En apenas cuatro meses de gestión, el gobierno de La Libertad Avanza está llegando al núcleo de su “batalla cultural”: la batalla con las Universidades Nacionales y el sistema educativo en general. Esta batalla expresa de manera cada vez más contundente una disputa por los niveles de distribución económica y los modos de dominación social existentes en la Argentina. Las Universidades Nacionales: centros de formación profesional y de investigación que no sólo contribuyen con la creación de las fuerzas productivas de nuestro país, sino que también y, ante todo, constituyen sus bases más esenciales por calidad y excelencia, tradición y desarrollo sociocultural. Las Universidades: mecanismos de ascenso social que distinguen a la Argentina de otros países de la región y del mundo. Universidades de acceso libre y gratuito, que reciben diariamente a millones de estudiantes sin importar su religión, sus creencias o su posición política.

Hace más de un siglo, la Reforma Universitaria de 1918 dio un primer y trascendental paso hacia las Universidades que hoy conocemos. Hace menos de un año, Milei venía advirtiendo que las Universidades iban a estar en el blanco de la drástica y profunda reforma que implementaría en caso de ganar las elecciones presidenciales del 2023. Lo que ayer parecía una idea impracticable, hoy es una realidad que gana sustancia y forma. Los gestos de los últimos días así lo demuestran, con declaraciones que fueron subiendo de tono a medida que se pronunciaban los más altos niveles de la estructura gubernamental. Primero fue Sandra Pettovello, funcionaria a cargo de “Capital Humano”, un ministerio cuya denominación deja entrever cómo se concibe y qué cabe esperar para las áreas de educación, ciencia, cultura, trabajo y desarrollo social. Después se pronunciaron los ministros de Economía y del Interior, Luis Caputo y Guillermo Francos, así como Javier Milei y su hermana, Karina Milei. Este domingo por la noche, la secretaria General de la Presidencia de la Nación señalaba a través de la red social X que la marcha “no es en defensa de la educación pública. Es en contra del Gobierno”, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advertía por televisión que “puede haber provocaciones” en ocasión de la aplicación del protocolo antipiquetes.

El Gobierno está preocupado por la marcha universitaria convocada para este martes 23 de abril en todos los puntos del país. La preocupación es genuina. Al menos desde las últimas dos semanas, se viene dando un cambio de atmósfera en la comunidad universitaria. Algo se percibe en el ambiente: asambleas estudiantiles autoconvocadas, calurosos debates en clase, abrazos a edificios, videos en las redes y variados testimonios que devuelven la conciencia sobre la importancia que la educación pública tiene para la Argentina. Más genuina aún es la inquietud de las y los estudiantes que ven la posibilidad de que las Universidades dejen de funcionar tal y como han funcionado desde hace más de setenta años. Con virtudes y falencias que siempre son saldables, pero, sobre todo, en forma libre y gratuita.

Las respuestas del Gobierno parecen titubeantes, pero van en ascenso. Primero se habló del gasto que implica brindar educación universitaria a estudiantes extranjeros y se planteó la necesidad de cobrar aranceles. La idea misma no sólo atenta contra el artículo 2° bis de la Ley de Educación Superior (24.521), sino que además es irrisoria en cuanto a sus resultados. Según un relevamiento realizado en 2021 por el hoy degradado Ministerio de Educación, sólo un 4,3 por ciento de la matrícula total del sistema universitario estaba compuesta por estudiantes procedentes de otros países, bajando a un 4 por ciento para el caso de las Universidades de gestión estatal y subiendo a un 5,5 para las Universidades de gestión privada. Como solían decir algunos funcionarios de la Alianza Cambiemos que apoyan al gobierno de turno: “hecho mata relato”.

Así las cosas, el gobierno de La Libertad Avanza retomó una idea expuesta en los albores de la última campaña presidencial: que las Universidades –y, supuestamente, todos los niveles del sistema educativo de gestión estatal– funcionan como centros de “adoctrinamiento”. Algo que sólo puede afirmar un pensamiento desembozadamente doctrinario, teniendo en cuenta que la educación de gestión estatal está compuesta por instituciones distribuidas a lo largo y a lo ancho del país, con miles de trabajadores y millones de estudiantes procedentes de diversos contextos sociales, culturales y económicos. ¿Cómo adoctrinar una realidad tan rica en variables y matices? Pero tal vez habría que plantear otra pregunta: ¿qué sería, desde la óptica del presidente Javier Milei, una educación “no doctrinaria”? Muy posiblemente, sería una educación basada en los conocimientos “objetivos y universales” de la economía, aunque la misma historia de la ciencia económica indique lo contrario. Curiosa paradoja: en nombre de la libertad –esto es: la libertad tal como la entendía un reducido grupo de economistas austríacos–, el Gobierno parece animarse a imponer un pensamiento único, vale decir, una doctrina.

Más allá de estas contradicciones, la cuestión es bastante seria, sobre todo para un gobierno que busca su principal base de apoyo en la juventud argentina. Durante estos últimos días, miles de jóvenes que no superan los 20 años de edad ven cómo la discusión política trasvasa las redes sociales y se cuela entre los pasillos, los bares y las aulas de las Universidades. Hay que entender el hecho en profundidad. Son jóvenes que experimentan de primera mano un fenómeno político y social que está en la tradición más profunda de nuestro país y que hoy parece salir nuevamente a la superficie: la resistencia universitaria. Este martes 23 de abril muchos de esos jóvenes saldrán a las calles y no será precisamente para apoyar al Gobierno, sino para participar, quizá por primera vez en sus vidas, de una protesta política masiva.

Efectivamente, nos encontramos en las puertas de un evento político que mancomuna a diversos sectores por encima de sus preferencias electorales, sus posiciones frente al gobierno y sus ideologías. Una marcha empujada por la unión entre estudiantes, docentes y personal no docente. Una marcha que cuenta con la adhesión de estudiantes de importantes Universidades privadas. Y es que, en efecto, toda educación es necesariamente una cuestión pública.

La Marcha Federal Universitaria no sólo puede ser un punto de inflexión en cuanto al desarrollo y la intensidad de la protesta social contra las políticas económicas implementadas por el Gobierno; además, puede ser un punto de partida para pensar y llevar adelante el país del mañana. Para un gobierno que propone un solo futuro construido a base de políticas de shock y ajustes interminables, las Universidades son necesariamente el centro de la batalla. En aulas y pasillos, en clases abiertas y otros espacios de encuentro, ahora mismo se está debatiendo el presente. Quizá sobre la marcha y por distintos caminos, también se esté comenzando a construir otro futuro posible para el pueblo argentino.

* Pablo Martín Méndez es doctor en Filosofía, politólogo y profesor universitario.