El presidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Hugo Marcucci, presentó este jueves un informe sobre el estado de situación en el que se encontró a la empresa. La auditoría fue solicitada por el gobernador Maximiliano Pullaro y por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el informe tomó datos comparativos respecto de los períodos 2020-2023 contra los de 2015-2019. Uno de los datos más relevantes es el déficit operativo de 30.000 millones de pesos “por la decisión arbitraria de mantener congelada la tarifa”, expresó Marcucc.

El funcionario afirmó que “esta gestión vino a transformar las cosas que no funcionan en la provincia. No estamos acá para aceptar lo que está mal y mirar para otro lado. Nosotros queremos transformar la EPE, y vamos a dejar todo para lograr una empresa eficiente, transparente, moderna, y para alcanzar este objetivo el primer paso es saber dónde estamos parados”.

Las conclusiones de la auditoría arrojaron inexistencia de visión estratégica, insostenibilidad económica, deterioro en la calidad del servicio, ineficiencia de procesos, y falta de innovación tecnológica.

Respecto del déficit, Marcucci señaló que “no hay posibilidad de sustentar una empresa sin tarifas racionales, sin tarifas que representen los costos para la inversión, y que represente una garantía para que se pueda invertir”. Además “hubo un 31 % menos de inversión en bienes de capital durante el período 2020-2023 contra el período 2015-2019”. En ese sentido, apuntó que “tiene que ser una política de Estado que haya una inversión significativa que nos permita mejorar la empresa”.

Otro datos destacados tienen que ver con una baja en la calidad del servicio en un 8,5% y con cortes que duraban un 23% más de tiempo que en periodo de la administración anterior. Además se detectó una pérdida mensual de $ 4.200 millones de pesos por “fraude o robo de energía”, lo que representa un 7,32% de la energía operada. “Eso genera muchísimos prejuicios en la calidad del servicio, problemas de tensión, con las líneas, pero también es parte de la energía que nosotros pagamos y no cobramos, y no estoy hablando de sectores que por condición social tienen esta dificultad, sino también de aquellos sectores que pudiendo pagar energía, nos roban a todos los santafesinos”.

Además, hay 869 expedientes de factibilidades sin resolver en toda la provincia por 85.000 millones de pesos, de los cuales 200 edificios pertenecen a Rosario siendo estos por $ 25.500 millones. Estas conexiones están “en mora”.

El informe también arrojó que la EPE tiene un 27% de clientes, entre morosos e incobrables, por un monto total de $ 53.000 millones sólo en 2023, y ante esta situación “nadie acciona, nadie intima, y esto hace que la morosidad vaya creciendo”, dijo Marcucci.

En materia de deuda que mantiene la EPE, la auditoría reveló que debe $ 1.500 millones en obra y $ 3.246 millones a proveedores. Marcucci se refirió a la deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Camessa), “que representa 200 millones de pesos mensuales y que se dejó de pagar al comienzo de la gestión del ex gobernador Omar Perotti, se hizo un convenio del que quedan 72 cuotas (de 96) por un total $ 19.000 millones. Pagamos $ 2.500 millones en el año de esta deuda heredada por no haber pagado en tiempo la deuda con Camessa”.

El informe reveló que en la gestión anterior otorgaban planes para grandes usuarios a tasas marcadamente negativas. “Tenemos en el 2023 una tasa del 30 % cuando la inflación corría al 211%. Eso también es una herencia que tenemos, lo hemos revertido, pero hubo pérdidas importantes en el orden de los $ 26.000 millones”.

“Se llegó hasta aquí por una gestión sin objetivos, sin búsqueda de eficiencia, generando condiciones de laxitud e irresponsabilidad, mala administración, lo que afecta al funcionamiento de la EPE y a los usuarios, y estos números respaldan lo que decimos”, sentenció Marcucci.

El titular de la EPE se refirió a las acciones dispuestas desde el inicio de la actual gestión y de los objetivos a futuro, y dijo que en breve se anunciará la colocación de GPS en cada vehículo oficial; la reducción del contrato de seguridad de $ 4.000 millones a $ 3.000 millones para 2024, “buscando alternativas tecnológicas para garantizar la seguridad; un plan de recupero de energía que lo vamos a hacer con las universidades públicas, para que no se crea que se pueda robar energía a todos los santafesinos; también bajamos la flota de teléfonos en un 20%; y los contratos de limpieza en $ 100 millones”.