Un hecho insólito sucedió en la justicia jujeña, el gobierno de la provincia, representado por Fiscalía de Estado, avaló los aumentos exorbitantes en el servicio eléctrico que se refleja en las boletas de usuarias y usuarios. 

Las tarifas de la provisión de energía eléctrica se judicializaron una vez más en Jujuy con un amparo colectivo con pedido de medida cautelar presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que hizo lugar a la cautelar y ordenó al Estado provincial que a través de la Superintendencia de Servicios públicos y Otras concesiones (SUSEPU) adopte las medidas necesarias a los fines de que la empresa prestataria del servicio de energía, EJESA, suspenda los cortes de servicio por falta de pagos en los periodos comprendidos desde 1 de febrero al 20 de abril hasta que se resuelva el fondo de esta causa, lo que plantea el amparo. 

Además, el magistrado citó a una nueva audiencia para el 7 de mayo; pero fue el procurador General de la Fiscalía de Estado, Sebastián Albesa, quien expuso ante el juez que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la provincia, de manera que la medida quedó sin efecto hasta una resolución, dejando a los usuarios desprotegidos.

En estas circunstancias, ayer miles de usuarios y usuarias manifestaron su enojo frente a las oficinas de EJESA y la Superintendencia y en las plazas de la capital jujeña, San Pedro, El Talar, Palpalá y en otras localidades expresando que no alcanzan a pagar los montos excesivos de las boletas y pidiendo que no se corte el servicio, aunque la empresa ya ordenó esta medida. Sin embargo, ante el enojo que va levantando temperatura, operarios de la empresa deben ser acompañados por policías para realizar cortes de servicio. 

La marcha fue acompañada con las facturas y carteles con reclamos: “basta de boletas usureras”, “tarifas acordes al salario de los trabajadores”, ”pago la boleta o le doy comer a mis hijos”.

"Imposible pagar" 

“El consumo es el mismo, pagaba 16 mil pesos y ahora casi 50 mil pesos, es imposible pagar tanto. Si no pago me cortan, ya salieron los avisos de corte”, afirmó Marta, trabajadora ambulante con tres niños y un adulto mayor a su cargo. “Una heladera y un televisor, 6 focos de bajo consumo, 35 mil pesos, imposible pagar ese monto. Para el invierno estaré con velas y fogatas. El famoso ajuste lo pagamos nosotros”, testimonió Roberto Quispe, residente de un barrio popular del sur de la ciudad.

“Vamos a estar en las calles hasta que retrocedan con estas tarifas impagables, es imposible pagar servicios básicos tan caros con sueldos de miseria. Los jujeños vivimos en la indigencia por los pésimos gobiernos”, expresó Blanca Ceballos.

En general, los testimonios dan cuenta de que los aumentos son desproporcionados, familias que pagaban 8 mil pesos recibieron la nueva boleta de 25 mil. Comerciantes e instituciones, como clubes de fútbol, han visto triplicadas sus boletas.

La Superintendencia, contra los subsidios

Mientras la gente afronta como puede estos aumentos, el titular de la SUSEPU, Carlos Oehler, afirmó en declaraciones públicas que "los subsidios a la energía en 2023 representaron 9.600 millones de dólares, es decir el 1,6% del déficit fiscal", y aseveró que antes de la asunción del gobierno de Javier Milei, el bajo costo en las tarifas de luz se debía "a un sistema de subsidios que lamentablemente instaló el kirchnerismo en Argentina durante todo su período de gobierno del 2003 al 2015".

"Nos convencieron de que los servicios públicos tienen que ser baratos", agregó el funcionario, y aseguró que Milei está tratando de "ordenar la macroeconomía, las finanzas públicas, y se ve con la necesidad de transparentar el costo de la energía".

De los 220 mil usuarios de energía eléctrica en Jujuy, 59 mil reciben subsidios provinciales. Oehler aseguró que la SUSEPU no tiene injerencia en la definición de los montos a pagar por los usuarios dado que, por un lado, desde la Secretaría de Energía de la Nación fijan valores trimestrales y "la provincia no tiene posibilidad de intervenir en modificarlo".

