El amplio acuerdo que logró la Ministra Aurora Vergara Figueroa para alcanzar la aprobación unánime en la Cámara, con elevadas mayorías incluido en el primer debate en el Senado, al proyecto de ley que consagra la educación como derecho fundamental, puede leerse en dos sentidos, uno fuerte y otro débil.
En el primer caso, parecería que, por fin, las diferentes fuerzas políticas, las expresiones gremiales, las organizaciones, los colectivos y activistas, las comunidades y el gobierno, han gestado un escenario deliberativo y decisional firme que pone de presente la importancia de garantizar los principios, recursos y requerimientos que demanda la transformación del servicio educativo para que garantice la disminución de las profundas brechas de acceso, permanencia, inclusión en trayectorias formativas completas.
Con ese talante, las expresiones de la Ministra, en el sentido de que ha resultado posible "demostrarle al país que podemos construir consensos alrededor de la educación", resultan alentadoras y promisorias, pensando en que el país político podría encontrar alternativas sensatas para negociar sus diferencias y poner de presente en la decisión legislativa lo que verdaderamente resulta fundamental para orientar las políticas que la ciudadanía reclama.
Sin embargo, cuando se advierte la férrea oposición de amplios sectores en Cámara y Senado, abiertamente en contra de las reformas sociales por las que murieron decenas de jóvenes, mientras otros perdieron sus ojos, extremidades o la libertad, se eleva el desencanto con quienes, con sus acciones dilatorias y manifiestos bloqueos a la normal diligencia de las propuestas, contrarían el querer popular.
Ello evidenciaría un segundo sentido, muy débil, en el sorprendente unanimismo con el que pareciera que ambas cámaras decidirán esta ley; pues indicaría que a la educación y sus potencialidades se les considera intrascendentes en las ilaciones corporativas que animan a dichas células. Esta inquietud surge del hecho de que, al inicio de su presentación, diferentes voces de académicos, empresarios, dirigentes gremiales y políticos representantes manifestaron fuertes críticas a esta iniciativa.
Sumado a ello, ha resultado contradictorio que en discursos de elite y narrativas oficiales suela exaltarse el papel transformador de la educación, sin que se tomen medidas para robustecer sus presupuestos, mejorar las infraestructuras, asegurar la mayor cualificación del magisterio y apuntalar las condiciones de mejoramiento de la calidad para alcanzar la excelencia educativa.
De hecho, el que esté todavía en discusión una polémica iniciativa que recortaría significativos recursos destinados a financiar la educación pública, asignando bonos con cargo al presupuesto de la nación para que las familias matriculen a sus hijos en colegios privados, bajo el supuesto de que con tales vouchers se subsidia la demanda para aumentar la competencia con la educación pública. Nada más abyecto que menguar los recursos necesarios para funcionar, afirmando que de esa manera se puede mejorar.
El paso de 21 a 47 artículos en el texto que consagra el carácter fundamental del derecho de la educación, pone de presente que los servicios educativos estatales y de los particulares que lo oferten igualmente, deben asegurar la plena garantía para el disfrute y realización del mismo, desde la educación inicial de tres grados hasta la mayor inclusión gratuita en la educación superior, sin menoscabo alguno a su carácter público.
Queda claro que la estatutaria de la educación resulta necesaria y había sido insufriblemente retardada en el trámite legislativo, a descontento de los sostenidos reclamos del movimiento social. También es de resaltar la meticulosidad y diligencia con la que la Ministra Vergara y su equipo jalona el finiquito legislativo para que contemos con “un sistema educativo más equitativo, inclusivo y de calidad para todas y todos los colombianos", sumando al de la estatutaria, el actual apoyo a la reforma de la educación superior, y la necesaria consideración parlamentaria e una nueva Ley General de Educación y del currículo vigente para las nuevas realidades y demandas formativas del siglo XXI.
Resulta halagüeño igualmente constatar que el país cuenta con una ministra de Educación tan diligente como firme en sus ejecutorias, capaz de generar acuerdos que respeten y armonicen las diferencias en pro del avance hacia un panorama educativo incidente en la transformación de factores determinantes de las manifiestas desigualdades que padecemos.
Lo que queda pendiente de examen es la reacción de las diferentes fuerzas interesadas en controlar no sólo las narrativas y los discursos escolares, sino las partidas presupuestales y los procesos de contratación que deban emprenderse en el propósito de afianzar la naturaleza impostergable y demandante del derecho que ahora se consagra fundamental.
Entre otros aspectos resaltantes, el consenso alcanzado en el debate legislativo debería crecer en otros ámbitos, especialmente cuando el empresariado, los diferentes grupos de interés y las organizaciones sindicales agrupadas en FECODE controviertan sobre el rumbo que deba darse a la política pública educativa.
Así, por ejemplo, tendría que confirmarse en el desarrollo de asuntos trascendentales para el afianzamiento del derecho fundamental a la educación, considerando la vinculación de muchos más maestros para asegurar el preescolar de tres grados y ajustar las relaciones técnicas con un menor número de estudiantes por docente.
También, deberá ampliarse y no recortar las alternativas formativas en la educación media obligatoria buscando articulaciones robustas de los procesos técnicos y tecnológicos con el SENA y las instituciones de educación superior.
En igual sentido, consolidar las estrategias formativas de nuevos maestros y el acompañamiento y profesionalización de los actualmente vinculados, requerirá afianzar el tono dialógico en las negociaciones laborales respecto de la jornada, el mejoramiento salarial y la cualificación posgraduada del magisterio.
Ojalá que. Igualmente, el tratamiento constitucional que corresponde a la forzosa revisión en la Corte constitucional, favorezca y ahonde el clima de entendimiento que parece estar ganando en la discusión de los asuntos educativos, de manera que en el macondiano país de García Márquez “sea posible la felicidad y las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan, por fin y para siempre, una segunda oportunidad sobre la tierra”.
*Doctor en Educación. Es autor y coautor de varios libros y artículos en torno a los estudios de la afrodescendencia. Rector de la IE Santa Fe – Cali. Colombia.
Publicado originalmente en www.diaspora.com.co
