El primer ministro conservador británico, Rishi Sunak, anunció el lunes que su proyecto de expulsión de inmigrantes irregulares a Ruanda, que se enfrenta desde hace dos años a trabas legales, se aplicará "pase lo que pase". Los vuelos al país africano empezarán "en 10 o 12 semanas", afirmó el primer ministro durante una rueda de prensa destinada a presentar los medios utilizados por el gobierno para organizar estas expulsiones, y que tiene lugar en una jornada crucial en el Parlamento en la que finalmente se aprobó el proyecto de ley. Un grupo de relatores de Naciones Unidas cuestionaron el papel de las aerolíneas y de las administraciones de aviación civil, advirtiendo que podrían ser consideradas "cómplices" de violar el Derecho Internacional si facilitan de alguna manera las deportaciones.
La cruzada antimigrante de Sunak
"Despegarán, pase lo que pase", insistió Sunak, cuyo proyecto de ley era una respuesta a la decisión del año pasado del Tribunal Superior de Justicia británico que frenó en noviembre el plan, al considerarlo ilegal. El texto estuvo en las últimas semanas en una fase de "ping-pong", yendo de la Cámara de los Lores a la de los Comunes en busca de consenso en el Parlamento británico. Luego de varios debates infructuosos, el proyecto de ley volvió este lunes a la Cámara de los Comunes, donde fue aprobado en la madrugada del martes.
Desde su llegada a Downing Street, hace un año y medio, el conservador Rishi Sunak busca concretar el proyecto del gobierno de Boris Johnson, lanzado en 2022 y que no ha conseguido ponerse en marcha. Sunak hizo de la lucha contra la inmigración irregular una de sus prioridades y quiere poner en funcionamiento el proyecto antes de las elecciones legislativas británicas.
De cara a esos comicios, sin fecha todavía, pero que deben realizarse antes de fines de enero de 2025, los conservadores, que llevan 14 años en el poder, están en clara desventaja en los sondeos respecto a los laboristas. El nuevo proyecto de ley obliga a los jueces a considerar a la nación del este de África como un país seguro para los expulsados y otorga a los ministros el poder de ignorar secciones del derecho internacional y británico de derechos humanos.
El gobierno mostró su rechazo a ceder a las dos enmiendas solicitadas por los Lores cuando los Comunes examinen el texto. La primera enmienda de la Cámara de los Lores, órgano consultivo de los Comunes, que votan las leyes, pide la exención de la deportación para las personas que trabajaron con el ejército del Reino Unido en el extranjero, como los intérpretes afganos. La otra enmienda pide un supervisor independiente para determinar si Ruanda es realmente un país seguro.
En virtud de las reglas parlamentarias, cuando las dos cámaras no se ponen de acuerdo sobre una pieza legislativa, la última palabra la tienen los Comunes por su carácter democrático. "No más evasivas, no más demoras. El Parlamento se sentará allí esta noche y votará sin importar lo tarde que llegue. Sin peros, estos vuelos van a Ruanda", agregó Sunak este lunes, antes de la votación.
"A partir del momento en que se apruebe el proyecto de ley, comenzaremos el proceso de eliminar a los identificados para el primer vuelo", dijo Sunak. "Comenzaremos los vuelos y detendremos los barcos" porque "la gente quiere hechos, no palabras. No voy a describir qué va a pasar ni cuándo", agregó el primer ministro, que no quiso aportar detalles operativos de las deportaciones para evitar que grupos contrarios a la medida puedan frustrar los despegues.
Sunak se mostró "confiado" sobre la legalidad del nuevo plan, incidiendo en que respeta las obligaciones internacionales de Reino Unido, pero deslizó de nuevo la posibilidad de desligarse del Tribunal Europeo de Derechos Humanos si adopta algún tipo de decisión al respecto. "No vamos a permitir que un tribunal extranjero impida que los aviones despeguen", zanjó el primer ministro durante una rueda de prensa en la que llamó a "priorizar la seguridad nacional" por encima de cualquier otra consideración política o jurídica.
Pedido de la ONU a las aerolíneas
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos recordó este lunes a las compañías y autoridades aéreas que "no deben facilitar" el traslado "ilegal" a Ruanda de demandantes de asilo en Reino Unido en caso de ratificarse los acuerdos de inmigración alcanzados entre ambos países. "Las aerolíneas y las autoridades reguladoras de la aviación podrían ser cómplices de la violación de derechos humanos al facilitar expulsiones a Ruanda", afirmaron los expertos en un comunicado, entre ellos el relator sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi.
Los expertos advierten que estas expulsiones a Ruanda o a cualquier otro país donde los solicitantes de asilo corran riesgo de devolución a sus países de origen violarían su derecho a ser protegidos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por ese motivo recordaron a las compañías y autoridades aéreas que, en caso de permitir estas deportaciones, "deberán ser consideradas responsables de su conducta".
Los representantes de Naciones Unidas expresaron su preocupación al gobierno británico, así como a varios organismos reguladores como la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido, la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea y la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA). Firman también el comunicado la relatora especial de la ONU sobre la tortura, Alice Jill Edwards, y la relatora sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Siobhán Mullally.
