La fiscal Silvina Ávila, a quien el recusado juez Guido Otranto le había delegado la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, apartó de la investigación a la Procuración contra la Violencia Institucional (Pocuvin), el único cuerpo del Ministerio Público que estaba investigando las irregularidades del accionar de la Gendarmería en el marco de la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, del 1º de agosto, donde Santiago fue visto con vida por última vez.
Según trascendió, la fiscal Silvina Ávila tomó la decisión luego de que el juez federal Gustavo Lleral asumiera el curso de la investigación porque consideró que ya no era necesaria la intervención de la procuraduría especial.
La decisión de la fiscal, que fue tácitamente avalada por el juez, generó malestar entre las querellas, que evaluaban una presentación para pedir la continuidad de la Procuvin. Esa procuraduría especial estaba desarrollando un informe propio sobre la base de las pruebas recogidas para entregarlas como aporte a la investigación del juez Lleral.
La Procuvin tenía su foco puesto en el desempeño de la Gendarmería en el contexto de la desaparición y muerte de Maldonado. Fuentes vinculadas a la causa lamentaron la decisión de Avila porque, según explicaron a Página/12, la Procuvin trabajaba con la hipótesis de que "aún no se puede descartar la responsabilidad de nadie”.
Desde un primer momento, sin embargo, dese el Gobierno defendieron el actuar de los gendarmes y acusaron a los integrantes de la comunidad mapuche de entorpecer la búsqueda. También abonaron teorías falsas, que la familia Maldonado tuvo que salir a desmentir una y otra vez. Finalmente, por las críticas recibidas por las querellas, el juez Otranto –acusado de ser juez y parte por ser quien había ordenado el operativo de la Gendarmería- fue recusado y la investigación fue retomada por el magistrado Lleral, que espera los resultados de la autopsia para avanzar con alguna hipótesis.
