La desregulación total sobre el mercado va alcanzando a todos los sectores de la población y la Provincia puso el ojo sobre la situación de las empresas de turismo estudiantil.
Por esa razón, autoridades del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense se reunieron con representantes de una importante empresa del rubro que funciona como una de la referencia del sector, y que fue señalada por el cobro de adicionales en viajes de egresados que habían sido contratados en 2022.
Tal como se advierte en la información brindada por la cartera que conduce Augusto Costa, se trata de viajes que habitualmente “se contratan y se pagan en cuotas durante dos años, y en los que, luego de haberse abonado la última cuota, se pagan otros conceptos, como tasas, impuestos y cargos sobre el transporte aéreo y cobertura obligatoria para ropa y equipamiento”.
Los reclamos de las familias aluden precisamente a esos costos finales: por ejemplo, desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, las tasas aumentaron de tal manera que llegaron a montos de hasta 150 mil pesos, que se suman al costo total del viaje.
Al considerar excesivo ese costo adicional, la Provincia se reunió con las empresas, a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, para resolver el conflicto entre las partes.
Luego del encuentro con las autoridades provinciales, la empresa se comunicó con las familias y les indicó que no abonen esos costos adicionales, ya que iba a reconsiderar la tarifa, reduciendo el monto y permitiendo el pago en hasta cuatro cuotas.
De esta manera, a partir de la mediación provincial, la empresa, que siempre ha manifestado y demostrado su voluntad de colaborar con las autoridades y clientes, absorberá una parte de los costos para que tengan índices accesibles y las familias de las y los estudiantes bonaerenses puedan pagarlos.
La desregulación sobre la actividad de las agencias de turismo ha sido tal que hasta los propios responsables del sector han tomado iniciativas para suplir la ausencia de control por parte del Estado.
Un ejemplo de ello es el Registro Nacional de Agencias de Viajes, que fue lanzado en el país "para generar confianza, evitar la informalidad en el sector y evitar estafas", según lo explican sus impulsores enrolados en la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt).
La Federación ya había presentado un amparo en diciembre para que la Justicia declarara la inconstitucionalidad del DNU. Según señala aquella presentación: "La desaparición de esta norma, tal y como plantea el DNU, promovería una competencia absolutamente desleal con personas que no son profesionales de la actividad turística y que no tendrán ningún control para cumplir correctamente con su labor ni brindar ningún tipo de garantía a los pasajeros”.
Esa desregulación no sólo deja despojados a los usuarios de las garantías mínimas de seguridad sino que también los deja expuesto a los abusos como los que obligaron a la Provincia de Buenos Aires a intervenir en la actividad que se lleva adelante en territorio bonearense.
