El fotógrafo Enrique Shore toma el micrófono y dice que está “profundamente conmovido”. Lo confirma su llanto contenido. Minutos antes en una sala del Centro Cultural Haroldo Conti repleta de gente, el abogado de lesa humanidad Pablo Llonto le contaba a él y a todes quienes participan de lo que allí sucede, una charla que conmemora los 40 años del informe que presentó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que una las fotos que Shore tomó como reportero oficial de aquella investigación que documentó los estragos de la última dictadura cívico militar acompañó su alegato en el marco del tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad que sucedieron en el centro clandestino conocido como Puente 12.
“Me conmueve que una foto que hice hace tantos años sirva en un juicio de hoy”, define Shore que es el epicentro del homenaje. Porque si bien este año –el 20 de septiembre el dato riguroso– se cumplen cuatro décadas de la presentación del “Nunca Más”, el informe que aquella comisión de “notables” como se los nombra en este encuentro –personalidades de la cultura, la política, los medios de comunicación, la academia y la religión, entre otras áreas– entregó al entonces presidente Raúl Alfonsín sobre las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, esta tarde de sábado en la exESMA el disparador del encuentro serán las fotos que tomó él durante su labor como fotógrafo oficial de la Conadep.
La charla, pergeñada entre el área de Artes Visuales del Conti, la Asociación de reporteros Gráficos de Argentina (Argra) y el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), la modera Ezequiel Torres, coordinador de la fototeca del colectivo de fotógrafos. Además de Shore y Llonto, también están preparadas para decir lo suyo María Eugenia Lanfranco, trabajadora de la Conadep, y Cecilia García Novarini, trabajadora del ANM. Pero lo primero que sucede es la exhibición de las fotos.
Las persianas se bajan y se oscurece la sala, los murmullos se apagan. Y entonces, una sucesión de imágenes en blanco y negro comienza sin cortina musical ni voz en off que indiquen nada ni ordenen las emociones. No hay epígrafes tampoco. Una tras otra, fotos de fachadas de comisarías o dependencias de fuerzas armadas, de edificios, de puertas y paredes tapiadas o descascaradas. De personas que señalan una baldosa, un orificio de bala en una pared o el tronco de un árbol; que cavan un pozo en medio de un descampado, que sostienen una parrilla de metal, que “hacen de cuenta” que están secuestradas dentro de una celda o incluso habitáculos más pequeños y sin ventilación o que son dispuestas con las manos atadas y los ojos vendados. Fotos de gente que no aguanta más y llora. El silencio solo se rompe con algún que otro suspiro ahogado.
Un trabajo imposible
La selección, a cargo de Torres –quien está trabajando con Shore en un libro que compilará este trabajo fotográfico– dura alrededor de 20 minutos e invita a recorrer a través de la mirada del reportero unos 40 centros clandestinos de detención que registró durante las inspecciones oculares que realizó con la Conadep durante el tiempo que duró el trabajo de investigación. La Escuelita de Famaillá en Tucumán; la comisaría de Batán, Puente 12, Pozo de Banfield, la penitenciaría de Mendoza, La Perla en Córdoba, la ESMA, por mencionar solo algunos. A su turno, Shore regresará a una de ellas, esa que muestra una mano iluminando con un encendedor una escritura tallada en una pared de un calabozo del Pozo de Quilmes: “Dios por favor ayudame”. La recuerda como una de las fotos “más tremendas” que hizo. También hay imágenes que eternizaron el cierre de aquel trabajo trascendental para el proceso de memoria, verdad y justicia sobre el plan sistemático del genocidio que se desplegó en Argentina y la región durante la última dictadura.
Recuerda que aquellas coberturas estaban “cargadas de tensión” porque era recorrer espacios donde sucedió el horror, acompañados de sobrevivientes, rodeados de policías o militares porque los escenarios seguían en manos de las fuerzas. También cuenta que una vez por semana se sentaba en un bar a escribir sobre aquellas visitas. Shore se sumó al equipo de la Conadep por intermedio de Raúl Aragón, el secretario de procedimiento de la comisión. “Había sido mi profesor de Historia en el colegio (Nacional Buenos Aires), que sufrió fuerte el terrorismo de estado con muchos estudiantes desaparecidos. Me sumé de inmediato”, contó. Tenía 20 años, como la mayoría del centenar de trabajadores de la Conadep.
“Uge” Lanfranco era la más joven. Esta tarde cuenta cómo se llevaba a cabo el trabajo de investigación, de manera artesanal: “No había casi máquinas de escribir, tomábamos los testimonios a mano en cuadernos Avon”, recuerda. Ella aparece en alguna de las imágenes que registran recorridas por centros clandestinos de Tucumán.
Información pública
Y es la primera vez que la mayoría de estas imágenes se exhibe de manera pública, abierta. Algunas de ellas integran la muestra “Exhibiciones”, inaugurada hace pocos días en la AMIA, y que recorre su trayectoria. Todas conforman el acervo documental de la Conadep que gestiona el Archivo Nacional de la Memoria y que desde hace algunos pocos años comenzó a trabajar la forma de ofrecerlas al público en general.
“Volver a ver esta imágenes es imprescindible en la historia de nuestra democracia”, dice a modo de inauguración Torres, que propone “resignificarlas, reentenderlas”. García Novarini, del Archivo Nacional de la Memoria, hace hincapié en la “potencialidad total” de los archivos como el registro fotográfico de Shore que son “información pública, que nos pertenece a todes”. “Los archivos no solo sirven para la justicia, sirven para entender como funcionó ese espacio del Estado, para aportar a diferentes investigaciones. Las preguntas para hacerle a estos documentos no se terminan nunca porque sirven para contar 40 años de historia”, insiste.
Llonto destaca el valor “jurídico” de las fotografías de Shore, que “desde el Juicio a las Juntas han tenido la importancia de mostrar lo que contaban los testigos, los sobrevivientes”. Sin embargo, advierte que no se quedan ahí, que “atraviesan distintos momentos”. “Uno cree que aquellas fotos icónicas conmovieron solo en el comienzo de los juicios. Y sin embargo el efecto es eterno”, sostiene. Y ejemplifica con algunas imágenes de “las casitas”, uno de los centros clandestinos que funcionó en Campo de Mayo: “En un tiempo las vamos a mirar con detenimiento, buscando más detalles, todavía el juicio sobre los crímenes de las casitas no pasó”.
“Era imposible tener dimensión de la responsabilidad que uno tendría con ese trabajo”, dice hoy Shore, 40 años después. A la luz de la actualidad, en medio de discursos negoacionistas y reivindicadores del terrorismo de Estado impulsados por las máximas autoridades del gobierno de Javier Milei y la propia Victoria Villarruel, el registro se vuelve “súper importante” porque se trata de una “evidencia” de que aquello que quieren negar ocurrió. “Cuando hay tanta presión que proviene de organismos y funcionarios oficiales del Estado para hacer un pase de página, ver estas fotos es fuerte. No se puede pasar de página sin mirar para atrás. Hay que mirar al futuro con conocimiento de causa para evitar que estos horrores vuelvan a suceder”, sostiene el fotógrafo.