Desde que asumió el gobierno nacional la educación está atravesando un ajuste sin precedentes; y las instituciones universitarias a nivel nacional han sido, sin dudas, de las más perjudicadas por el congelamiento presupuestario con el peligro de no poder mantenerse operativas lo que resta del año.
El origen del problema reside en que se mantuvieron las mismas partidas presupuestarias del 2023. El año pasado alcanzaron los 1,38 billones de pesos y, actualizadas por la inflación que estima el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de 189 por ciento para 2024 representan una caída del presupuesto en términos reales del 66 por ciento respecto al año anterior. En tanto, para tener el mismo funcionamiento que el año pasado, el presupuesto necesario para las universidades aumentó hasta los 4 billones de pesos.
En la mayoría de las 57 universidades nacionales los gastos se centran en el pago de salarios, que ocupan alrededor del 90 por ciento, por lo que el desfinanciamiento impacta de lleno en los bolsillos del personal docente y no docente de las instituciones educativas que acumulan una caída del 40 por ciento de su poder adquisitivo en lo que va del año.
Límites en las inscripciones a materias, cierres de comisiones, talleres y laboratorios, falta de insumos, cortes en los servicios de luz y gas, son ejemplos de la gravedad de la situación descrita. En base a los gastos operativos de las universidades y contemplando la inflación presente, las universidades estarían utilizando la totalidad del presupuesto para abril y mayo.
¿Por qué el aumento que propone el gobierno no alcanza?
La propuesta inicial del gobierno contempla una suba del 140 por ciento respecto al año anterior únicamente sobre gastos de funcionamiento y sin recomposiciones salariales de ningún tipo. Esto no solo no alcanza a nivel presupuestario, ya que los gastos de funcionamiento representan poco más del 10 por ciento del total, sino que no llega a cubrir los aumentos tarifarios que afrontan las instituciones, ni alcanzar la inflación interanual que sigue incrementándose llegando al 287,9 por ciento.
Todavía queda pendiente que el gobierno se expida sobre el aumento de los salarios docentes y el financiamiento necesario para continuar con las actividades referidas a la ciencia e investigación, como también a las obras de infraestructura necesarias para el mantenimiento de las facultades. Lo que queda claro es que el problema de fondo no se trata de un tema de administración de recursos, sino la escasez absoluta de ellos.
Ideología y política
El rechazo de Milei hacia todo lo que dependa del Estado para enaltecer al sector privado encuentra su límite cuando existen áreas en las que el privado no puede reemplazar en su totalidad al Estado. La función social de las universidades choca con el principio de exclusión de los privados, que relega a aquellos que no logran pagan por el bien o servicio que consumen.
La prioridad del gobierno actual hacia la educación privada con subsidios en forma de vouchers, al mismo tiempo que se desfinancia la educación pública es otra prueba de la búsqueda constante de la privatización y arancelamiento del sistema educativo argentino. Los continuos ataques del presidente a la sobre-ideologización y el supuesto lavado de cerebros de las universidades públicas hacia los alumnos por la bibliografía utilizada en algunas carreras, aun cuando es la misma que se utiliza en diferentes países del mundo, es la única justificación con la que cuenta el gobierno para continuar con el ajuste.
Las expresiones de distintos ministros, como Luis Caputo o Patricia Bullrich, haciendo alusión a que no existe un problema presupuestario y que todo se reduce a una cuestión de mala administración de fondos y falta de auditorías sobre el uso del presupuesto dejan en evidencia una desconexión con la realidad por parte de los funcionarios que, lejos de buscar solucionar los problemas, desvían la atención del conflicto y socavan toda posibilidad de dialogo. Desacreditar las protestas y minimizar los esfuerzos por mantener las universidades abiertas a pesar de los recortes reflejan la falta de comprensión sobre el funcionamiento del sistema educativo como también de la crisis socioeconómica que atraviesa el país.
Al
analizar cómo evolucionó el presupuesto universitario en los últimos gobiernos
no es difícil darse cuenta de que no solo se trata de una cuestión
presupuestaria sino ideológica y de prioridades que abarca a diferentes
espacios políticos. Durante los dos mandatos de Cristina Kirchner el
presupuesto aumentó de forma ininterrumpida por ocho años mientras que, en el
gobierno de Macri, en tres de los cuatro años de su gobierno, el presupuesto
universitario cayó en términos reales. Lo mismo ocurrió en los dos últimos años
del gobierno de Alberto Fernández antes de que Milei acelere y profundice el
ajuste.
¿Un gasto preponderante?
En el marco de la búsqueda del equilibrio fiscal, la educación se volvió objeto directo de ajuste. Pero: ¿Cuánto representa realmente en el gasto?
Según la ley de financiamiento educativo el gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología debería abarcar el 6 por ciento del PBI. Aun así, pocas veces la meta del 6 por ciento se cumplió. Para poner en perspectiva con otro tipo de gastos, en 2023 el presupuesto para los servicios de la deuda pública representó el 2,36 por ciento del PBI mientras que el presupuesto universitario fue del 0,73 por ciento.
Dicho esto, es importante entender sobre las consecuencias y el riesgo de ajustar en las universidades que tanto en Argentina como en el resto del mundo desempeñan un papel fundamental en la economía, tanto en la formación de capital humano -en muchos casos reduciendo la desigualdad y fomentando la movilidad social ascendente-, como en el desarrollo de investigaciones que generan impactos positivos en términos de innovación tanto a nivel nacional como regional.
Por lo tanto, la relación entre lo exiguo que representa la educación universitaria en el gasto respecto al producto y los beneficios que provienen de ello vuelven irracional y contraproducente cualquier medida tomada por el gobierno de efectuar ajustes sobre la universidad pública. Sobreideologización más que eficiencia.
*Analista económico
