“Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tenemos la vocación de apuntalar la producción rural y fomentar el arraigo en todos los municipios del interior, por eso desde el primer día de nuestra gestión hemos acompañado al sector con todos los recursos que hemos tenido a disposición, comprendiendo la enorme diversidad y la existencia de problemas históricos y estructurales”. Con esas palabras, el gobernador Axel Kicillof resumió el encuentro que este lunes reunió a los diferentes sectores del ruralismo provincial con autoridades del Gobierno bonaerense en el Salón Dorado.
En el encuentro estuvieron presentes autoridades de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), la Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), Federación de Productores de la Provincia de Buenos Aires (Febapri), Mujeres Rurales Argentinas, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Federados y representantes de Agricultura Familiar.
“Mejoramos 5 mil kilómetros de caminos rurales, creamos la Policía Rural e impulsamos la construcción de centros universitarios para promover que las y los jóvenes puedan realizar sus estudios superiores en sus localidades”, detalló el mandatario provincial ante los representantes que elevaron diversas inquietudes en torno a la situación que atraviesan las diferentes regiones del campo bonaerense.
“Como lo hemos hecho durante la sequía con los instrumentos del Banco Provincia, nuestra intención es continuar trabajando junto al sector para sostener la producción”, añadió Kicillof, que estuvo acompañado por los ministros de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y de Economía, Pablo López; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.
El reclamo a la Nación
Entre las problemáticas planteadas en la reunión se relevaron cuestiones que se relaciona tanto en lo que refiere a cuestiones climáticas, como también a macroeconómicas que corresponden al gobierno nacional. Entre ellas, se hizo hincapié en la necesidad de que el Gobierno nacional convalide el decreto provincial de emergencia agropecuaria 2157/23, que abarca a 39 municipios bonaerenses, y convoque a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria para tratar el decreto 50/24, que incluye a otros 12 distritos, para que los productores de las zonas afectadas puedan acceder a los beneficios impositivos a nivel nacional y a los créditos especiales del Banco Nación.
Al respecto, a principios de abril, el ministro Javier Rodríguez envió una carta al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella, en la que les solicitó una pronta resolución de la situación de “vulnerabilidad extrema” que hoy atraviesan más de 700 productores por la falta de respuesta del Estado nacional.
En ese sentido, Rodríguez remarcó que en la reunión se insistió con el “compromiso de trabajar junto a los productores y los distintos representantes del sector para seguir promoviendo el desarrollo local en toda la provincia”. “Nos llevamos las inquietudes de las diferentes entidades agropecuarias en el marco de una agenda muy amplia y abierta a todos los temas”, afirmó y añadió: “vamos a insistir con el mecanismo de cumplimiento de la emergencia agropecuaria y otros temas que han sido prácticamente abandonadas por el Gobierno nacional”.
En el encuentro también se abordó el reclamo por el impuesto inmobiliario rural que llevaron algunos sectores de la producción, en torno a lo cual se estableció que ninguna partida estuvo por fuera de lo que establece la Ley Impositiva que votó la Legislatura Bonaerense en diciembre pasado, ni hubo errores en las liquidaciones. “No somos un gobierno que esté en contra del sector agropecuario, todo lo contrario: vamos a acompañar a los productores con agenda abierta para sostener la actividad”, concluyó Kicillof.
También se analizó la situación de la cosecha de maíz frente a la plaga de chicharrita, que ya provocó una fuerte baja en las proyecciones de producción de las entidades privadas. Asimismo, se abordó la apertura de la importación de alimentos, como el caso de la carne de cerdo y derivados, y la falta de planificación sanitaria por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
