El proyecto de reforma tributaria contempla la eliminación de impuestos internos para smartphones, televisores y electrónicos producidos en el país, lo que significará el tiro de gracia para el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, principal polo tecnológico. “La aprobación de este proyecto significaría la disolución territorial de nuestra Provincia”, sostuvo ayer la gobernadora fueguina Roxana Bertone a través de su cuenta Twitter, desde cual también difundió la carta que le envió al presidente Mauricio Macri en la que solicita una audiencia para tratar el tema. Por su parte, su ministro de Industria, Ramiro Caballero, viajó a Buenos Aires para tener un encuentro con su par nacional de Producción, Francisco Cabrera, con el objetivo de solicitar que se frene el proyecto. La iniciativa de reforma fiscal anunciada esta semana contempla una quita de la alícuota de 17 por ciento de impuestos internos para estos rubros, lo que se suma a la eliminación del arancel de 35 por ciento para la importación de notebooks y tablets, que provocó más de 2400 despidos. Según datos de las cámaras empresarias, con esta medida quedan en riesgo unos 9600 puestos de trabajo.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció anteayer los principales lineamientos del proyecto de reforma fiscal, el cual presenta una serie de alivios impositivos para grandes empresas que distribuyen utilidades, pero penaliza ciertos consumos, como bebidas alcohólicas y gaseosas, y reduce o elimina impuestos internos a industrias clave para igualar precios domésticos con externos. En este último grupo se encuentra la industria fueguina, que ya venía golpeada por la quita de las retenciones para la importación de notebooks y tablets, y que ahora pondrá en riesgo el ensamblaje de celulares, televisores y otros electrónicos. “Los precios de los productos electrónicos tienen que ser más parecidos a los de otros países del mundo”, justificó Dujovne.
Tras conocerse el proyecto, Bertone, quien forma parte del núcleo -o grupo verde, como denominan en el macrismo-de gobernadores de mayor llegada al Presidente y su gabinete, convocó a una reunión de ministros para analizar el impacto de la medida. En simultáneo, solicitó una “audiencia en carácter de urgente” con Macri, “para abordar la situación de la industria y el empleo en mi Provincia, que se vería gravemente afectada de prosperar el proyecto de ley que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunciara”, dice la misiva que hizo pública en las redes.
De aprobarse tal cual fue presentada, la medida terminará por destruir la industria electrónica, que representa más del 30 por ciento del producto bruto de la provincia, además de ser el principal empleador y contribuyente, con lo cual también afectará severamente las finanzas y los ingresos fueguinos. El régimen de promoción industrial que beneficia a Tierra del Fuego termina en 2023 y en la actualidad la Isla emplea a 10 mil personas en forma directa, de los cuales 7000 son efectivos y 3000 se desempeñan como contratados. Junto con la eliminación del arancel de 35 por ciento a la importación de tablets y notebooks, el Gobierno dispuso quitar la retención de 12 por ciento promedio para la compra externa de componentes informáticos.
A partir de estas medidas, empresas como Brightstar y Newsan se enfocaron en smartphones y televisores, mientras que otras empresas, como PC-Arts, propietaria de la marca Banghó, tuvieron que reconvertirse y dejar de producir para pasar directamente a importar computadoras y tabletas. Desde la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (Afarte), informaron que el 20 por ciento del total de trabajadores en Tierra del Fuego, equivalente a 2400 puestos (que incluye a los rubros electrónicos y línea blanca), fueron despedidos porque cayó la producción por falta de demanda, dificultades para comprar insumos y deudas con proveedores en dólares. En su mayoría, los despidos fueron mediante la finalización de los contratos temporales.
“Debemos mantener la unidad de los fueguinos y firmeza en la defensa de nuestros intereses hasta lograr la resolución de esta grave situación. He hablado con altas autoridades del Gobierno nacional y tengo expectativas de que el trabajo que venimos realizando desde ayer (por anteayer) dé resultados positivos”, fueron algunas de las frases que Bertone publicó en Twitter. “De mi parte voy a defender a rajatabla las condiciones jurídicas que han hecho posible que la provincia pueda desarrollarse”, agregó la gobernadora de Tierra del Fuego.
Desde la administración provincial insistieron en que “el proyecto contradice la seguridad jurídica que el propio Presidente manifestó defender, atentando contra un régimen de promoción que vence en 2023, genera conflictividad social en una provincia que ha logrado pacificarse, desfinancia a la provincia comprometiendo su situación fiscal y poniendo en riesgo su sustentabilidad”. También alerta que se perderían más de 9600 puestos de trabajo directos, “lo que significa 1 de cada 5 puestos de trabajo en la isla”. Desde el entorno de la gobernadora Bertone consideraron, además, que la eliminación de la alícuota “ni siquiera se verá reflejada en el precio que paga el consumidor sino que, por el contrario, generará una rentabilidad extraordinaria en los operadores de telefonía en el caso de los celulares”.
