Una organización de mujeres indígenas kukama logró que la justicia peruana reconozca al río Marañón y sus afluentes como sujetos de derechos. La medida histórica además reconoce a los pueblos indígenas que habitan la cuenca como representantes del río.
El Marañón sufre constantes derrames de petróleo debido a un un oleoducto en mal estado y también recibe el impacto de la contaminación por la falta de un sistema de saneamiento de aguas. Todo esta contaminación afecta directamente a las comunidades que viven a orillas del río.
Los derechos de la naturaleza
El río Marañón nace cerca de las montañas nevadas en la cordillera de los andes entre lagos y glaciares a unos 4.600 metros de altura. Recorre unos 1.700 kilómetros y pasa por nueve departamentos (provincias) de Perú hasta desembocar en el río Amazonas en el departamento de Loreto, ubicado en plena selva amazónica.
En un fallo inédito, el juzgado de Nauta en Loreto emitió una sentencia que busca subsanar más de 30 años de derrames de petróleo y negligencia por parte de las empresas petroleras y mineras. La medida declaró al río Marañón y sus afluentes (unos 15 ríos más) como sujetos de derecho.
Este camino legal comenzó en 2021 impulsado por la Federación de Mujeres Indígenas Huaynakana Kamatahuara Kana. El río Marañón es esencial para el pueblo indígena Kukama que lo considera como una parte integral de la comunidad. Las comunidades que antes contaban con la pesca como medio de vida se vieron afectadas por la contaminación del río. Por eso las mujeres de la Federación llevaron esta demanda a los juzgados evitar más derrames de petróleo y frenar el avance de la minería.
La contaminación también impacta directamente en la salud de la comunidad donde las mujeres organizadas denunciaron casos de abortos espontáneos, enfermedades de la piel y cáncer.
En septiembre de 2021 las mujeres indígenas kukama presentaron una demanda junto al Instituto de Defensa Legal (IDL) para solicitar que se reconozcan los derechos del río Marañón y que sean reconocidas como defensoras y guardianes del mismo.
La demanda fue interpuesta contra Petroperú, el ministerio de Ambiente, ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, al gobierno regional de Loreto y la autoridad de asuntos indígenas de esa región.
El río Marañón y sus guardianas
Aunque el río Marañón es uno de los cuerpos de agua más importantes de Perú, sufre derrames de petróleo casi anuales. Desde 1997 fueron registrados más de 60 desastres ecológicos principalmente por el Oleoducto Norperuano, el más extenso del país, operado por la estatal Petroperú. Según denunciaron, los derrames ocurren producto de la falta de mantenimiento en la tubería que lleva el crudo de petróleo desde la Amazonia hasta la costa peruana.
Tras la sentencia dictada por el Juzgado Mixto de Nauta, el Instituto de Defensa Legal resaltó que la medida es completamente novedosa en el país al ser la primera vez que se toman en cuenta los derechos de la naturaleza. El antecedente regional más cercano fue en 2016 en Colombia cuando la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derechos.
Además, Marilúz Canaquiri, presidenta de la Federación de mujeres indígenas que interpuso la demanda, considera que reconocer al Marañón como sujeto de derechos es un hecho intercultural "mediante el cual el ordenamiento legal peruano se acercaría a la vida cotidiana y forma de entender el mundo de los pueblos kukama", explica Canaquiri en un comunicado del IDL.
Durante las audiencias que se llevaron adelante en 2023, previas a la sentencia, Canaquiri expuso la cosmovisión de las madres kukama: abajo del río existe un mundo donde viven los espíritus del río que se encargan de alimentar a los peces que a su vez son el sustento de las familias kukama.
La sentencia del juzgado peruano llama a que Petroperú realice mantenimiento del Oleoducto Norperuano para atender los problemas de corrosión en los ductos que provocaron los derrames de petróleo en el río.
Además, ordena que Petroperú actualice su instrumento de gestión ambiental (como un estudio de impacto ambiental). Según el IDL, esto debería realizarse cada cinco años, pero la última vez que la petrolífera estatal actualizó el estudio fue en 1995. Desde el IDL denunciaron también que ninguna de las ciudades ubicadas en la Amazonia tiene una planta de tratamiento de aguas residuales que terminan en los ríos.
El IDL resaltó que la importancia de la reciente sentencia por el caso del río Marañón está en que reconoce que el Estado peruano y el ministerio de Energía y Minas obligados a realizar un proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas que viven en la cuenca y afluentes del río.
Esto porque las organizaciones y comunidades indígenas nativas que viven a orillas del Marañón son reconocidas como titulares de derecho y deberán participar de forma activa en la creación de los Consejo de Cuencas Interregional donde tienen capacidad de decisión en la conservación de los bienes naturales.
