En vísperas de la movilización en defensa de las universidades públicas a nivel nacional, Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, recibió a Buenos Aires/12 en el nuevo edificio de aulas inaugurado hace pocas semanas. Crítico del gobierno de Javier Milei, también es diputado provincial por la UCR por la línea Evolución que responde a Martín Lousteau. Señaló que la última propuesta de aumento presupuestario es sólo un intento por "quitarle volumen a una marcha que será masiva". 

Como rector, Domenichini integra el Consejo Interuniversitario Nacional, el órgano donde las máximas autoridades universitarias discuten sobre políticas públicas para el sector. Desmiente que el CIN haya acordado un porcentaje de aumento presupuestario con el Gobierno nacional. Incluso, expuso, es insuficiente y representa menos de un 50 por ciento de lo que fue la inflación en el último año.  

En este marco, el 23 de abril se realizará una marcha bajo el lema "En defensa de la educación pública". Se convocó para las 15:30 horas frente al Congreso Nacional y de allí se movilizará hasta Plaza de Mayo. Allí, se leerá un documento frente a la Casa Rosada. 

A su vez, hizo referencia a la interna del radicalismo bonaerense. El recambio de autoridades en el Foro de Intendentes Radicales marcó un viraje respecto a la fortaleza del titular del Comité Provincia, Maximiliano Abad. Además, el marplatense, compañero de bancada de Lousteau en el Senado de la Nación, se abstuvo en la votación sobre el tratamiento del DNU mientras que el presidente de la UCR nacional se paró en la vereda opuesta a la iniciativa libertaria. 

—¿Cómo tomó el anuncio del Ministerio de Capital Humano sobre el incremento decretado para los gastos de funcionamiento de las universidades?

—Es falaz que haya un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Lo que hubo ayer a última hora de la noche es un comunicado oficial donde nos hemos enterado de una nueva propuesta el Ejecutivo donde pretende actualizar un 70 por ciento los gastos de funcionamiento. Eso se suma al otro 70 que anuncio meses atrás pero que aún no se hizo la transferencia, más a allá de que este primer aumento tiene una resolución firmado. Sería un 140 a mayo, cuando ahora ya tenemos casi un 300 por ciento de inflación.

—¿La propuesta llegó formalmente al CIN?

—No hubo convocatoria oficial de parte del gobierno hacia el CIN. Esperamos que la haya. Puede que hayan hablado con algún rector en particular anunciándole la propuesta, pero muchos rectores nos enteramos por las redes sociales. Cuando convoquen a diálogo iremos con el Consejo para evaluar la propuesta.

—¿Hay posibilidades de acordar con el Ejecutivo nacional?

—Los rectores decimos que hoy no hay acuerdo, pero estamos abiertos al dialogo para llegar a ese acuerdo así como con todas las propuestas que nos hagan. Pero también queremos charlar sobre temas vinculados a la infraestructura, a los salarios docentes y no docentes, así como los programas de salud.

—¿Por qué cree que llegó esta propuesta?

—Lo cierto es que es bienvenido que hayan pasado del momento en que el vocero Manuel Adorni hablaba de “no entiendo lo que dicen” a presentar esta propuesta. Lo hacen para quitarle volumen a una movilización que será masiva y que cada vez acumula mayor adhesión de la sociedad.

—¿Es real que los presupuestos universitarios actuales no permitirían seguir funcionando durante el segundo cuatrimestre?

—Lo cierto es que la cuota de gastos de funcionamiento que nos depositaron en marzo es igual a la de enero de 2023 habiendo pasado casi un 300 por ciento de inflación. Hay que entender que cuando se habla de gastos de funcionamiento nos referimos a las tarifas de los servicios, el mantenimiento edilicio, la limpieza, la seguridad, y todo lo que no tiene que ver con los salarios.

—¿Entonces?

—Con el ajuste que recibimos ya no estamos pudiendo cumplir con nuestras funciones esenciales. Así que, si en algún momento no podemos pagar las tarifas que están en aumento constante o no podemos resolver un problema edilicio, no vamos a poder abrir las puertas. Y eso no está lejos de suceder.

⁠—¿La UNAB fue víctima del tarífazo?

—Hemos recibido aumentos de tarifas. Pero ese es sólo un componente del presupuesto que debido a gran inflación del país aumenta. Lo mismo pasa con los alquileres de inmuebles que no son propios o distintos insumos que la universidad utiliza, o el mobiliario para reponer o equipar nuestras aulas. Todo eso se afronta con un presupuesto congelado.

—¿Esto es lo que motivó la marcha del 23 de abril?

