Luego de la autorización que dio esta semana la Justicia Penal, la Provincia comenzó ayer con el el proceso de demolición de siete puestos de venta de estupefacientes, vinculados al preso Alejandro "Chucky Monedita" Núñez, alojado en la cárcel de Piñero y señalado recientemente como instigador de los crímenes a los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, cometidos en marzo pasado, en el marco de la saga de homicidios de trabajadores. En ese contexto, las autoridades provinciales y fiscales del Ministerio Público de la Acusación llegaron a dos inmuebles donde se realizaron los primeros operativos, y destacaron que se trata de una "normativa inédita en la provincia", que tiene un "impacto real en el barrio para las personas que sufren la presencia de los narcos". 

El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, encabezó el procedimiento de demolición, en el marco de la Ley de Microtráfico, que ya en enero pasado tuvo una primera tanda de derribos, en los barrios Ludueña y Tablada, relacionados con otros casos. 

El primero de los operativos tuvo lugar en calle Anchorena al 1500, de barrio Tablada. En total, la medida incluye siete inmuebles, todos relacionados a la banda investigada por los homicidios de cuatro trabajadores en marzo pasado, que incluyó los crímenes del colectivero Marcos Daloia y el playero Bruno Bussanich.

Acompañado en el lugar por los fiscales Patricio Saldutti, Franco Carbone y Adrián Spelta, Cococcioni sostuvo que “se inició una tanda de inactivaciones coercitivas de puntos de venta de estupefacientes, algunos de ellos contiguos y otros en algunos puntos de la cercanía, pertenecientes todos o vinculados a la actividad ilícita de un grupo de personas relacionadas no solo al tráfico de estupefacientes, sino a homicidios -al menos dos- de alta connotación social que han tenido lugar hace casi dos meses y nos han conmocionado a todos”.

Los procedimientos, según indicó, se realizan con "supervisión de los fiscales que vinieron a cumplimentar la medida en persona, y procederemos a inactivar físicamente  mediante el derribo. El lugar deja de funcionar", sostuvo. 

En ese contexto, el fiscal Saldutti, de la unidad de Homicidios Dolosos del MPA, destacó que “este lugar en particular, en relación a los hechos que se ventilaron en audiencia la semana pasada, era un lugar donde se reunían los distintos miembros del grupo que cometió varios de los hechos. En particular fue donde estaban reunidos y donde fue el punto de partida para dirigirse a cometer el hecho del primer taxista asesinado, el 5 de marzo pasado”, detalló. 

En la misma línea, resaltó que “por todas las causas están detenidos los autores materiales y el grupo de instigadores, y particularmente en este lugar se diligenciaron allanamientos donde fueron aprendidas algunas de estas personas”. 

Por su parte, el fiscal Carbone aseguró que “los vecinos celebran este tipo de medidas, además del impacto real que tiene en el barrio para las personas que sufren la presencia de los narcos. Lo que es novedoso es el derribo de la instalación por esta normativa inédita en la provincia. Ahora estamos acompañados por esta ley y por el Poder Ejecutivo provincial que nos agiliza estas cuestiones para poder solucionar, de alguna manera, la vida a las personas que viven acá”.

Sobre los bunkers, dio cuenta de que hay algunos que estaban instalados hace tiempo: “El de calle Lamadrid (al 1600), hace no menos de 20 años que hay registro”, ejemplificó. Además de los dos puntos mencionados, la autorización que dio días atrás la jueza Paula Álvarez, a pedido de la Ficalía, alcanza inmuebles de Alem al 4000 y Ayacucho al 4000.