En la madrugada del viernes 12 de abril, Myrian Villalba se despertó por la violenta presencia de fuerzas policiales en su casa.  “Siendo aproximadamente las 4 de la mañana se produjo un allanamiento en mi domicilio. Yo estaba como siempre con ocho niños y niñas de 6 a 13 años --relata Myrian--, mis hijos y los de mi hermana Laura Villalba, de quienes tengo la guarda legal. También estaba mi sobrina Daniela Esperanza, de 16 años, y Ana Tamara Oviedo, de 18 años, que viven conmigo. Hombres de la Policía Federal, de Interpol, fuertemente armados, derribaron la puerta, gritando que era un allanamiento. Les dije que éramos refugiadas políticas, a lo que respondieron que no les interesaba. Me esposaron y me apartaron de mis niñas y niño. A ellos los tenían en una pieza y a mí en otra. Comenzaron a revisar la casa, destruyendo todo lo que encontraban en su camino. 

"El allanamiento duró hasta las 2 de la tarde. En la mañana interrogaron a mis niños, amenazándoles que los iban a llevar a un instituto de menores. Luego tuvieron que aflojar porque llegaron algunas compañeras, el abogado Gustavo Franquet, y representantes del Consejo de Niñez de Avellaneda, quienes después de muchas discusiones, lograron retirar a los niños y niñas y llevarlos a su centro de día, Pelota de Trapo. Este mismo procedimiento en forma simultánea se realizó en Moreno, en la casa de mi hermana Rosa, quien estaba en compañía de su hija Tania Tamara, que tiene una hija de un año, y de dos hijas menores de Rosa. Derribaron el portón, entraron con mucha violencia, y en ese lugar la tuvieron esposada a Esmeraldita, de 13 años. 

"También hicieron ese procedimiento en la casa de mi hermano José. Posterior a eso nos llevaron en calidad de detenidas a la División Antiterrorista de la Policía Federal, nos ficharon, y estuvimos ahí hasta las 19 horas, asistidas por compañeros de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, quienes realizaron un arduo trabajo para lograr que el juez disponga nuestra libertad. De mi casa se llevaron aparatos celulares, computadoras, prepararon para llevarse libros, los trípticos de la campaña “Eran niñas”, fotos de Laura y de Lichita. De la casa de mi hermana se llevaron bastante libros, trípticos y remeras de la Campaña Eran Niñas”.

¿Cuáles son las razones de este despliegue de violencia?

Myrian y Rosa Villalba son hermanas de Carmen Villalba, una de las dirigentes de la guerrilla del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), quien ya cumplió una condena de 17 años de prisión en la Cárcel del Buen Pastor, pero sigue detenida, ya que el poder represivo le inventó nuevas causas para intentar tenerla recluida de por vida. Son hermanas también de Osvaldo Villalba, quien fue comandante del EPP, caído en combate en octubre del 2022.

Cuando un grupo de niños y niñas de la familia viajaron en 2020 para conocer a sus padres, fueron detectados por las Fuerzas de Tarea Conjunta del Ejército y la Policía de Paraguay. María Carmen, hija de Laura Villalba, y Lilian Mariana, hija de Myrian, niñas de 11 años, fueron detenidas el 2 de septiembre de ese año, torturadas y asesinadas. El infanticidio permanece en la impunidad. Iba en el grupo Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, Lichita, hija de Carmen, desaparecida desde el 30 de noviembre de ese año. Su desaparición nunca fue investigada por el Estado paraguayo. Otras dos niñas sobrevivieron: Tamara Anahí, Anita, hermana melliza de Lichita, y Tania Tamara, una de las tres detenidas en el allanamiento. Las dos al llegar a la Argentina burlando la cacería de los militares paraguayos, denunciaron estos crímenes frente a las Naciones Unidas.

Otra testigo que iba con ellas a cargo del cuidado del grupo era Laura Villalba, hermana de Carmen y de Myrian, detenida en Paraguay el 24 de diciembre del 2020, que sigue presa hasta ahora. Desde el Poder Judicial y el Ejecutivo, se le armaron dos causas: una por incumplimiento del deber de cuidado de las niñas, y otra por terrorismo, que será juzgada en el mes de mayo próximo. En estas causas, está también acusada Myrian Villalba, quien se encuentra en Argentina hace 15 años, y como el resto de la familia tiene refugio político. 

