La interna de la UCR está a flor de piel en el Congreso. Luego de una discusión en el bloque radical de Diputados -en la que un sector de los correligionarios bajó a la sesión en defensa de las universidades y el de Rodrigo de Loredo retaceó el quórum-, el titular del partido, Martín Lousteau buscó diferenciarse. El senador presentó un pedido de sesión especial respaldado por integrantes de otros bloques (el PRO, el peronismo federal) para tratar un proyecto similar al que De Loredo se negó a tratar en Diputados. El proyecto establece la emergencia presupuestaria para las universidades y busca reponer por ley los fondos que reclama la comunidad académica.

Se sabe: el radicalismo viene hace tiempo dividido. Un sector busca cooperar con el gobierno de Javier Milei: en Diputados, la cara visible de ese espacio es De Loredo, pero detrás está el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo. Otro sector aspira a un perfil más opositor, con Lousteau como principal exponente. El día siguiente a la marcha universitaria -de la que había participado en Córdoba, aunque no fue muy bien recibido-, De Loredo optó por no dar quorum en la sesión pedida por UxP para tratar el presupuesto universitario. Solo bajaron los diputados que responden a Facundo Manes y lo que De Loredo llamó -en sus explicaciones de por qué no bajaron a discutir el proyectos para favorecer a las universidades- "una comitiva".

El argumento de De Loredo fue sencillo: no había que acompañar al kirchnerismo, que buscaba "politizar" el reclamo universitario. Mientras explicaba esto a un grupo de periodistas -a los que también les dijo que lo trataban "bien en la calle"-, un chofer de colectivos frenó para gritarle: "Aprobá el presupuesto, sorete". Una escena sacada de Los Simpson. 

Contraataque

Los diputados de Evolución, que responden a Lousteau, sí habían bajado a la sesión fallida en Diputados. Pero el titular del Comité Nacional de la UCR consideró que no podía quedar el radicalismo como el que frustró una solución legislativa a lo que plantean las universidades, un bastión histórico del partido. Por eso, avanzó con una iniciativa similar, pero desde el Senado.

Presentó un pedido de sesión especial en la Cámara alta para que el próximo martes se debatan los proyectos de ley sobre financiamiento de las instituciones educativas. "Frente al desfinanciamiento del sistema universitario, llevado adelante por el Poder Ejecutivo Nacional, pedimos el tratamiento urgente de estos proyectos, que tienen el fin de lograr sostener y garantizar el acceso a la educación superior y las funciones de docencia, investigación, salud y extensión que cumplen las universidades nacionales", planteó Lousteau. Pareció un mensaje para De Loredo.

Contra las objeciones de De Loredo, las firmas que reunió Lousteau son todas de integrantes de lo que fue Juntos por el Cambio: entre los firmantes están la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri; Alejandra Vigo, de Hacemos Córdoba; y Carlos Espínola, de Unidad Federal. A ellos, se sumaron los radicales Eduardo Vischi, Maximiliano Abad (titular de la UCR Buenos Aires), Daniel Kroneberger, Pablo Blanco y Flavio Fama.

La pregunta que se hacían en ese sector es: si los proyectos avanzan y pasan a Diputados, ¿De Loredo también se negará a tratarlos?

Entre las iniciativas que Lousteau pide tratar está un proyecto de su autoría, que declara la "emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional en el ejercicio presupuestario 2024" y propone "atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales". También plantea una fórmula de actualización del presupuesto universitario teniendo en cuenta la inflación y las tarifas de los servicios públicos.

Hay otra baterías de proyectos similares, como los de la senadora Silvia Sapag, que eleva la inversión pública en el sistema universitario a 5,8 billones de pesos para este año (el Consejo Interuniversitario Nacional había pedido 3,5 billones) y otro que establece el incremento progresivo y sostenido del presupuesto destinado a la educación universitaria, para llegar al 1,4 por ciento del PBI en 2032.

Si el martes se tratan, será una forma de presionar al Ejecutivo, que ese día tiene pautada una reunión con los rectores donde el negociador pasará a ser el secretario de Educación, Carlos Torrendell.