El presidente Javier Milei conserva un nivel de aprobación cercano al 50 por ciento, según diversos sondeos. La última encuesta de Aresco, correspondiente al mes de marzo, registra un apoyo un poco superior: 54 por ciento.

Más allá de algún punto más o menos, lo más interesante del relevamiento es cuando se indaga en las razones del respaldo ciudadano. El 49,3 por ciento responde que “Milei representa un cambio respecto a los políticos que no quería más”. Por su parte, el 45,1 por ciento “confía en que va a mejorar la situación económica”. En otras palabras, la condición de “outsider” pesa más que la confianza en la política económica. El estudio revela que el 70 por ciento de los consultados afirma estar peor que antes.

Los presidentes siempre gozan de una luna de miel inicial. Ante un cambio de gobierno, la esperanza en un futuro mejor es un sentimiento lógico, sobre todo en las audiencias menos politizadas. Ahora bien, los períodos de gracia no son eternos, aunque nadie pueda afirmar cuando terminan. Las lecciones históricas enseñan que la legitimidad de origen se refuerza o debilita en función a los resultados.

Desde ya que la falta de contención estatal a los sectores más vulnerables, aparte de ser un acto de injusticia social, erosiona el capital político de cualquier gobierno (y viceversa). Además de eso, el disconformismo de la clase media es un factor de peso para medir el termómetro social. En la Argentina, los procesos de pauperización de los segmentos medios acentúan el deterioro del clima social.

Por caso, la caída de Fernando De la Rúa tuvo mucho más que ver con el corralito bancario que con el accionar de los movimientos sociales. La irrupción de una franja de nuevos pobres, con status de clase media, es una bomba de tiempo política.

En esa línea, la licuación salarial es una fábrica de nuevos pobres. Según el indice Remuneración Imponible de Trabajadores Estables (RIPTE) de febrero, los salarios aumentaron un 11,5 por ciento en el segundo mes del año frente a una inflación que alcanzó el 13,2 por ciento. Así, el salario real registrado acumula una caída del 23,9 por ciento desde noviembre del año pasado. Es la mayor caída real cuatrimestral desde que se elabora el índice RIPTE. Esos datos corresponden a los trabajadores registrados. Es decir, el universo “privilegiado” que aún reviste en las filas de la formalidad.

En su cuenta de X, el sociólogo Daniel Schteingart apunta que “la caída del salario real en lo que va de 2024 está entre las cinco más grandes de la historia argentina de los últimos 90 años, con 1959, 1976, 1989 y 2002”. Con respecto a esa última caída, el salario real tardó cuatro años en recuperar el poder adquisitivo perdido en 2002.

Prepagas

El retroceso de los ingresos de las capas medias marida mal con los fuertes incrementos de la medicina prepaga. El sistema sanitario argentino está fragmentado en tres subsistemas: de seguro social (obras sociales), público y privado.

Las políticas desreguladoras de los noventa habilitaron la subcontratación de gerenciadoras privadas por parte de las obras sociales. En concreto, el Decreto 9/93 suprimió la afiliación obligatoria a la obra social correspondiente al sindicato de la rama de actividad.

Ese nuevo marco legal fomentó una migración de los fondos de los trabajadores con mejores remuneraciones a la medicina prepaga. El “descreme” de los aportes de los mayores sueldos rompió con el principio solidario propio del sistema. El resultado de ese proceso fue el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales y la consolidación de fuertes asimetrías en las prestaciones sanitarias.

“La población empleada en relación de dependencia pero con sueldos bajos quedó cautiva de su empobrecida obra social de origen porque sus aportes no le interesaban a las prepagas ni a las obras sociales más ricas”, apunta Leonel Tesler en ¿Con la democracia se cura? Recorrido por cuarenta años de políticas sanitarias en la Argentina, publicado en la Revista Bordes de la UnPaz.

La crisis del 2001/2002 también impactó en la medicina prepaga. En El Proceso Regulatorio de la Medicina Prepaga en Argentina, Martin de Lellis explica que “tras la salida de la convertibilidad se produjo una caída pronunciada de las afiliaciones, experimentando un retroceso del orden del 17 por ciento en el período que media entre junio de 2001 y junio de 2003. Este fenómeno se complementó con el denominado efecto 'cascada', en el cual asociados de las empresas cuyas cuotas eran más elevadas fueron desplazándose hacia las empresas con cuotas resultaban más accesibles”.

La amenaza del “miedo a caer en el hospital público”, que sintió cierto universo social, fue reconstruido por el investigador Sergio Visacovsky en su trabajo Experiencias de descenso social, percepción de fronteras sociales e identidad de clase media en la Argentina post-crisis.

“En general, mis interlocutores entendían que quienes acudían al hospital público lo hacían porque 'no tenían nada'. Para quienes intentaban evitar por diferentes medios recurrir a dicha alternativa o a la obra social de los jubilados, los límites físicos del hospital público o el ingreso a la órbita de la obra social de los jubilados demarcaban la frontera de un espacio al cual nunca deberían ingresar. Ese dominio perteneciente a los pobres afloraba peligrosamente en el horizonte de quienes veían descender sus ingresos o niveles de vida; y, así, amenazaba destruir la privacidad hogareña que debía, necesariamente, prolongarse en el espacio de las clínicas y sanatorios, en la eventualidad de que algún miembro de la familia necesitase una internación”, relata Visacovsky.

