En la previa del encuentro entre Boca y Estudiantes, por la semifinal de la Copa de la Liga 2024, el Ministerio Fiscal de Córdoba confirmó que 59 hinchas del "xeineize" fueron imputados por violación a la Ley del Deporte y tenencia ilegal de armas. Entre los acusados, se encontraba Rafael Di Zeo, uno de los líderes de la barra.
La imputación se produjo en medio de uno de los controles de la Policía provincial cordobesa efectuados en la localidad de Toledo. En este contexto, las autoridades detectaron cuatro armas de fuego cargadas con sus respectivas municiones en el interior del colectivo que trasladaba a esos simpatizantes.
Precisamente, se trataron de dos pistolas 9 milímetros, una pistola calibre 22 y un revolver 22 con un total de 51 proyectiles. Las armas se encontraban escondidas debajo de asientos, en paneles lumínicos y en el piso del colectivo de larga distancia, envueltos en medias o prendas de vestir, según se pudo observar en las imágenes difundidas.
Tras lo descubierto, los hinchas fueron trasladados a la Fiscalía de Río Segundo, imputados y liberados. Sin embargo, se les prohibió a todos la posibilidad de asistir al partido que se realizará en el Estadio Kempes y se las incorporó bajo el programa Tribuna Segura.
También se dispuso la prohibición de acercamiento a ese campo deportivo, por lo que emprendieron su regreso en el mismo colectivo a la Ciudad de Buenos Aires.
Cómo fue el operativo
En un trabajo en conjunto entre la cartera nacional de Seguridad junto a la de Córdoba, se ejecutó la realización de controles de seguridad conjuntos tanto en el estadio y adyacencias y sobre los traslados de hinchas de ambos clubes.
La Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, dependiente del Ministerio de Seguridad, coordinó e implementó dispositivos de seguridad en las localidades de Toledo y Rio Cuarto para identificar espectadores, control de impedimentos administrativos y judiciales, requisas para secuestro de armas de fuego y elementos prohibidos y peligrosos, además de verificación de unidades de traslado.
Intervinieron la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y, por las provinciales, la Policía de Córdoba (efectivos de seguridad, guardia infantería y División Canes), Bomberos y la Fuerza Policial Anti-Narcóticos (FPA).
