El avance de Javier Milei sobre el derecho a la comunicación y la libertad de prensa es cada día más ostensible y en cada manifestación queda patente la intención de amedrentar y silenciar todas las voces disidentes que puedan surgir. Como en otros ámbitos de lo público el Presidente avanza sobre derechos consolidados, transgrede de esta forma consensos sociales buscando provocar y naturalizar las agresiones. Es su “estilo” dicen sus seguidores y colaboradores, con la intención de justificar una metodología comunicacional basada en el conflicto permanente y en la constante construcción de enemigos. Incluyendo entre estos últimos hasta quienes han sido o pueden ser sus posibles aliados. En la lógica comunicacional y política de Milei no hay espacio para la disidencia y muchos menos para la controversia. Todo aquel o aquella que exprese una perspectiva diferente se convierte en enemigo y se hace pasible de ser descalificado y simbólicamente cancelado.

La apreciación precedente ha puesto en alerta a organismos y asociaciones habitualmente cercanas al poder de turno y poco dispuestas a criticar a los oficialismos gobernantes.

En su informe anual la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que nuclea a los dueños de los medios de comunicación de la región y que tiene sede en Miami (USA), se manifestó preocupada por las “reiteradas descalificaciones e imputaciones contra periodistas”. En el mismo documento se afirma que el Presidente “en lugar de responder con datos, argumentos u opiniones las expresiones periodísticas que juzga erradas o falsas, lo hace con agravios”, y agrega que “estos ataques tienen como marco conceptual un discurso en el que, con injustas generalizaciones, lanza un manto de sospecha de corrupción sobre la prensa”.

La entidad empresaria no hace alusión a otras situaciones como el intento de cierre de los medios públicos, pero sí advierte que más de treinta periodistas fueron “impactados por balas de goma, agredidos físicamente e insultados por manifestantes en medio de trifulcas entre estos y fuerzas policiales” el pasado 31 de enero, cuando cubrían una manifestación en las inmediaciones del Congreso en la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), la cámara empresarial integrada por 24 canales de televisión abierta, difundió un comunicado con el que manifiesta su "repudio ante las reiteradas descalificaciones del gobierno nacional a medios y periodistas" por parte de funcionarios de máximo rango del gobierno nacional. Advierten allí los empresarios que “las agresiones y ataques a la prensa afectan valores esenciales del sistema democrático" y recuerdan que "en las sociedades contemporáneas, la televisión abierta es fundamental para la libertad de expresión, preserva la pluralidad de ideas, opiniones e informaciones".

Para muestra basta un botón: Milei traspasa todos los límites y, de esta manera, provoca la reacción hasta de quienes, desde el punto de vista conceptual e ideológico, podrían ser sus posibles aliados.

Sin dejar de observar que bajo los argumentos de “déficit fiscal cero” y “no hay plata” el gobierno de LLA atropella para cerrar los medios públicos y, si es posible, privatizarlos, privando al Estado de recursos que han sido valiosos y reconocidos tanto como expresiones de diversidad con sentido federal, así como importantes herramientas para la gestión de políticas públicas del Estado.

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