La Cámara Penal revisa desde ayer las prisiones preventivas y calificaciones penales contra los diez imputados en la megacausa por fraude inmobiliario, que tiene acusados a empresarios, escribanos y un sindicalista. En una extensa audiencia oral y pública, las defensas consideraron que la decisión de la jueza Mónica Lamperti de mantener presos a unos y libres a otros es "arbitraria y contradictoria", por lo que solictaron al juez Daniel Acosta que sea anulada o revocada. En tanto, la Fiscalía dijo que quiere llegar al juicio oral con la causa y que pretende hacer acusación en el corto plazo. "No corresponde tratar la calificación penal hasta ese momento", expresaron.

La Alzada escuchó los planteos de las defensas de los imputados contra la calificación penal por asociación ilícita, falsificación de documentos, estafas y hasta lavado de activos, que hizo la Fiscalía, y que la magistrada de primera instancia no modificó en su decisión de octubre pasado.

Los letrados se manifestaron desconcertados con Lamperti, ya que "no fundamentó" la decisión de mantener a algunos acusados presos por 60 días, a otros por 30; aunque sí expresó que quienes salieron en libertad bajo fianza de 800 mil pesos (el gerente de diario La Capital, Pablo Abdala; y el escribano Luis María Kurtzemann), habrían tenido una participación "más acotada" por la venta reiterada de un campo de Villa Amelia, que pertenecía a la viuda del ex camarista penal, Ernesto Navarro.

En el inicio de la audiencia, los letrados manifestaron sus quejas: "La jueza no controló la calificación ni la evidencia que la llevó a resolver las prisiones preventivas. Mi cliente está detenido hace 60 días y no tiene antecedentes. Tomó la actitud de ponerse a disposición de la Justicia y no le puedo explicar por qué se lo trata de manera diferente que a otros imputados en la causa. Todos deberían estar en su casa, pero se los trató de manera diversa", dijo el abogado Jorge Bedouret, en representación del sindicalista Maximiliano González De Gaetano, segundo comprador del campo. Por lo que pidió la "inmediata libertad de su cliente" o la prisión domiciliaria.

Los abogados Jorge Ilharrescondo y Oscar Romera hicieron una exposición de más de dos horas a favor de su cliente, el agente bursátil Jorge Oneto. Hablaron de "violación del principio de igualdad". Y tras detallar con fechas su intervención en la compra y venta del campo, Ilharrescondo reclamó: "Quiero que un tribunal me diga por qué mi cliente está preso".

El fiscal se quejó de que se llevara prueba a la audiencia de apelación y dijo que esos elementos formarán parte del eventual juicio. "Y nosotros estamos en cana", se escuchó desde el sector donde estaban los imputados. Los abogados aseguraron que el fiscal "no tiene una sola prueba contra Oneto", y agregaron que "puso a disposición de la víctima el inmueble para que el Tribunal active los mecanismos para devolverlo".

Juan Lewis dijo que sus clientes, los escribanos Kurtzemann y Juan Bautista Aliau, "fueron engañados y su participación fue la de cualquier escribano".

Adrián Martínez, abogado del dueño de la clínica de implantes dentales Marcelo Jaef y del empresario automotriz Leandro "Lelo" Pérez, se quejó de las calificaciones penales de asociación ilícita y lavado de activos. Además, consideró que no hay una pena efectiva en expectativa, sino condicional; y aseguró que no hay peligro de fuga. "Si es una asociación ilícita no puede dejar a algunos presos y a otros en libertad", advirtió.

El defensor de Abdala, Froilán Ravena, planteó que "se le pidió una fianza y varias restricciones que fueron apeladas porque son excesivas e inadecuadas".