En la última dictadura cívico militar la familia del trabajador estatal y jugador de fútbol Tomás Ricardo Cuadri sufrió el terror de la persecución, la intrusión violenta de grupos de tareas en su casa, la pérdida de fuentes laborales, el desarraigo y el hambre. El ensañamiento de los represores fue tal que obligó a sus integrantes a un exilio interno del que van saliendo de a poco. 

Ahora el juicio que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 1 de Salta, contra dos de los responsables de esa persecución, el ex director de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil, y el policía Carlos Feliciano "Perro" Estrada, es parte de ese desexilio de la familia Cuadri, en la que todavía se evidencia el dolor provocado por el terrorismo estatal. 

Ayer, la querella y la fiscalía, que pidieron condenas para los dos acusados, pusieron énfasis en el sufrimiento causado a Cuadri, su esposa y sus hijas, que eran pequeñas cuando debieron soportar el "daño colateral" de la persecución política. 

El abogado Gastón Casabella, representante de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y que reclamó condenas de 15 años para ambos acusados, por allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad y tormentos, pidió al Tribunal que tenga en cuenta que esta solicitud de penas se hace “en orden a la gravedad del daño causado y al modo cometido también”, con “numerosas detenciones, persecuciones laborales, el sufrimiento con su familia, el verse forzado junto a su familia a emigrar a Buenos Aires, estar sin trabajo, pasar hambre, todo por el accionar de este grupo de tareas", además del tiempo que mantuvieron detenido a Cuadri "bajo tortura, maltratado en todos los aspectos”.

Cuadri soportó reiterados allanamientos en su domicilio, fue detenido al menos tres veces, de abril de 1976 a febrero de 1979. Las tres veces fue llevado a la Central de Policía, donde funcionaba un centro clandestino de detención, fue torturado e interrogado sobre el paradero de Enrique Pfister Frías, que había sido ministro de Gobierno en el gabinete del ex gobernador Miguel Ragone. 

El fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila, también destacó el daño causado por los represores. Hubo un “ensañamiento” de las fuerzas de seguridad contra Cuadri y su familia, afirmó. “Consideramos las graves secuelas físicas y psíquicas que deja la tortura, la privación de fuentes laborales, el hecho de que la víctima tuvo que abandonar finalmente la provincia, una suerte de exilio interno. Se considera también el gravísimo daño psíquico y moral causado también al conjunto familiar y su proyecto de vida”, reseñó. 

Sivila alegó junto al fiscal general Carlos Amad, que pidió penas de 15 años para Guil y de 11 para Estrada. 

La acusación fiscal formal describió tres hechos. El 21 de abril de 1976 un grupo de policías, entre ellos Estrada, entraron a la casa de Cuadri, revisaron todo, y lo llevaron detenido a la Central, donde fue torturado. Salió el 5 de mayo de 1976, aproximadamente.

El 8 de septiembre de 1976 allanaron de nuevo la casa de Cuadri y lo detuvieron. “Fue trasladado boca abajo y encapuchado en el piso de un rodado junto a otras personas". De ese operativo participaron los policías Néstor "El Chango" Valdiviezo, Jorge del Milagro "Cachavacha" Homez y Estrada. Esa vez Cuadri fue llevado hasta un descampado donde fue sometido a un simulacro de fusilamiento y luego fue llevado a la Central, donde fue nuevamente torturado. “Permaneció detenido alrededor de 68 días y recuperó su libertad aproximadamente el 15 de noviembre de 1976”.

El 31 de enero de 1979, la Brigada de Investigaciones de la Policía allanó otra vez la casa de Cuadri, lo detuvieron y lo llevaron a la Central, “donde nuevamente fue golpeado y torturado". Salió el 6 de febrero de 1979.

Todos estos hechos “formaron parte de un conjunto de acciones de persecución mucho más extensas emprendidas por integrantes de las agencias de seguridad de la provincia en razón de que Cuadri fue considerado un oponente al régimen de poder imperante", sostuvo el fiscal.

La motivación personal 

Sivila destacó una afirmación del hermano de Tomás Cuadri, Mario Andrés Cuadri, quien dijo que los allanamientos y detenciones se hacían por orden de Guil y dijo que los integrantes del grupo de tareas, Homez, Estrada y los otros, eran “secuaces” de este jefe policial. El fiscal puso énfasis en esta caracterización: “Me parece importante porque nos habla de que el vínculo que unía a estas personas no era estrictamente ni solamente funcional, sino una unidad de acción y de propósito que estaba vinculada a la persecución política. Era un grupo conformado para perseguir a opositores políticos que excedía las cadenas de mando a la cual respondían institucionalmente”, aseguró. 

Para explicarlo mejor recordó que Guil era director de Seguridad, Estrada era de Contralor General, Homez era de la Brigada de Investigaciones y Valdiviezo pertenecía a la Dirección de Investigaciones y luego a la de Informaciones. “Es decir, era un grupo que se había conformado con distintos elementos de la estructura policial en pos de llevar adelante estos operativos de represión ilegal en contra de Tomás Cuadri”.

El fiscal Sivila también aportó datos para entender mejor el ensañamiento contra Cuadri, la "motivación personal" que alentaba a Guil. En 1973, en la gestión de Ragone y de Pfister Frías se detuvo a jefes policiales acusados por apremios ilegales a militantes políticos que participaron de la toma de la Finca Ampascachi, en octubre de 1972. Entre esos denunciados y detenidos estaba Guil. 

Cuadri era el secretario privado del ministro de Gobierno. “Consideramos que uno de los motivos fundamentales para la persecución fue precisamente esta relación que (Cuadri) mantenía con el doctor Pfister Frías”, afirmó el fiscal y agregó otro dato, "un incidente muy puntual” que para la fiscalía “determina la suerte de Cuadri en todos estos hechos”. El ex agente penitenciario Francisco Flores contó que "la cúpula policial detenida" fue alojada en el penal de Villa Las Rosas, y que en una de sus visitas, Pifster Frías "estuvo acompañado de Cuadri”. “Interpretamos que haber participado de esa visita generó un encono por parte de los acusados y determinó este ensañamiento posterior, esta represalia que hubo en contra de Cuadri y su familia”, aseguró Sivila.

La fiscalía, indicó Sivila, tuvo en cuenta dos expedientes históricos contra Cuadri, uno iniciado hacia el 19 de febrero de 1976 y otro del 21 de abril de 1976, que se habrían usado como justificativos para la persecución. Encima, de manera coincidente, el 19 de abril de 1976, el interventor militar en la provincia, el coronel Carlos Alberto Mulhall (fallecido, condenado por crímenes de lesa humanidad), lo cesanteó, lo que implicó “un retiro de la poca cobertura de la que gozaba ya Cuadri”.

Para la fiscalía, la persecución que sufrió Cuadri debe ser vista, “bajo el prisma de estos antecedentes, que son los que en realidad determinaron los sucesos que aquí analizamos”. Cuadri "era una persona que había tenido un rol protagónico en el gobierno de Ragone y esta fue la razón por la cual fue perseguido”, aseguró. 

La querella también aseguró que Cuadri fue considerado "subversivo" por el solo hecho de estar relacionado a Ragone. Con la “abrumadora prueba” aportada en este proceso, "está acreditado que Tomás Cuadri era un perseguido político”, afirmó Casabella.