Una de las primeras reacciones que activó el debate de la Ley de Bases en Diputados de la Nación fue la del gremio aceitero, que agrupa a trabajadores que serán alcanzados por la reinstalación del impuesto a las Ganancias en el salario, tal como plantea la norma. Además de ese factor, también la expresión gremial repudia el capítulo de reforma laboral y las privatizaciones de empresas públicas que siguen en pie. Por eso el sector inició desde ayer –en paralelo con el debate parlamentario en el Congreso– un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del complejo agroexportador con epicentro en el cordón industrial entre Puerto San Martín y Ramallo. Con todas las fábricas y puertos paralizados por esta protesta obrera, la cámara patronal –Ciara– convocó a los dirigentes gremiales, que le ratificaron la decisión de sostener el paro sin fecha de término.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, junto con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) decidieron ayer una huelga en todas las plantas aceiteras –son una veintena en total– por "salarios y condiciones laborales dignas para toda la clase trabajadora y en rechazo a la Ley Ómnibus, llamada “Bases” por el gobierno nacional, que pretende imponer una regresiva reforma laboral con tercerización, fraude laboral, facilidad para despidos discriminatorios, reinstalación del Impuesto a las Ganancias y privatizaciones de empresas del Estado y recursos que son patrimonio de todo el pueblo argentino", plantearon en un comunicado.

Por eso ayer denunciaron la vigilancia de Gendarmería en los puertos aceiteros como una intimidación contenida, y advirtió que "será responsabilidad del Ejecutivo Nacional y provincial" que estos escenarios se desarrollen sin violencia mientras "se ejerce el derecho constitucional de huelga".

"Se pretende volver a instalar al Impuesto al Salario, mal denominado Impuesto a las Ganancias, en el que entraremos todos los trabajadores aceiteros y desmotadores", señala el mensaje sindical.

El gremio aceitero se integra de unos 20 mil trabajadores, la mayoría en las plantas fabriles del Gran Rosario. Viene de acordar hace dos semanas una de las mejores paritarias vigentes: un sueldo básico de $1.240.000 para la categoría de peón. Y así redondea un incremento de 76% salarial en estos primeros cuatro meses del año.

Repudia la creación de "fondos de cese laboral", que eliminará el efecto disuasivo de la indemnización por despido, como argumento para proteger la fuente de empleo. Y flexibiliza las condiciones para habilitar despidos en el Estado.

"La reforma contenida en la Ley Ómnibus no tiene nada de modernización, es un gran retroceso: deroga las indemnizaciones agravadas para las personas que trabajan y no son registradas. Legaliza el fraude laboral con la figura del 'trabajador independiente', por fuera de toda protección legal. Favorece la tercerización y la precarización. Amplía el período de prueba de 3 a 6 meses, y en algunos casos puede ser de 8 y hasta 12 meses, para atemorizar y disciplinar a las y los trabajadores. Favorece la discriminación y despidos por causa de origen étnico, racial, religioso, gremial, de salud, condición física, ideología u orientación sexual", enumera el gremio aceitero en su análisis.