Desde la asunción de Javier Milei el sector de la cultura no deja de estar en alerta. La aprobación de parte de Diputados de la Ley Bases instala el peligro de intervenir, desguazar y cerrar organismos, advierten referentes del ámbito a Página/12. A diferencia de la Ley Omnibus, el texto aprobado por la Cámara Baja no incluyó un capítulo dedicado especialmente a la cultura, pero las facultades delegadas entrañan, aún así, una fuerte amenaza para organismos como el INT, el INCAA, el INAMU y el Fondo Nacional de las Artes.

"Aunque no había, como en la Ley Omnibus, artículos específicos de cultura, el ataque está contenido en las 'facultades delegadas', ya que en ellas está la posibilidad de cerrar organismos, desguazarlos, etcétera", dice Javier Gabino, del colectivo Unidxs por la Cultura. Las facultades delegadas están incluidas en el capítulo 1 de la Ley Bases. Y los artículos que comprometen al sector son el 3, el 4 y el 6, de acuerdo a un comunicado publicado el lunes por la Federación Argentina de Músicas y Músicos Independientes (FAMI). "Milei puede volver a través de esto a su 'plan original' de cerrar el Instituto Nacional del Teatro o el Fondo Nacional de las Artes. Como lo están haciendo ahora, 'de hecho', con el INCAA, al cual el Gobierno quiere usar como 'caso testigo' de cómo 'derrotar a la cultura'", suma Gabino. Unidxs convocó a movilizarse el lunes al Congreso contra la ley Bases y está invitando a un abrazo al INCAA para este viernes.

El artículo 3 del capítulo 1 de la Ley Bases le da al Poder Ejecutivo la facultad de modificar, eliminar competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente "cuyo mantenimiento resulte innecesario" en relación a órganos u organismos de la administración central o descentralizada que hayan sido creados por ley. También, el Presidente tendrá facultades para la "reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Luego el texto menciona organismos "excluidos" de estas facultades y de la "disolución". Dentro de estos últimos aparece el INCAA, el único del sector cultural que ingresó al listado, actualmente hundido en la parálisis.

En la previa de la votación, distintas entidades hicieron público lo que estaba en riesgo. La FAMI, por ejemplo, en su comunicado, alertó de la "potestad" que tendría el Presidente de "intervenir sobre los diferentes órganos de fomento a la cultura" (esto está en el artículo 6 del capítulo 1). "No se puede dejar a la discrecionalidad de una sola persona todo el trabajo desarrollado a favor del fomento a nuestra cultura por varias generaciones", expresó la federación. "Atención diputadas y diputados, nuevamente peligra el Instituto Nacional del Teatro", advirtió la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI), que nuclea a más de un centenar de representantes de salas. El comunicado señalaba que los primeros artículos de la Ley Bases otorgaban al Poder Ejecutivo "la potestad de pasar por arriba de 26 años de historia y de una ley construida con amplio consenso legislativo y de la comunidad teatral". Adhirieron al mensaje Argentores y la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entre otras organizaciones.

"El Gobierno aprendió de la experiencia de enero. Lo que circuló ahora es un borrador, entonces no podíamos tener certeza de qué era exactamente lo que se trataba, como sí pudimos antes. Sabíamos por diputados y diputadas que el capítulo de cultura no estaba pero que seguían manteniendo y ampliando el tema de la delegación de facultades. Todo lo que sacaron del capítulo de cultura lo pueden hacer ahora si se sanciona la ley, incluso disolver organismos", coincide con Gabino Gonzalo Pérez, presidente de ARTEI. 

Los teatristas mantuvieron diálogos con legisladores para poder incluir al INT dentro de los organismos excluidos de las oscuras intenciones de la norma, pero no lo consiguieron. Hay una "tranquilidad momentánea" con la designación oficial del director ejecutivo, Mariano Stolkiner, que puso al organismo en marcha. Con la Ley Omnibus, la primera intención del Gobierno fue, directamente, cerrar el instituto; después procuró rebajarlo a programa dentro de la Secretaría de Cultura. Por estos antecedentes, es inevitable que la comunidad sienta temor por lo que podría pasar si el Senado aprueba las facultades delegadas. El siguiente paso es, entonces, "ir al Senado y buscar voto por voto" para evitar la catástrofe.