La orden judicial abarcaba también la prisión de Mariana Ayala, de 82 años, abuela de las niñas asesinadas en Paraguay, a quien no encontraron en el domicilio. Desde el gobierno de Paraguay quieren presentar tanto a la abuela, como a las niñas y a las hermanas, como terroristas, intentando escarmentar a toda la familia. En estos días hubo un ostentoso seguimiento en los domicilios de la familia Villalba y de sus abogados y abogada en Argentina. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por su parte, realizó declaraciones de que iban a extraditarlas de cualquier forma. Es un hecho inaceptable que viola las normas del derecho internacional, en particular el principio de no devolución.

Señala Laura Tafettani, de la Gremial de Abogadas y Abogados de la Argentina: “El gobierno de Paraguay ejerce persecución contra la familia no beligerante, en relación con que pertenecen a una organización de índole armada en su país. Esa persecución se inició ya hace décadas y obligó a que vengan en el año 2009 para refugiarse. Cuando el gobierno argentino les dio el refugio político, fue porque investigó y quedó acreditado que esa persecución era de índole política. El darle el estatus de refugio político significa justamente que no puede prosperar ningún tipo de acción penal ni requerimiento de Paraguay. Sin embargo, es una cosa inédita. Nosotras estuvimos en ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados) y dicen que es la primera vez que vivimos esto. El gobierno argentino, sabiendo que tienen refugio político dicen: 'bueno, no importa, nosotros las vamos a extraditar igual'. Esto es ilegal, porque nuestra ley dice que en caso incluso de que se anulara el refugio, no las pueden devolver al país por el cual se lo habían otorgado. La ministra de Seguridad está vociferando algo que es flagrantemente ilegal. Quieren dar señales claras de que no va a haber ni siquiera reglas del Estado de Derecho para cualquier militante opositor y su familia. Porque ¿qué tienen que ver los niños/as en esta situación?”.

La política criminal del estado paraguayo en relación con la familia Villalba, está siendo analizada y condenada en distintas instancias internacionales de defensa de los derechos humanos. Por eso el gobierno busca callar a quienes podrían dar testimonio de sus crímenes. Juzgar a las hermanas Villalba y a sus hijas por terrorismo, encarcelarlas de por vida en las nuevas cárceles de alta seguridad que están construyendo, es parte de sus objetivos. También buscan estigmatizarlas frente a la opinión pública, con artículos como los publicados por ABC y otros medios de comunicación. A esto se agrega la tortura física y sicológica contra Carmen y Laura, por parte del servicio penitenciario. El 17 de abril Laura hizo llegar una denuncia desde el penal de San Juan Bautista, en Paraguay: “Hoy vinieron agentes fiscales y médicos forenses. Supuestamente iban a hacer un allanamiento de mi celda. Me trasladaron a la unidad de sanidad y me atajaron entre todos los fiscales. Me atajaron del cuello, del brazo, y el médico forense me agarró con un puño de cabello. Yo pedí auxilio a las guardias y no me garantizaron mi seguridad. Quiero hacer esa denuncia a nivel internacional, porque fui violentada, y quiero pedir la solidaridad de todos”.

El 12 de abril, cuando se inició esta violenta invasión de las casas de la Familia Villalba en Argentina, Elizabeth, hija de Myriam, cumplía 11 años. La rápida movilización de los abogados, abogadas, instituciones de defensa de los derechos humanos y de las niñeces, impidió que ella y sus hermanas, primas, terminaran institucionalizados en los lugares inhóspitos estatales. Pero nadie puede reparar los dolores pasados por estas niñas, niños, jóvenes, mujeres, José, el hermano mayor, Laura y Carmen, desde las cárceles paraguayas, Myrian, Rosa y Tania, en la sede policial, Anita, reviviendo los duros momentos sufridos cuando asesinaron a sus primas y desaparecieron a su hermana. Miles de voces están diciendo en estas horas: “Que el dolor no nos sea indiferente. Que los gobiernos argentino y paraguayo dejen de actuar en los márgenes de la ilegalidad y la crueldad”.