El gobernador Gustavo Sáenz le pidió a las y los legisladores nacionales por Salta que ingresen un proyecto de ley al Congreso de la Nación para el cobro de los servicios de salud a personas extranjeras que no acrediten residencia, trabajo registrado y pago de impuestos en el país. Instó a que en todo el país se replique la ley provincial 8421, surgida del DNU 129/24, firmado a fines de febrero de este año.
A través de sus redes sociales, el mandatario salteño dio cuenta del pedido. Sáenz sostuvo que "como sucede en cualquier lugar del mundo" a nivel nacional también debe existir una ley "similar a la que ejecuté en Salta, para que los extranjeros que no acrediten residencia, trabajo registrado y pago de impuestos en el país, paguen la atención en la salud pública".
"Hay que priorizar de una vez por todas a los argentinos más vulnerables que habitan nuestro suelo.
Invito a todos a sumarse a esta iniciativa, que solo busca cumplir el derecho de millones de argentinos que merecen vivir mejor", afirmó el mandatario. El decreto 129/24 pasó a ser la ley provincial 8421 hace dos días, con su publicación en el Boletín Oficial de la provincia aun antes de que se cumplieran los 90 días sin que ambas cámaras lo trataran, plazo establecido por la Constitución de Salta.
Entre los considerandos para convertir el instrumento en ley, se indicó que la Cámara de Senadores aprobó el decreto el 4 de abril y lo remitió a la Cámara de Diputados, “sin haber sido rechazado o aprobado por ésta, conforme al artículo 145 de la Constitución Provincial”. El gobierno afirmó que “se encuentran cumplidos los plazos establecidos en el citado precepto constitucional” para que el decreto se convierta en ley sin el tratamiento por una de las cámaras.
La norma dispone el cobro de los servicios de salud a personas extranjeras que pertenezcan a las categorías de residentes transitorias y precarias. De esta manera, también deberán contribuir a “solventar las erogaciones que genera su atención sanitaria en los centros de salud provinciales ya sea por sí mismos o a través de un seguro de salud”, indica el texto. Asimismo, dispone que los servicios de salud pública provincial se prestarán en forma igualitaria a los extranjeros que revistan condición de “residentes permanentes” o “residentes temporarios”.
En la ley se aclara que “la atención sanitaria a los extranjeros en casos de urgencia o emergencia, cualquiera sea la categoría que éstos revistan, no podrá negárseles ni serles restringida. El Estado provincial arbitrará con posterioridad los medios necesarios para percibir los gastos ocasionados.”
La iniciativa del gobernador Sáenz ya fue replicada en la provincia de Santa Cruz, mientras que hay proyectos similares en Corrientes, Entre Ríos, Neuquén, Mendoza y Córdoba. El Ejecutivo provincial celebró que "en todos los casos se toma la experiencia salteña" y consideró que el interés del resto de las jurisdicciones se da en la búsqueda de “proteger la sustentabilidad y funcionamiento adecuado del sistema de salud pública, todo ello frente a la problemática diaria que vive la provincia en sus centros asistenciales públicos”. El texto de la ley 8421 puntualiza la situación geográfica de Salta, que limita con tres países: Bolivia, Paraguay y Chile.
La polémica por el cobro de la atención de salud a personas extranjeras tomó mayor resonancia la semana pasada cuando una mujer oriunda del Estado Plurinacional de Bolivia fue a parir al Hospital San Vicente de Paul, de Orán, ciudad cabecera del departamento Orán, que limita con aquel país. El gerente general del Hospital, Fabián Valenzuela, informó que la institución demandará a esta mujer, que tuvo un parto normal y se fue sin pagar el arancelamiento, de 245 mil pesos.
A inicios de marzo, el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, se destacó ante senadores provinciales que los extranjeros que se encuentren en tránsito en Salta y tengan un accidente o estén en situación en que corra peligro su vida, recibirán atención médica en el sistema público de salud. “Se las va a atender, se les solucionará el problema y luego se le facturará por los honorarios y gastos que ocasione el servicio”, expresó.
En su informe, el titular de la cartera sanitaria dijo que “la atención a los extranjeros en caso de urgencia o emergencia no será negada ni restringida, aunque posteriormente el Estado arbitrará los medios necesarios para percibir los gastos ocasionados por la atención. Hicimos un estudio sobre los costos de las asistencias a extranjeros en calidad de residentes transitorios y precarios, lo que significa entre el 5 y el 10% del presupuesto total de Salud Pública”, aseguró.
Respecto a la forma en que se facturará cada prestación, el funcionario dijo que se hará en base a los valores que el Instituto Provincial de Salud (IPS) reconozca a las clínicas privadas en el momento de la asistencia.
