“Es un momento de detracción de derechos e intento de disciplinamiento. No van a lograr que renuncie”, dice Luis Arias, juez del fuero contencioso administrativo de La Plata. El Gobierno lo tiene entre ceja y ceja y hoy el jurado de enjuiciamiento bonaerense definirá  si le inicia un proceso de juicio político. Arias es conocido por dictar resoluciones que ponen en primer plano los derechos de los sectores más vulnerables. Falló contra el tarifazo, contra el DNU que disolvió la Afsca y abortaba la Ley de Medios, a favor de los docentes, la paritaria y el derecho a huelga. 

La acusación contra Arias por supuesto “mal desempeño”, que lidera el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, acumula hechos asombrosos. Desde el punto de vista formal los cargos son “incompetencia o negligencia”, “incumplimiento de sus deberes”, “irregularidades en procedimientos a su cargo” e “intervención activa en política”. Arias es juez desde hace trece años. Asumió en el fuero contencioso administrativo bonaerense cuando recién se creaba.

La denuncia que origina el “paquete” por el cual se lo acusa estuvo vinculada con las inundaciones en La Plata cuatro años atrás. El gobierno bonaerense, por entonces al mando de Daniel Scioli, quería evitar que el número de víctimas superara al del accidente ferroviario de Once, donde murieron 52 personas. El gobierno local decía que debía intervenir la justicia penal; Arias sostenía que la competencia era suya. El número de víctimas que daba el gobierno era de 51 personas. El juez puntualizó que hubo personas que murieron en la vía pública y se consignaron como fallecidas por causas naturales; y que hubo personas enterradas con un mismo nombre, entre otros ejemplos.  “El único que terminó investigado fui yo”, se lamenta el juez, que explica que las víctimas fueron 89 y que la Corte falló a favor de su competencia. Aun así, fue denunciado por haberle indicado al fiscal penal Jorge Paolini que no podía ser él quien estableciera el cómputo de las víctimas. Un primer jury impulsado por eso fue archivado. Pero la cuestión fue reflotada ahora.

Otro tramo de las imputaciones consideran una irregularidad que Arias ordenara la atención de un preso en un hospital, ya que tenía una infección generalizada después de haber sufrido la amputación de una pierna y no recibía tratamiento adecuado en la cárcel. También le imputan que en causas donde estaba en juego el derecho a la vivienda falló por frenar desalojos masivos pero la policía no quería cumplir sus órdenes sino la de los jueces penales de echar a la gente. En la localidad de Abasto, por ejemplo, indicó que los agentes no debían avanzar contra 950 familias en su mayoría de paraguayos y bolivianos; lo mismo en un predio de Ferrobaires, donde también había familias con consentimiento de esa empresa, pero el desalojo era pedido porque al lado había un country en construcción. Lo acusan de generar roces con la policía. La desobediencia policial, pasó como si nada. 

Por último, se lo acusa por firmar un documento en defensa de la democracia que cuestionaba, entre otras cosas, la detención de Milagro Sala. Hablaba de la situación de deterioro económico, social e institucional con críticas al macrismo.

El jurado está integrado por cinco legisladores designados por sorteo (dos del Frente Renovador, uno de Cambiemos, uno de Cumplir y otro del peronismo), cinco abogados de la matrícula, y la presidenta es la jueza Hilda Kogan. Basta que seis estén presentes y que cuatro voten en el mismo sentido para una resolución que  tomarán hoy.