El diputado provincial Marcos Corach (PJ) lanzó esta semana una pregunta clave para el futuro de Santa Fe. El gobierno de Maximiliano Pullaro ¿descarta totalmente la privatización de la Empresa Provincial de la Energía? Y la verdad es que no. Consultado el propio gobernador respondió que se encontraron con una empresa desfinanciada, con un déficit muy grande y sumamente desordenada. “Vamos a trabajar fuertemente para darle un orden y que la empresa pueda ser eficiente”, dijo. Cuando otra periodista le repreguntó por la venta de la empresa eléctrica insistió en que están trabajando en la eficiencia y en los cambios que tiene que tener la EPE para brindar un buen servicio “que no es el que está brindando en este momento”. Pero no dijo que no. Pullaro reconoció que hay fondos internacionales interesados no sólo en la Empresa Provincial de la Energía, sino también en otras empresas del rubro en el país.

El diputado peronista recordó además en una entrevista en Radio 2 que durante la campaña a gobernador de Omar Perotti “el socialismo y el radicalismo decían que Perotti iba a privatizar la EPE y resulta que son ellos los que ahora están barajando esa posibilidad”. Corach tildó a las dos principales fuerzas del frente Unidos para Cambiar Santa Fe que gobierna la provincia de “ser socios del gobierno de Javier Milei” y de “ir en contra de lo que siempre dijeron históricamente desde el socialismo y el radicalismo”.

El conflicto empezó con la difusión esta semana de una auditoría interna de la Empresa Provincial de la Energía que arroja un supuesto déficit operativo de la compañía eléctrica del orden de los 30 mil millones de pesos. Además de una gran deuda con la mayorista Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A) y la consigna de que unos 100 empleados de la propia empresa son “morosos” en el pago de sus facturas de luz. “Me hacen acordar a (el ex interventor de la EPE en el gobierno de Carlos Reutemann, Antonio) Caro que le pagaba a los medios para hablar mal de la empresa porque querían venderla”, dijo un dirigente político con conocimiento técnico del negocio energético y se preguntó “por qué no hablan de los 3900 empleados de EPE que sí están al día con sus facturas”.

La auditoría fue difundida por el presidente del Directorio de la Empresa Provincial de la Energía, Hugo Marcucci que es un director político con poco conocimiento técnico del tema que sí desarrolla con solvencia la secretaria de Energía Verónica Gesse que ya ocupó ese cargo en la gestión de Miguel Lifschitz. Las fuentes aseguran que el propio gerente Ejecutivo de Gestión Técnica de la empresa, Marcelo Cassin, había desaconsejado a Marcucci la difusión de la auditoría por considerarla “no demasiado sólida”. Según sostienen el informe fue elaborado por personal que había sido desplazado de la EPE en épocas de Perotti, pertenecientes al gremio de Luz y Fuerza de Santa Fe históricamente enfrentados con el gremio de Rosario que conduce Alberto Botto.

Ex directivos de la empresa aseguran que cuando tomaron la EPE en diciembre de 2019, el gobierno de Lifschitz había dejado “una deuda de 5000 millones de pesos” y desmienten la deuda con Cammesa que ahora se difundió porque “habíamos conseguido una quita de 13 mil millones de pesos de parte de la mayorista”. Sí admiten que no aplicaron el último ajuste tarifario y que eso produjo un retraso pero sostienen que “los que ahora gobiernan Santa Fe, cuando eran oposición en la Legislatura, pedían frenar cualquier posibilidad de aumentos”. La auditoría de la EPE “termina siendo un compendio de excusas para poder justificar los tarifazos”, aseguró Corach.

"Convirtieron a la EPE en un banco para los grandes clientes, para financiar a grandes empresas el pago de la energía: convenía no pagar y pedir cuotas. Y las pérdidas sumaron 26.000 millones de pesos", lamentó en conferencia de prensa, el propio Marcucci. Y aseguró que "se regalaron las tasas de interés de un insumo industrial, se ubicaron a un nivel bajísimo respecto de la inflación, era una tasa de interés de un 10% de la que existía en el mercado, y eso fue un subsidio directo a los grandes usuarios", subrayó. Directivos anteriores niegan esa especie y señalan que sólo hubo aportes del tesoro del orden de los 7000 millones de pesos “durante los cuatro años de la gestión”.

Balas que nadie nombra

El diputado provincial, Miguel Rabbia (PJ), insistirá esta semana con un pedido de informe en relación a las municiones encontradas en la escena del crimen de dos taxistas rosarinos en marzo pasado, que llevaban grabadas las iniciales de la Policía de Santa Fe. Es que al legislador, y a muchos otros también, les llama la atención que este hecho ni siquiera se haya mencionado en la larguísima audiencia imputativa en la que quedaron al descubierto autores materiales e intelectuales de los asesinatos que conmocionaron a la ciudad y al país. Incluso se llegaron a conocer detalles muy finos como el de los hechos previos al asesinato del chofer de la línea K de colectivos, donde los autores materiales tuvieron un choque con un móvil de Gendarmería que ni siquiera los persiguió.

Rabbia le da importancia al tema porque recuerda que en la gestión de Pullaro como ministro de Seguridad del gobernador Lifschitz “desaparecieron 800 mil municiones que había comprado la provincia. Hasta hoy no hay certezas de dónde están”, deslizó. Y destaca también que durante el gobierno anterior se realizó una compra de un millón y medio de municiones que tenían la sigla PSF (Policía de Santa Fe), con el objetivo de que puedan ser identificadas en el caso de pasar al mercado ilegal. La iniciativa cumplió su cometido, ya que dos de esas municiones fueron identificadas en dos de los recientes episodios. “Es necesario que la justicia también investigue esa cuestión, de dónde salieron las municiones que llegaron a manos de delincuentes”, aseguró el diputado.

El proyecto con el que insiste Rabbia fue presentado en 2022 y obtuvo media sanción en 2023. Busca que todo armamento adquirido lleve grabada la imagen de la provincia o las siglas de la Policía de Santa Fe. En el texto se refiere a datos del Departamento Judiciales de la Policía de la Provincia, que expone que entre 2015 y 2021 se extraviaron 483 armas cortas y 30 largas. Además, se iniciaron expedientes por la desaparición de 800 mil municiones provistas a la policía entre 2018 y 2020. En este contexto, Rabbia señala que así como aparecieron estas balas en los últimos asesinatos, “uno se pregunta si no habrá sucedido que muchas de las municiones que desaparecieron en aquel entonces hayan terminado en estos enfrentamientos”.

Jueces que no están

Rosario y Rafaela son de las ciudades más resentidas en el servicio de justicia porque no se cubren las vacantes de jueces y fiscales de otros fueros que no pertenecen a la justicia penal. Familia, Civil y Comercial, Laboral son de las áreas más complicadas en ese sentido. “Es lo que requiere la mayor cantidad de la población, porque los asuntos penales pueden tener gran repercusión pública pero sólo competen a una pequeña parte de la sociedad”, apuntan desde el Colegio de Magistrados que en estos días pidieron al gobernador Pullaro que acorte los tiempos para los nombramientos.

La oposición en la Legislatura recuerda perfectamente e invita a revisar el archivo periodístico, cuando el entonces diputado provincial Fabián Bastía (hoy ministro de Gobierno) admitió en el recinto que esos pliegos no se iban a aprobar “por una decisión política”. Es decir, simplemente porque los había propuesto el gobierno anterior. Por eso hoy faltan en la provincia unos 29 fiscales y jueces que para algunas localidades que tienen sólo uno o dos magistrados puede ser dramático.