Antes de la marcha, el juez Marcelo López Alfonsín le ordenó que el gobierno porteño extremar sus recaudos para proteger a los manifestantes que concurrieron a la Plaza de Mayo para reclamar justicia por Santiago Maldonado. El magistrado respondió así a una solicitud del secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, el legislador porteño Pablo Ferreyra y los abogados Leandro Macía (Conadu) y Mariano Teszkiewicz (UBA). Los denunciantes recordaron los disturbios y actos vandálicos provocados por encapuchados en las anteriores marchas en las que se exigía la aparición con vida de Santiago Maldonado y señalaron los posibles vínculos entre los infiltrados y las fuerzas de seguridad o inteligencia del Estado. El magistrado consideró “atendible el argumento de los precedentes de manifestaciones anteriores” en las que “sucedieron hechos que fueron de público y notorio y cuyas responsabilidades y consecuencias se hallan en investigación”.