La situación de Rosalía Paniagua, la empleada doméstica detenida por el asesinato del ingeniero Roberto Wolfenson en un country de Pilar, se complica y ahora el fiscal Germán Camafreitas pidió su prisión preventiva, al acusarla del delito de homicidio criminis causa.
El hecho ocurrió el pasado 22 de febrero cuando el ingeniero apareció muerto en su casa dentro del country La Delfina. En principio el certificado de defunción señalaba que murió de forma natural, pero las pericias corroboraron que lo mataron.
A fines de marzo, después de una exhaustiva investigación que tenía más dudas que certezas, se llevó a cabo la detención de Paniagua, de 34 años, quien trabajaba como su empleada doméstica. Tres días después de su captura, la mujer declaró y acusó que la víctima tenía un amante y que él había sido quien lo asesinó.
Aun así, la Justicia sostiene que su testimonio no fue eficaz ya que se comprobó durante el allanamiento de detención que en su poder tenía varias pertenencias de la víctimas, entre ellas su celular.
"Con el claro fin de procurar su impunidad, aprovechando su calidad de empleada doméstica, dentro de la habitación de huésped ubicada en la planta alta de la finca mencionada, mediante la utilización de un elemento en forma de lazo, y mediante golpes, la aquí imputada Paniagua lo colocó alrededor del cuello del señor Roberto Eduardo Wolfenson Band y provocó su asfixia hasta su muerte, para luego darse a la fuga con los objetos de valor sustraídos", señala el escrito presentado por el fiscal al que tuvo acceso Infobae.
Y, sobre la declaración que hizo Paniagua, Camafreitas destacó: "Una cosa es mentir para ejercer su derecho de defensa legalmente amparado; y otra cosa es mentir para desviar el curso de la investigación, circunstancias puesta de relevo en todos los dichos de la aquí imputada, ya que fueron desvirtuados con prueba científica y testimonial a lo largo de la investigación."
Previo a que se diera a conocer este pedido, el jueves 4 de abril se llevó a cabo una inspección ocular en la vivienda del ingeniero, donde estuvieron presentes el fiscal y los abogados Tomás Farini Duggan y Alejandro Broitman.
