a vivienda. El impuesto será una alícuota del 15 por ciento sobre la diferencia o ganancia de esas operaciones. Para que se aplique este impuesto, tanto la compra como la venta deben hacerse luego de la sanción de la ley. Hasta tanto seguirá vigente el ITI. El nuevo impuesto no se aplicará para la compra y venta de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente. 

 Para las empresas habrá incentivos por la reinversión de utilidades. Las compañías quedarán alcanzadas por una alícuota del 25 por ciento de Ganancias, sobre el cual se aplicará un “impuesto adicional” sobre los dividendos y utilidades distribuidas que llevará el gravamen al 35 por ciento. El objetivo es que la alícuota del 35 por ciento actual vaya descendiendo a 30 por ciento en 2019-2020 y a 25 a partir de 2021. En este caso, también se establecen presunciones para impedir la distribución de utilidades encubiertas, como gastos personales de socios o accionistas que pague la sociedad. Se incorpora también un sistema que devuelve el crédito fiscal de IVA a las empresas que haya realizado inversiones y no lo hayan recuperado en seis meses. 

 Con el objetivo de estimular la formalización de personal, se establece un mínimo no imponible de salario bruto para las contribuciones patronales. El año próximo comenzaría en 2400 pesos e iría subieron hasta los 12.000 en 2022. También se elimina el esquema de reducción de contribuciones por zona geográfica. Para los autónomos se dispone un aumento de la deducción especial en Ganancias, lo que implica un tratamiento más equitativo para estos trabajadores. La iniciativa contempla duplicar el importe de la deducción especial que podrán computar. Si bien el Gobierno anunció que eliminaría el denominado Impuesto al Cheque (sobre los créditos y débitos), solo estableció que puede ser utilizado como pago a cuenta de Ganancias. “Proponemos aumentar gradualmente -un 20 por ciento cada año-hasta 100 por ciento el porcentaje del Impuesto al Cheque que pueda pagarse a cuenta de ganancias en cinco años”, señala el powerpoint que el que se realizó la presentación. “También trabajamos en acuerdos con las provincias para que reduzcan gradualmente las alícuotas de los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos”, agregaron los funcionarios.

Por último, se modifica el impuesto a los combustibles para que dependa de la cantidad de dióxido de carbono emitido. “Inicialmente afecta a combustibles líquidos y de 2020 en adelante se aplicara sobre gas natural, GLP y carbón”. Si bien no dieron mayores detalles, pasarán a ser montos de suma fija (uno por emisiones de CO2 y el otro buscará no alterar la actual carga tributaria). “Cuando varíe el tipo de cambio o el precio del petróleo, la nueva estructura del impuesto funcionará como amortiguador y el precio de los combustibles varía menos que bajo la estructura actual”, aseguraron. Sin embargo, como con todo este paquete, va a depender de las empresas, ya que el Gobierno liberó el precio de las naftas a decisión de las compañías petroleras.