La recuperación económica-social posconvertibilidad volvió a engrosar el padrón de afiliados de la medicina prepaga. Por el contrario, el panorama actual tiene reminiscencias con lo observado en el 2001/02. Según un estudio reciente realizado por la consultora D'Alessio Irol, el 70 por ciento de los usuarios de medicina prepaga contempla la posibilidad de realizar cambios en la cobertura de salud. La mayoría respondió que averiguará por un plan menos costoso y un diez por ciento optaría por abandonar esta cobertura.

En la actualidad, el 36 por ciento de la población asiste al subsistema público, el 61 por ciento es cubierto por las obras sociales y el 13 por ciento restante contrata planes de salud con empresas de medicinas prepagas. La suma supera el 100 por ciento porque algunas personas tienen doble cobertura.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo de las cuotas de las prepagas ya representan el 30 por ciento del ingreso familiar promedio, casi triplicando la incidencia que tenía en el período 2013-2019. En noviembre de 2023, la tarifa de la prepaga representaba el 17 por ciento del ingreso familiar.

En particular, el informe sostiene que “en la evolución del valor real de la prepaga en los últimos 12 años hay cuatro etapas. En 2016-2018 subió un 61 por ciento en 19 meses. En la actualidad, subió un 59 por ciento en tan solo 4 meses. La recomposición actual se está haciendo en la quinta parte del tiempo”.

El informe concluye que “el valor relativo del servicio de salud subió respecto de la inflación y también – respecto de los salarios formales de los trabajadores argentinos”. Esto generó centenares de pedidos de medidas cautelares en los estados judiciales, muchos de ellos con resolución favorable, reclamando una readecuación del valor de las cuotas.

Desregulación

Ese escenario fue habilitado por la desregulación sectorial implementada por el DNU 70/2023. Además, la Secretaría de Comercio derogó una resolución que obligaba a las empresas de medicina privada a remitir un informe periódico sobre el valor de las cuotas.

Un dato de color: el superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, designado por el gobierno de Javier Milei, era el director de procesos y sistemas de OSDE. La Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) es la principal compañía de medicina prepaga, con un poco más del 30 por ciento del padrón total.

A partir del dictado del decreto, las principales compañías aumentaron sus. cuotas alrededor del 160 por ciento, en los primeros cuatros meses de 2024. El porcentaje de incremento fue muy similar en las empresas más representativas del sector (Galeno, Omint, Medicus, Swiss Medical y OSDE).

Por eso, la Coalición Cívica presentó una denuncia por cartelización a los integrantes de la Unión Argentina de Salud (UAS), que estaba presidida por el dueño de Swiss Medical Claudio Belocopitt, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Reacción oficial

El malestar generado por el aumento de las prepagas golpeó al gobierno nacional. El que salió primero a arrojarse sobre la granada fue el ideólogo del DNU, Federico Sturzenegger. El ministro sin cartera sostuvo que "si vos mirás el precio de las prepagas, lo que ocurrió durante 2022 y 2023 es que se pararon de una manera que no era sostenible y el precio al que se ajustaron es para recuperar eso, pero ni siquiera".

Sin embargo, el gobierno se alejó de las declaraciones del expresidente del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri. La razón para ese viraje puede ser porque afecta a un sector socioeconómico donde el mileismo pisa fuerte. O quizás porque ese festival de aumentos tuvo un amplio impacto mediático negativo, a pesar de que sólo afecte al 13 por ciento de la población.

Lo cierto es que todo comenzó cuando Caputo dijo que a esos empresarios “se les fue la mano”. Luego, el ministro de Economía posteó que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”. Por su parte, Javier Milei replicó un mensaje en las redes sociales en que tildaban de “garca y sorete” al dueño de Swiss Medical Claudio Belocopitt. Acto seguido, la Superintendencia de Servicios de Salud anunció que estaban "evaluando una serie de medidas para llevar a cabo a partir de presuntas prácticas abusivas" por parte de las entidades de medicina prepaga.

El siguiente paso de comedia fue la renuncia de Claudio Belocopitt a la presidencia de la Unión Argentina de Salud. Finalmente, la Secretaría de Comercio emitió una resolución administrativa que retrotrajo el valor de las cuotas de los afiliados de las principales prepagas a diciembre.

Desde esa base, la medida de tutela anticipada prevé un ajuste mensual por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La resolución, apoyada en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), tendrá una vigencia de seis meses.

A su vez, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) presentó un pedido de amparo ante la justicia por “abuso de posición dominante”. La bandera del libremercado y la autoregulación fue archivada, en este caso, para moderar la irritación de un sector social que influye en la agenda mediática. Política de ingresos 1, Libremercado 0. El partido continúa.

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