—La marcha es necesaria para visibilizar la situación crítica que están pasando las universidades y el sistema tecnológico científico argentino. La situación es crítica por el freno absoluto a las obras públicas en las universidades, por el congelamiento de las asignaciones a programas de investigación y de aquellas vinculadas a las que tienen hospitales. Además, hay una pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes. A eso hay que sumarle la no actualización de gastos de funcionamiento.

—¿En qué se gasta el presupuesto universitario?

—El presupuesto universitario se compone centralmente de dos ítems: los salarios y los gastos de funcionamiento. Los salarios se actualizan en función de la paritaria nacional que es responsabilidad del Estado nacional. En este escenario la situación también es crítica porque en la última reunión paritaria el gobierno anunció un 8 por ciento de aumento cuando en los cuatro meses del gobierno de La Libertad Avanza el poder adquisitivo de nuestros docentes y no docentes tuvo una pérdida de casi un 30 por ciento. Esto es mucho más que otros trabajadores del Estado. Además, hay que entender que los salarios representan casi un 90 por ciento del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento son, en promedio, el 10 por ciento.

—¿Debería haber auditorías en las universidades nacionales como propone el gobierno nacional?

—Claro que sí, porque las hay. Por un lado, tenemos un sistema de auditorías para la rendición de cuentas de los fondos al propio Ejecutivo Nacional en lo que respecta a asignaciones específicas. Y después está la Auditoría General de la Nación que controla nuestras cuentas y presupuestos. A eso se le suma el propio sistema de auditoría interno. Las universidades estamos permanentemente auditadas, no es una discusión real para nosotros. No es relevante pero bienvenido sea poner sobre la mesa lo que las universidades generan y lo bueno que sería tener más presupuesto para generar más conocimiento e investigación.

—¿Está de acuerdo con la idea de arancelar la educación universitaria para extranjeros?

—En términos presupuestarios, no es relevante lo que significan los estudiantes extranjeros en las universidades nacionales. Pero me parece que es un tema que, a lo sumo, se debería resolver en Cancillería. Todos los nacionalizados, por derecho constitucional, los estudios son gratuitos. Y los que no son nacionalizados que Cancillería lo evalúe. Es un tema en el que no deberían meterse las universidades.

—Pero, ¿cuál es su opinión?

—Personalmente creo que es un orgullo que nuestro país sea elegido por habitantes de otros países para venir a estudiar. Hay pocos países en el mundo que se elijan para ir a estudiar. En Latinoamérica casi que no hay otro que no sea Argentina. Bienvenido sea que suceda. Y después entender que el extranjero que estudia en el país aporte durante todo su desarrollo y estadía al país.

—¿Cómo vuelve a la sociedad lo que se invierte en las universidades?

—De muchas maneras vuelve ese conocimiento. Ayer lo veíamos con la presentación del Programa de Inserción Laboral en la UNAB. Una relación virtuosa entre la universidad y el tejido productivo, donde los estudiantes ingresan a pasantías con un alto porcentaje de efectivización laboral. O el caso de las escuelas de formación profesional, donde se certifican saberes a corto plazo lo que da herramientas para obtener un trabajo. Justo el otro día nos escribió una estudiante que hizo todos los cursos de automatización industrial. Con 26 años se convirtió en la primera operaria mujer en la planta de Coca Cola de Monte Grande.

—¿Cree que habrá un apoyo importante de parte de la sociedad a la movilización?

—Estamos viendo una adhesión y un acompañamiento de la gran mayoría de la sociedad a defender la universidad pública como generadora de oportunidades, de ascenso social y como lugar que da la posibilidad de construir un futuro mejor. Va a ser una marcha masiva donde participarán todos los actores sociales que defiendan la universidad pública, incluso de sectores con miradas contrapuestas sobre el rumbo del país pero que coinciden en lo central de la educación pública.

—¿Qué se verá en la movilización?

—En la UNAB tuvimos hace poco las primeras colaciones. La mayoría de los graduados eran primera generación universitaria de su familia. Se veía el orgullo de esos padres o madres, que no tuvieron chance de pisar un aula universitaria, mirando la cara de sus hijos recibiendo un diploma que seguramente le signifique mejores posibilidades laborales y de construir su vida con mayor libertad. Eso se verá el martes.

—¿Considera que es un hecho que puede torcer el rumbo que adoptó el gobierno sobre las universidades?

—Creo que será un punto de inflexión en la discusión con el gobierno. Deberían tomar nota de lo que va a pasar el martes.

—¿Por qué?

—Porque tienen que entender que la necesidad de un equilibrio fiscal no puede ser a costo de llevarse todo puesto. Tiene que ser en un marco de diálogo, encontrando las formas, y no a costa del funcionamiento de las universidades.

—¿Por qué cree que se dieron estas decisiones del gobierno de Milei para con el sistema universitario?

