Con la entrada en vigencia en Santa Fe de la ley que modifica el Código Procesal Penal provincial, y en relación al plazo para imputar a una persona detenida, el camarista Alfredo Ivaldi Artacho expresó que el mismo se "extiende enormemente". Es que según se indicó, una detención puede llegar a 30 días sin que la persona conozca de qué se lo acusa. "Las nuevas leyes extienden el plazo por el cual una persona detenida estará, primero 96 horas sin saber qué delito se le imputa". Y en casos complejos "se fija un plazo de 15 días, más otros 15, en el cual la persona queda detenida sin saber qué delitos se le atribuyen”, detalló. Para el magistrado, "da pie a que se detenga para investigar".
"La ley reforma en varios artículos al Código Procesal Penal y tiene normas que se necesitaban, otras que es complicado implementarlas y otras que me parece que van a traer problemas. No me refiero a nada relacionado con restringir las facultades de fiscales y jueces en materia de prisión preventiva, o relacionado a la puerta giratoria, que no hay, sino otras leyes que van a tener que generar un compromiso entre la policía, los fiscales y los jueces, para que funcione todo aceitadamente", sostuvo en LT8.
En relación al protocolo posterior a una detención, el magistrado consideró que "en los momentos más álgidos de la detención de una persona, que son las primeras horas, los primeros días, todo este sistema es reformulado totalmente por la ley, en forma bastante conflictiva y difícil de implementar", dijo luego de detallar que actualmente se lleva en los primeros días a un detenido a audiencia imputativa y de análisis de la prisión preventiva. "Ya en 2018 se habían duplicado los plazos del código original de 2014. Así que tenemos hoy en día vigentes plazos cuatro veces superiores a los de 2014, para delitos ordinarios". La normativa sí fija una audiencia en 24 horas, donde un juez revisa la legalidad de la detención.
Para el magistrado, "el problema principal" es que "innecesariamente, en principio, las nuevas leyes extienden enormemente el plazo (para ir a audiencia imputativa), sin necesidad de hacerlo, porque el sistema viene funcionando bien en cuanto a prisiones preventivas. Esos plazos se duplican, por lo que una persona puede estar detenida 96 horas sin saber qué delito se le imputa, más otros 4 días, en delitos ordinarios. En materia de delincuencia organizada, que tampoco era necesario, ahora se fija un plazo de 15 días, más otros 15, sin que la persona sepa cuáles son los elementos en su contra". Eso genera "un problema en un área que no había que crearlo".
También se refirió a la situación carcelaria. “En la provincia de Santa Fe, en 10 años de la reforma procesal penal se pasó a tener más del doble de detenidos que en 2014, hablamos de 10.500 detenidos. Las cárceles de las comisarías comienzan a estar colapsadas”, sostuvo.
En ese sentido, agregó que la nueva legislación "da pie a que se detenga para investigar. En cualquier país civilizado se investiga y luego detiene. Obviamente que hay situaciones extraordinarias en las que la persona es sorprendida en la comisión de un hecho y ahí se advierte el delito y se la empieza a investigar. Acá parece ser que se lo detiene, se lo deja sin comparecer ante un fiscal y ante un juez para que se lo impute, con un plazo extensísimo de hasta 30 días".
Más temprano, también se refirió al tema el abogado penalista Gustavo Feldman, quien en la misma emisora sostuvo que "el cambio radical es que ahora el fiscal va a poder estar mucho más tiempo que antes sin necesidad de hacer conocer los motivos, la prueba, la calificación legal, ni la descripción precisa del hecho, a un detenido preventivamente". Y agregó que "hay una contrapartida, que hay que ver cómo se aplica, y es que dentro de las 24 horas de la detención tiene que ponerlo a disposición del juez (de garantías) y ahí seguramente empezarán las polémicas", en relación a si será "una mera formalidad, una involución; o una cuestión de control" sobre la detención.
