Mondiacult 1982 definió gran parte del marco de trabajo global sobre políticas culturales en las últimas cuatro décadas. En su declaración se estableció la definición de cultura que la UNESCO ha promovido desde entonces y se generaron discusiones tan centrales como derechos, democratización y diversidad cultural. Luego de cuatro décadas de esa convención se han ampliado, por una parte, los esquemas teórico-analíticos de las políticas culturales y, por otra, se ha acelerado la complejización de la sociedad contemporánea luego de, por ejemplo, la pandemia por Covid-19 y las crisis políticas y militares mundiales. En efecto, en todos estos años no sólo se han radicalizado las históricas condiciones estructurales del campo cultural latinoamericano —precarización laboral de las/os trabajadoras/os culturales, reducción de sus ingresos económicos, disminución de los presupuestos públicos en cultura, cierre temporal y/o desaparición de espacios de circulación artística, desplazamiento de las/os artistas hacia otras áreas laborales, etcétera —, sino también se han producido cambios significativos en las lógicas de participación cultural por parte de la población. Hoy, debido a la digitalización cultural de la mano de plataformas tecnológicas, nuestros hábitos culturales son muy distintos. Y esto tiene, ciertamente, consecuencias para la democracia.

En un reciente informe de la Unión Europea titulado “Cultura y democracia: la evidencia. Cómo la participación de ciudadanos en actividades culturales mejora el compromiso cívico, la democracia y la cohesión social”, se demuestra que existe una correlación clara y positiva entre las tasas de participación de los ciudadanos en actividades culturales y los indicadores de compromiso cívico, democracia y cohesión social. Esta constatación, ya argumento común en América Latina hace décadas, nos obliga a repensarla en un contexto de urgencia. En efecto, el último informe de Latinobarómetro manifiesta la preocupación por el estado de la democracia en América Latina. Según ellos, estaríamos viviendo una recesión de los valores democráticos. Algo similar informó el periódico The Economist hace pocos meses, al situar a Chile y Argentina, entre otros países de la región, en la categoría de “democracias defectuosas”. Si existe una relación entre participación cultural y democracia, entonces debemos resituar el problema.

Realizada nuevamente en México, Mondiacult 2022 reunió a la mayoría de los ministros de cultura de los países miembros de la UNESCO y, en su declaración final, se establecieron los lineamientos mundiales para las próximas décadas sobre política cultural, economía creativa y desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, se revisaron experiencias globales y se buscó alcanzar un acuerdo mundial sobre cómo reforzar el sector cultural de los diversos países miembros de la UNESCO a través del reconocimiento de que la cultura es un bien público mundial. Sin embargo, se habló tangencialmente sobre el decreciente apoyo que nuestras sociedades están dándole a la democracia. Todo este escenario exige desplegar preguntas abiertas sobre el futuro de las políticas culturales en América Latina. El trabajo cultural cambia, las lógicas de acceso a las artes también; el rol de los Estados se transforma y sus planes y programas se reformulan en su función territorial/local/global; las formas creativas se adaptan a los formatos digitales y el capitalismo global establece nuevas reglas de operatividad. Esta complejidad pareciera exhibir que el futuro de las políticas culturales en América Latina es cada vez más difícil de administrar. Es más, la trayectoria que venían dando desde 1990 pareciera no seguir un horizonte de reforzamiento democrático, sino que de administración de recursos e, incluso, de reducción de la institucionalidad cultural lograda en estas décadas, como en el caso de Argentina.

Hoy más que nunca se requiere analizar críticamente los acuerdos y recomendaciones de Mondiacult 2022, así como también la noción de cultura como bien público mundial. En América Latina no existe un consenso sobre la propuesta de la UNESCO, sino más bien una actitud de sospecha y de necesario redireccionamiento político. El escenario social que está viviendo nuestra región está desbordando las sugerencias de acción de un encuentro internacional como Mondiacult u otras declaraciones del tipo. Junto con apoyar el ecosistema cultural, fomentar la economía creativa y asegurar el desarrollo sostenible del sector, se necesitan de acuerdos mundiales que busquen la protección de los avances institucionales que los Estados han hecho en el ámbito cultural. La cultura es un bien público mundial, pero también lo son los ministerios o secretarias de cultura de cada país. Su trabajo en los contextos locales es un motor de participación cultural y, por ende, de democracia. Y esa es una tarea que se requiere reforzar ya.

* Autores de RGC Ediciones, Coordinadores del especial de la Revista Gestión Cultural “MONDIACULT y después. El futuro de las políticas culturales en América Latina”