—Porque tienen una conceptualización de que todo lo que tiene que ver con el Estado funciona mal. Una conceptualización de que la educación pública no es importante o no cumple con el rol que debería. Lo cierto es que las universidades funcionan bien, como un servicio público que iguala oportunidades, lo que marca una contradicción en su conceptualización. Por eso esa agresividad.

—¿El radicalismo debe ser opositor Milei?

—Sin lugar a dudas. Así como lo plantea el presidente del Comité Nacional el radicalismo debe expresar con claridad las diferencias con las maneras y las propuestas que Milei lleva adelante. En el marco de una situación muy compleja que se heredó, el Gobierno nacional está profundizando la crisis económica y social. Como dice Martín Lousteau, con una insensibilidad sobre lo que les pasa a los argentinos con transformaciones que sí son necesarias y que hay que discutir, pero que es gobierno las quiere hacer a costa de los argentinos.

—¿A qué transformaciones se refiere?

—Es claro que debe haber una reforma laboral y también hay que hacer reforma fiscal para tener un equilibrio en las cuentas. Es importantísima la transformación del Estado a un Estado eficiente, algo que no tiene que ver con una discusión de tamaño. Pasa por dar respuestas a problemas reales de argentinos.

—¿Cuáles?

—Cuando se habla de salud pública, que lo argentinos tengan acceso a real al sistema de salud y que le dé respuestas. Cuando se hable de seguridad, que estén garantizadas las condiciones para estar seguro en el lugar donde vivimos. Lo mismo con la educación.

—¿Cómo explica la votación sobre el tratamiento del DNU en el Congreso donde Lousteau rechazó casi en soledad?

—A mí me parece que, primero, el radicalismo tiene que expresarse en términos institucionales y marcar su identidad. No está mal que se acompañen propuestas que sirvan para transformar realidades. Ahora bien, en términos personales, para mí el no DNU no lo es. Como dijo Lousteau al votar, es inconstitucional, y no hay una sola voz de un constitucionalista que diga lo contrario.

—Maximiliano Abad se abstuvo…

—Entiendo que lo habrán hablado entre Lousteau y Abad. En estas tensiones es cuando se expresa la necesidad de buscar una postura como partido. No por un acompañamiento partidario al Comité Nacional, pero sí el radicalismo tiene que dialogar. Y, particularmente en la provincia de Buenos Aires por lo que representa, debería tratar de encontrar una coordinación con el Comité Nacional. Encontrar una identidad conjunta que nos permita avanzar hacia una construcción colectiva sin mirar para atrás y así generar una alternativa. Entiendo que se va a consolidar una mayoría en el partido y una oposición a Javier Milei.

—¿En unidad con Abad?

—Creo que Abad está haciendo una buena gestión frente al radicalismo provincial y creo que vamos a poder trabajar en unidad con el Comité Nacional.

—¿Lousteau será parte de la definición de las nuevas autoridades del Comité Provincia?

—Sí. Las referencias que el espacio de Evolución tiene en provincia venimos trabajando de manera sostenida para ser protagonistas en el radicalismo de la provincia en unidad con otros actores. Construir un radicalismo cada vez más activo, que se exprese en todos los territorios, orgulloso de sus intendentes del interior y conjugando una estrategia para pelear en el conurbano bonaerense. Evolución viene siendo parte de la conducción partidaria en provincia y trabaja para protagonizar cada vez más esa conducción, entendiendo que es un momento para el consenso. Trabajamos con Abad y otros sectores del partido.

—¿Eso incluye a Facundo Manes?

—Venimos dialogando. Hay posturas públicas de Facundo que son coincidentes con las de Lousteau y consolida una identidad que el partido tiene que tener. Hay que ver cuál es el desarrollo en provincia. Ojalá todos terminemos construyendo en unidad el radicalismo provincial. También hay diálogo con Gustavo Posse y varios actores que hacen a la vida propia del partido. Es un momento de muchas coincidencias. Puede haber alguno que piense en otra cosa en marco de identidad y de la relación con el Gobierno nacional y provincial, pero lo más relevante es trabajar en conjunto.

—¿Esa unidad se podrá mantener con el PRO luego de las críticas al sistema de reparto del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal?

—En principio, hay que marcar que la ley fiscal impositiva de la provincia fue muy discutida y trabajada en el momento que hubo para hacerlo. Los artículos especifico por el que se crea el fondo y, obviamente, la forma de su distribución, fue producto del diálogo y acuerdo con los intendentes que nos trasladaron su mirada. Esto no quiere decir que no se pueda volver a discutir, pero habrá que generar instancias para que todos acuerden. Yo no sé si están dadas las condiciones. Por lo visto en las últimas sesiones, da la sensación de que no.