Desde la privatización en 1995 de la empresa de energía estatal, EJESA, de capitales chilenos en sus inicios, hoy es de distintos grupos empresarios, entre ellos, políticos jujeños. 

Audiencia con sorpresas 

El miércoles último se realizó una audiencia por el amparo colectivo y la medida cautelar presentada por las abogadas Claudia González y Alicia Chalabe, referentes de la Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (Proconsumer) y Asociaciones de Consumidores Comité del Consumidor (Codelco), en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU) y el Estado provincial. Estas presentaciones buscan frenar los aumentos de las tarifas eléctricas autorizados por la SUSEPU mediante la resolución 60, de febrero, y piden que se retrotraigan las tarifas a enero 2024 y que no se corte el servicio por falta de pago. 

La audiencia en el Tribunal Contencioso Administrativo fue presidida por el juez Sebastián Damiano. La SUSEPU fue representada por la abogada Ana Melé; por la Fiscalía de Estado asistió el abogado Sebastián Albesa, y la sorpresa la dio el Ministerio Público de la Acusación, con el abogado Gerardo Barconte, quien se presentó en el expediente porque la causa es de interés público y está contemplada la intervención del MPA en la nueva Constitución de la provincia. También sorprendió la defensa de los usuarios que hizo el MPA, ya que solicitó que se realice audiencia pública para establecer las tarifas de servicios básicos, además recordó la resolución 182 de la SUSEPU, de 2022, que aún no fue resuelta en la justicia y que imponía aumentos de un 70%.

En cambio, el procurador general sorprendió al defender la determinación de la SUSEPU, ente autárquico que jerárquicamente tiene dependencia de la Secretaría de Energía de la provincia. Lla Fiscalía de Estado cuestionó la legitimación de la asociaciones de usuarios, a pesar de que están  inscriptas en el Registro de Defensorías de Usuarios.

Amparo congelado

Tras la audiencia, la abogada Claudia González explicó que "la causa queda como congelada porque Fiscalía interpuso la manifestación previa de recurrir", y "el tribunal ya no puede resolver nada”. 

"Albesa hace un per saltum a la Corte Suprema. En rigor de verdad no corresponde", cuestionó la letrada. Recordó que en caso de desacuerdo con "la resolución del presidente de trámite de un órgano colegiado como el Tribunal Contencioso, lo que corresponde es hacer un reclamo ante el cuerpo" para que el cuerpo en pleno lo resuelva. Y recién entonces se puede ir a la instancia superior.

Asimismo, destacó que "las resoluciones que conceden o deniegan una medida cautelar no son recurribles". "Sin embargo, el doctor Albesa hizo la manifestación previa, ante lo cual el tribunal recurrido pierde competencia" y solo puede intervenir para dejar constancia de manifestación previa y enviar la causa al órgano superior. "Será la Corte la que resuelva el planteo de Fiscalía, el amparo quedó congelado”, ratificó. 

Mientras tanto la resolución 60 que autorizó el aumento sigue vigente. “Hoy hay que pagar la factura de luz, el que no paga sufrirá el corte del servicio y no hay posibilidad de otra cosa, porque la posibilidad que nos dio el Contencioso Administrativo es impedida por el representante de Fiscalía de Estado”, afirmó la abogada. 

En el amparo se presentaron referentes gremiales como amicus curiae, y la CTA Jujuy presentó un amparo similar.

En 2022, con la resolución 182, la SUSEPU impuso incrementos superiores al 70%. Frente al descontento, el entonces gobernador Gerardo Morales decidió que sean de un 48% y ordenó a la empresa EJESA que evite cortes del servicio. La resolución 182 fue firmada por el vocal de la SUSEPU Martín Llamas hoy vocal de la Suprema Corte de Justicia de la provincia.