Después de la polémica por el aumento de la dieta de los legisladores que aprobó el Senado con apoyo de todos los bloques, la bancada de Unión por la Patria pedirá una sesión especial este lunes con el propósito de tratar un proyecto que fija que el Presidente de la Nación, jueces de la Corte, legisladores nacionales y otros cargos superiores de los tres poderes del Estado no pueden cobrar por encima del equivalente a veinte salarios mínimos. A partir de allí, establece topes para los demás cargos en la función pública.

La decisión de la Cámara alta de llevar la dieta de los senadores a 4,2 millones de pesos generó un controversia en La Libertad Avanza. Si bien tuvo el apoyo del oficialismo y la oposición, como reconoció la vicepresidenta Victoria Villarruel, legisladores "libertarios" buscaron tomar distancia de la votación, después del ataque de Javier Milei a los senadores. Incluso, desde los bloques de LLA y del PRO anunciaron que presentarán propuestas para dar marcha atrás.

En ese contexto, la bancada de UxP decidió solicitar una sesión especial para debatir un proyecto del senador José Mayans, acompañado también por las senadoras María Teresa González y María Carolina Moises.

La propuesta apunta a fijar un tope máximo a los haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados de la administración pública nacional y empresas y sociedades del Estado. Establece que, para el Presidente, vicepresidente, jueces de la Corte, senadores, diputados, procurador general, defensor general, consejeros de la Magistratura, auditores generales, defensor del Pueblo y personal del Servicio Exterior, sus remuneraciones no podrán superar los 20 salarios mínimos (que hoy equivale a 202.800 pesos).

Ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo Nacional, magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público, entre otros, no podrán superar los 15 salarios mínimos, según establece el proyecto. La escala baja, a partir del rango de secretarios de Estado, a 10 salarios mínimos y, a partir de directores de empresas y sociedades del Estado (como YPF), a 9 salarios mínimos.