Ecuador ordenó este miércoles suspender dos días las labores públicas y privadas ante la crisis de electricidad causada por un déficit histórico en los embalses que abastecen las centrales hídricas, lo que derivó en apagones de hasta seis horas y puede traer pérdidas millonarias.
El mandatario Daniel Noboa decretó la "suspensión de la jornada laboral" el jueves y viernes, señaló la presidencia en un comunicado, que atribuyó su decisión no sólo "a circunstancias ambientales" sino a "actos inauditos de corrupción y negligencia".
Los municipios del puerto de Guayaquil y la andina Cuenca, las principales ciudades del país después de Quito, anunciaron sin embargo que sus servicios de transporte público y aeropuerto continuarán funcionando normalmente.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, afirmó en un comunicado que ese polo comercial del país produce unos 70 millones de dólares al día. "No permitiremos que esto perjudique nuestra economía", aseguró.
Noboa declaró el martes la emergencia en el sector eléctrico y pidió la renuncia de la entonces ministra de Energía, Andrea Arrobo. Tras intempestivos racionamientos el pasado domingo, Noboa encargó el martes la cartera de Energía al titular de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, y ordenó una investigación ante sospechas de corrupción que afecta la producción de electricidad.
Las centrales eléctricas realizarán durante el jueves y viernes mantenimientos de sus plantas, lo que implicará racionamientos que serán anunciados oportunamente, añadió la presidencia.
A la crisis hídrica se sumó que Colombia dejó de exportarenergía a Ecuador como medida para lidiar con la grave sequía asociada al fenómeno El Niño, que tiene a los embalses colombianos por debajo del 30% de su capacidad.
Protesta estudiantil
Un grupo de estudiantes de la estatal Universidad Central de Quito protestó contra el gobierno, los apagones y el referendo de Noboa para enfrentar al crimen organizado, convocado para el próximo domingo. Los universitarios se instalaron frente a la Universidad para lanzar consignas contra el Ejecutivo y portar carteles con leyendas como "Te cortan la luz, córtales el apoyo".
El gobierno, que anunció que en abril se cobrará solo 50% de la factura de luz de los hogares, señaló el miércoles que los embalses Mazar (el más importante) y Paute, ambos en el sur andino, están en "condiciones críticas" al registrar niveles de almacenamiento de 0% y 4%, respectivamente.
Asimismo, el caudal en la mayor central hidroeléctrica, Coca Codo Sinclair (norte amazónico), con capacidad de generar 1.500 MW de potencia para cubrir un 30% de la demanda nacional, sufre un déficit de 40% con respecto al promedio histórico.
Las jornadas de trabajo serán recuperadas en el sector público con una hora adicional durante los siguientes días laborables, mientras que en el privado dependerá de las empresas. Ecuador, con 17,7 millones de habitantes, tiene una población económicamente activa de 8,3 millones de personas, según cifras oficiales.
"Ocultamiento intencional"
Según el gobierno, la investigación dispuesta por Noboa arrojó "indicios de que funcionarios de alto nivel", incluida Arrobo, "ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del sistema nacional energético".
El Ejecutivo sostuvo que "se suprimieron y deshicieron advertencias y alertas al Comité de Crisis Energética, con el propósito de que esta grave situación no sea conocida para la toma de decisiones oportunas". Además, presentó ante la Fiscalía una denuncia por paralización del servicio público contra 22 "saboteadores que buscaron hacer daño a todos los ecuatorianos".
La crisis energética afecta al país en vísperas de la consulta popular de este domingo, cuyos ejes principales son el combate al narcotráfico. Cerca de 13,6 millones de electores están convocados a decidir por ejemplo si están de acuerdo con la extradición de ecuatorianos vinculados al crimen organizado.
El referéndum incluye además cuestiones enfocadas en reforzar la lucha contra el crimen organizado mediante la participación de las Fuerzas Armadas, el endurecimiento de penas, la eliminación de beneficios penitenciarios y el equipamiento de policías y militares con las armas decomisadas a las bandas criminales.
"Han queridofregarnos con un sabotaje en el área eléctrica, han querido fregarnos con campaña sucia (...) porque están nerviosos porque el Sí va a ganar", dijo Noboa este miércoles en un acto en el balneario de Atacames.
En particular, los ciudadanos deberán decidir si aprueban el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas a la Policía contra el crimen organizado, sin necesidad de un estado de excepción como sucede hasta ahora.
También tendrán la posibilidad de , reformar el código penal para elevar las penas a los delitos como el terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, sicariato (asesinato por encargo), trata de personas, secuestro, extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y minería ilegal.
