Todo está dispuesto para que el Gobierno de Javier Milei vuelva a insistir este lunes en la Cámara de Diputados con la versión reducida de su ley Bases –aunque ahora sumó una reforma laboral— y el paquete fiscal. El oficialismo y los bloques colaboracionistas, llegan al recinto con los dictámenes de mayoría para ambos proyectos y confían en que tendrán las manos suficientes para la aprobación en general. Pero saben que los números son muy finitos en los puntos más conflictivos del texto de casi 400 artículos y que cualquier error durante un debate, que promete ser maratónico, podría significar el sacrificio de algunos de ellos en la votación en particular. El objetivo de La Libertad Avanza es atravesar el fin de semana sin hacer olas y evitar confrontaciones que enturbien un panorama optimista, aunque las declaraciones del ministro de Interior, Guillermo Francos, afirmando que la Casa Rosada volverá a la carga por la privatización del Banco Nación (que la oposición dialoguista obligó a quitar del proyecto) encendió nuevas alarmas entre sus propios aliados.

Poroteo

La danza de números y el poroteo sobre los votos que podría alcanzar los proyectos son cálculos diarios entre oficialistas, aliados y opositores. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, hizo su propio pronóstico: "Estamos arriba de 126 voluntades. Algunos manifestaron abstenciones. Vamos a trabajar incansablemente para irnos con la media sanción", dijo a LN+.

Menem sabe que contaría con un caudal mayor de votos que le garanticen al menos 129, la mitad más uno de los integrantes de la Cámara baja. En febrero, consiguieron en la votación en general 144 votos a favor y 119 en contra, hasta que las derrotas que se presagiaban sobre muchos de sus 664 artículos (que entonces contenía la ley) obligó al oficialismo a devolver la iniciativa a comisiones, desconociendo que eso significaba el regreso a fojas cero y la derrota del proyecto. Ahora, las consecuencias que acarrea la política económica del Gobierno han modificado ese panorama y aún dentro de las bancadas colaboracionistas hay quienes quieren hacer valer sus divergencias.

La atención del Gobierno y del propio riojano está puesta en los artículos del proyecto que todavía generan conflictos con sus aliados. Una lista de temas que integran, entre otros, la delegación de facultades al Ejecutivo; fusiones, intervenciones y privatizaciones de organismos estatales; Ganancias, Régimen Impositivo para Grandes Inversiones (RIGI) y Ley del tabaco.

Algo que quedó registrado en la firmas de los propios dictámenes que el lunes estarán en el recinto. De las 61 firmas que obtuvo el proyecto oficialista, unos 19 de los dialoguistas mas férreos firmaron “con disidencia parcial”, todos ellos de la UCR y HCF, a lo que se suma la Coalición Cívica (CC) y el Partido Socialista con sus propios dictámenes en minoría. Y los de UxP y el FIT por el rechazo.

Mientras que el paquete Fiscal reunió 27 firmas, 8 de ellas con “disidencias”, también de la UCR y HCF; además del rechazo de UxP y el FIT. Aunque la caprichosa conformación de la comisiones que realizó Menem no contempla la proporcionalidad de la integración de la Cámara, todas esas disidencias se harán sentir en el recinto.

Entre los dialoguistas, la CC --que integra en bloque que conduce Miguel Pichetto-- rechaza de plano las facultades delegadas, igual que muchos diputados provinciales. Los gobernadores patagónicos no están de acuerdo con la reimplantación del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores, con pisos de 1,8 millón de pesos y 2,3 millones para los casados, y habría una mayoría de la UCR que no estaría dispuesta a acompañar el regreso del impuesto con esos pisos.

Legisladores que responden a gobernadores tampoco están de acuerdo con el RIGI (Grandes Inversiones), porque establece arancel 0 para las importaciones de insumos. Otro grupo de diputados también lo rechazaría alineado con la postura del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su advertencia que la medida podría transformar a la Argentina en una plaza de “blanqueo o lavado de capitales”.

Artículos donde los números entre la aprobación y el rechazo son muy finos, y un puñado de diputados inclinaría la balanza. Especialmente si UxP sostiene a toda su tropa encolumnada para aportar los votos que garanticen la mayoría numérica que pueda hacerlos caer.

Alarma privatista

Mientras la estrategia parlamentaria del oficialismo es no hacer olas para sostener los más frágiles acuerdos con los dialoguistas, el ministro Francos volvió a la carga con uno de los temas más sensibles en la relación del Gobierno con sus aliados: la privatización del Banco Nación.

Luego que los bloques colaboracionistas obligaran al oficialismo a sacar al Banco Nación de la lista de las privatizaciones por falta de consenso, el ministro se quejó de "varios de los sectores de la política argentina que lo consideran como un estandarte de empresa pública". Francos sostuvo que pese a quitar al Banco Nación de la lista de privatizaciones, el Poder Ejecutivo "no deja de lado ese debate" y que está decidido a darlo "otra vez" más adelante o por separado.

El dirigente gremial bancario y diputado nacional por Tucumán, Carlos Cisneros (UxP), salió en defensa del BNA: "Los trabajadores bancarios marchamos para presentar el proyecto que busca evitar la privatización del Banco de la Nación Argentina que tiene un millón de firmas, conseguidas a lo largo y ancho del país".

Aunque el rechazo a la insistencia de Gobierno surgió desde la oposición más dura, también encendió alarmas entre aquellos que consideran que hay que darle herramientas al gobierno pero no acuerdan por el desguace del principal banco del país. Algo que también podría repercutir el lunes en el recinto.