El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció ayer que el Gobierno creará un impuesto al vino, que estará en el orden del 10 por ciento, y generó un cimbronazo no sólo en el sector, sino también adentro mismo de la alianza Cambiemos. La vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, la número dos de la provincia que gobierna un importante aliado del Ejecutivo, Alfredo Cornejo, consideró que Dujovne “no entiende nada de las economías regionales” y pidió una “reconsideración” de la medida.
Montero criticó con dureza al ministro que tiene a su cargo la reforma tributaria. “Son medidas que, sin dudas, profundizarán la crisis en el sector vitivinícola”, afirmó. La presidenta del Senado mendocino acusó a Dujovne de “arruinar años de trabajo público-privado en el posicionamiento del vino argentino dentro del mercado” y advirtió que este nuevo gravamen afectará a los consumidores, que sufrirán un aumento del producto, y también a los productores pequeños ya que, estimó, habrá una retracción del consumo. “Habrá concentración de bodegas”, denunció.
Por otro lado, Montero se mostró preocupada por la afectación directa que sufrirá el trabajador al manifestar que: “El productor, eslabón más débil, reducirá su participación en la cadena y se dañará su empleo”.
En un comunicado divulgado a la prensa, la vicegobernadora mostró un pequeño informe en que revela el nulo efecto de la supuesta rebaja de impuestos anunciada por Hacienda. “La rebaja de impuestos propuesta mediante ganancias, impuesto al cheque y laboral- solo compensa el 30 por ciento del total del nuevo impuesto”.
Para explicar la situación, Montero informó que las ventas de bodegas al mercado interno son de aproximadamente 1800 millones de dólares y que el impuesto del 10 por ciento implicará una recaudación de 180 millones de dólares. “Ahora bien, eliminar los Aportes Patronales, en cinco años con un mínimo no imponible de 10 mil pesos por empleado, significaría una reducción de 0,8 por ciento en relación a las ventas del sector al quinto año; computar progresivamente el Impuesto a débitos y créditos bancarios como anticipos a Ganancias implicaría bajar un 0,6 por ciento de costos al sector; bajar del 35 por ciento a 25 por ciento el impuesto a las Ganancias (cuando estas se reinviertan en la empresa con todas las medidas impositivas que se toman, se estima en un 1,4 por ciento de reducción”.
“Conclusión, la reducción propuesta es 2,8 por ciento de las ventas totales a lo largo de cinco años, mientras que el impuesto a aplicar alcanzará el 10 por ciento”, dijo Montero.
La vice de Mendoza también aprovechó para mandar un tiro por elevación en tono de crítica por la concentración de la toma de decisiones. “En tiempos donde vamos hacia una normalidad macro económica, cuando se empiezan a advertir inversiones, crecimiento; no podemos dilapidar esta oportunidad y lastimar una economía regional con una medida de este tipo”, señaló.
“La situación de las economías regionales, en muchos casos, están al límite por arrastrar una crisis proveniente del gobierno anterior. Es mi deber señalar cuando algo no está bien, entendiendo que se corresponde con un gobierno nacional que está abierto al diálogo”, indicó la vicegobernadora.