Este miércoles 24 de abril a las 17 horas, en el salón Montevideo de la Legislatura porteña se realizará un encuentro para denunciar la criminalización de la población migrante y visibilizar la intención de los gobiernos locales y nacional de restituir el decreto de necesidad y urgencia 70/2017 del macrismo, que modificó la Ley de Migraciones y permitió la expulsar extranjeros del país en forma exprés entre 2018 y 2021. “Observamos con preocupación la vuelta de discursos y decisiones que expresan una discriminación manifiesta hacia la población migrante en nuestro país. Ese decreto trajo consecuencias muy graves en la población migrante y sus familias, en especial a mujeres migrantes y a sus hijos. Todavía hoy seguimos acompañando a esas familias que fueron separadas violentamente”, dijo a Página|12 Gabriela Liguori, directora ejecutiva de la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (Caref), una de las organizaciones que convoca al evento.

Desde la asunción de Javier Milei, las agrupaciones que trabajan con migrantes han notado un aumento en la xenofobia tanto en los discursos como en las políticas: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recicló su protocolo represivo y pidió por la restitución del DNU 70/2017 que ya había implementado como funcionaria del expresidente Mauricio Macri.

Asimismo, Liguori afirmó que otras “señales de alarma” que detectaron fueron “la propuesta de cobrarle un arancel a personas extranjeras en las universidades públicas” para las carreras de grado y la decisión de distintos gobiernos provinciales de cobrar la atención médica a extranjeros en hospitales públicos, como es el caso de Salta.

“Hay un clima de época que facilita cuestiones que van absolutamente en contra de todas nuestras normas, tanto de la Ley Nacional de Migraciones como los tratados internacionales que están en nuestra Constitución o las leyes que tienen que ver con salud pública -sostuvo la directora ejecutiva de Caref-. Se va generando una escalada donde la población migrante queda en el ojo de la tormenta, como un grupo particularmente vulnerable y al que se lo marca como responsable de las dificultades por las que atraviesan, por ejemplo, la educación, la salud o la seguridad”.

En 2017, el expresidente Macri dictó el DNU -que en 2021 dio de baja el gobierno de Alberto Fernández- que modificó una docena de artículos de la Ley de Migraciones y que estableció nuevos impedimentos para el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país, aceleró los trámites de expulsión y redujo las garantías procesales. Migraciones podía solicitar la expulsión de personas extranjeras que habían cometido delitos -que en general eran delitos menores- y que habían cumplido su condena o de quienes todavía no tenían una condena firme en tiempos tan breves que no daban lugar a despedirse de sus familias y mucho menos a una legítima defensa. La expulsión, además, podía implicar la prohibición de reingreso a Argentina de por vida.

Según datos que obtuvo Caref, durante los dos primeros años de vigencia del DNU, el 54 por ciento de las órdenes de expulsión (casi 5.000) fueron por irregularidad migratoria y el 43 por ciento restante (casi 4.000), por condenas que no estaban firmes.

“El DNU tuvo un impacto subjetivo muy fuerte en la separación de las familias. Por primera vez comenzamos a observar expulsión de mujeres, muchas de ellas jefas de hogar con niños y niñas a cargo que habían nacido en otros países y niños y niñas argentinos”, expresó Liguori. Las madres eran expulsadas, mientras que los niños quedaban en el país.

Uno de los casos más conocidos fue el de Vanessa Gómez Cueva, una mujer peruana que vivía en Argentina hace 15 años y que había cumplido una condena de cuatro años de prisión por infringir la ley de drogas. A principios de 2019, la Policía Federal fue a buscarla a su casa en La Plata, de donde se la llevaron con su hijo lactante de dos años "para firmar unos papeles". Al día siguiente los subieron a un avión para expulsarlos del país, separándola de sus otros dos hijos. Gracias a la mediación de Naciones Unidas pudo regresar y reunirse con su familia.

El legislador Matías Barroetaveña, que organiza el evento en la Legislatura, opinó: “Es imperativo proteger los derechos de las personas migrantes y sus familias en el proceso penal, considerando siempre el principio del interés superior del niño y evitando que los casos de violación de derechos lleguen a instancias internacionales”.

Para Liguori, el DNU “operó en condiciones de absoluta violencia institucional, generando expulsiones que entendemos eran absolutamente injustas y discriminatorias”. Y finalizó: “Hay muchas razones por las cuales no es deseable en lo más mínimo volver a lo que planteaba el DNU. Ya la Ley de Migraciones prevé en qué casos el Estado argentino puede expulsar extranjeros y el procedimiento que garantiza una debida defensa para que sea posible. El DNU rompe con todo eso y genera mucho daño no sólo en las personas expulsadas, sino también en su entorno”.